El Frente Amplio denunciará ante la Justicia a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por las contrataciones de servicios de traslados de ambulancias a la firma ITHG, de origen marítimo, que comenzaron a comienzos de junio de 2021, confirmó el diputado opositor Nicolás Viera a El País.
Tras la comparecencia parlamentaria de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y otros jerarcas, por este asunto y la gestión actual y previa de la emergencia SAME 105, ahora la oposición dará un paso más.
Tras dejarlo velado en la sesión del martes, Viera confirmó la denuncia, que espera concretar en marzo, y cuya redacción se comenzará a analizar desde el lunes próximo, para que se investigue el contrato con ITHG Proveedores Marítimos S.A.S., que se gestó en mayo de 2021, en plena pandemia, cuando “no había ambulancias”, según dijo ASSE en aquel entonces.
“Queremos que la Justicia establezca que hubo irregularidades y quiénes son los responsables de ello”, enfatizó el diputado, integrante de la Comisión Permanente, que apuntó contra las autoridades en varios puntos. “A nuestro entender, hay irregularidades de todo tipo”, remarcó Viera.
“Esta empresa, que llega sin tener nada que ver con el rubro, y nadie la conocía, la contrataron igual rápidamente. Ahí puede haber una responsabilidad de ASSE. Y la otra responsabilidad es la gerencia de contralor del ministerio”, señaló el diputado frentista.
“Queda el agujero negro, que ni la ministra (Karina Rando), ni (Leonardo) Cipriani lo explicaron y obviaron explicar, de qué pasa con ITHG, que no tenía ningún tipo de registro ni habilitación entre 2021 y 2023, e igualmente hizo contrato con ASSE”, insistió.
ITHG se presentaba al inicio como una empresa marítima, mientras que hasta 2023 no tuvo la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para hacer los traslados móviles, que brinda desde el 3 de junio de 2021.
Viera agregó en la sesión que al comienzo ITHG “no estaba habilitada” en el Registro Único de Proveedores del Estado, un requisito para contratar con los organismos estatales. Este punto no fue rebatido por las autoridades en el Parlamento.
Consultado sobre si el objetivo del Frente Amplio es que caiga el contrato de ASSE con ITHG, Viera aseguró: “Por supuesto”. Cipriani puntualizó en el Parlamento que las compras de traslados -que en 2023 llegaron a unos $ 703 millones- suponen un “26% - 28%” del total que paga ASSE.
Ahora se ultiman detalles para firmar un convenio marco con el fin de superar las observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR), que tuvieron todas las contrataciones, las cuales llegaron a $ 1.221 millones, a diciembre 2023
“A nosotros no nos importa qué empresa va a quedar. Si va a ser ITHG, SEMM, UCM, o varias, como nos han informado que el convenio marco va a ir en esa evolución; son varias las empresas que van a quedar, y con varios servicios”, dijo Cipriani este martes.
En la comparecencia parlamentaria, hubo un cambio de tono de ASSE sobre la Cámara de Emergencias Móviles. El titular de SAME 105, José Antonio Rodríguez, dijo que las emergencias privadas, a poco de contratar a ITHG, “desertaron de la venta de servicios a ASSE priorizando sus socios y servicios privados asistenciales de sus empresas”.
Sobre el final, Cipriani afirmó que la imposibilidad de contratar a las privadas “no es culpa de nadie, fue culpa de una pandemia”. E insistió que, además de cumplir con el Tocaf, contratar las ambulancias de ITHG era la única opción que tenía ASSE, el principal prestador con 1,4 millones de usuarios.
Por último, Viera insistió que, en opinión del Frente Amplio, “rompe los ojos” que se haya pasado de distribuir los traslados entre varias empresas, “a una”.
Etcheverry a la Justicia para obtener más datos
La diputada opositora Lucía Etcheverry se presentará ante la Justicia para obtener el contenido de 154 páginas del expediente de ITHG, que se declararon confidenciales, informó su correligionario Viera. Por su parte, Rando, subrayó este martes en la sesión parlamentaria que “El MSP dio todos los datos que se pueden dar, porque hay datos que tienen protección financiera y contable” y aseguró no estar autorizada a brindar.
La ministra agregó que “no es capricho” del MSP, sino que está dispuesto así por el artículo 10, de la Ley 18.381.