DENUNCIA

Las medidas cautelares impuestas a 14 docentes del liceo departamental de San José que fueron sumariados y separados de su cargo a comienzos de este año terminaron ayer y los trabajadores retornaron a las aulas este jueves, pese a que el caso continúa abierto. En conferencia de prensa, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) anunció que realizará denuncias a nivel internacional por esta causa, que definieron como "nacional, continental y mundial".

José Olivera, presidente de Fenapes, dijo que están "trabajando fuertemente en el marco de una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)". Además, señaló en la conferencia de prensa, que fue recogida por Mora Contenidos, esperarán a la definición de todo este proceso porque también llevarán el caso a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Los 14 docentes fueron sumariados por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada en 2019 por el ex ministro del Interior Jorge Larrañaga. El acto fue considerado como de proselitismo y violación de la laicidad.

"Esta causa, que es nacional, continental y mundial, tiene que ver nada más y nada menos con hacer valer y respetar derechos humanos tan elementales como la libertad sindical y la libertad de expresión. Porque lamentablemente nos estamos acostumbrando en los últimos meses a que, pareciera que en Uruguay, en nuestra república, en nuestra democracia, el Estado de derecho, el orden jurídico comienza a ser descartado por definiciones políticas que tienen otros objetivos y que intentan reinstalar una lógica, una dinámica política y social que nos retrotrae a lo peor de la dictadura fascista vivida en el país", enfatizó Olivera.

El presidente del sindicato rechazó además que la administración actual de la enseñanza no haya “corregido el atropello que se estaba cometiendo” contra los docentes, pese a los recursos que fueron presentados. “Volvieron a sus labores, simplemente por el vencimiento de los 180 días que admite la ordenanza 10, en torno a la aplicación de las medidas cautelares”, afirmó.

Pese a que los trabajadores retornaron a sus trabajos, el sumario se mantiene y la investigación continúa, aclaró Olivera en la conferencia. “Este es el Uruguay en que nos quieren acostumbrar a vivir, un Uruguay donde los derechos no valen, donde la persecución se instala como norma de una práctica político institucional que es peligrosa”, enfatizó.