Vuelve la polémica

Informe técnico de 2017 advierte probable “molestia sensible” en usuarios.

Un informe interno de UTE del año pasado, elaborado por las gerencias de Distribución y Comercial, advierte que las insuficientes inversiones por las restricciones presupuestales tendrán efecto en la calidad del servicio en este año y el próximo, lo que puede generar "una molestia sensible" a los usuarios y que lo que se haga en ese momento "puede no ser eficaz para revertir las situaciones más visibles". El mes pasado el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había salido al cruce de las críticas del sindicato de la empresa eléctrica, que atribuía los cortes recientes de energía precisamente a la falta de inversiones.

"La capacidad de inversión 2018 y 2019 será similar a la del 2017 y 2016, la que está por debajo del ritmo de las inversiones necesarias para mantener la actual calidad de servicio individual. De seguir así, se estima que en el año 2019 habrá una molestia sensible en los clientes y que habrá fuertes presiones para que el Área DIS (Distribución) ejecute inversiones por fuera de los límites presupuestales dispuestos. Una acción en ese momento puede no ser eficaz para revertir las situaciones más visibles que se manifiesten en el correr de dicho año", advierte el informe al que accedió El País en sus conclusiones.

El informe está fechado el 31 de agosto del año pasado y se verá complementado por otro que debe estar pronto en octubre. En el acta de la sesión del directorio de esa fecha se destaca con negrita que "se difiere la consideración del asunto (los informes) para la próxima Sesión Ordinaria, solicitándole al Gerente de Dirección Operativa que eleve un informe unificado a partir de los producidos por las gerencias Distribución y Comercial para ser cursado mediante oficio a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, de modo que pueda apreciarse los efectos que tienen las restricciones presupuestales en esos servicios a cargo de este organismo". El acta está firmada por Casaravilla y por Jorge Fachola, secretario general de la empresa eléctrica.

El informe atribuye claramente los problemas que hayan aparecido y los que puedan aparecer, a la caída de las inversiones a partir del segundo semestre de 2015. "La disminución de inversiones desde el segundo semestre del 2015 se traduce en el empeoramiento de la calidad (del servicio) de clientes concretos y zonas específicas. Existe reiteración de problemas con resolución definitiva más demorada y ello crea las consecuentes molestias al cliente. Incrementa el número de reclamaciones y los problemas individuales", se informa.

Agrega que esto está comenzando a ser percibido por los clientes. "Este fenómeno se realimenta pues exige mayores recursos de gastos en contratos y personal, aspectos también en reducción, con lo que se realimenta el ciclo de desmejoramiento y se vuelve acumulativo. Estos aspectos aún no impactan en los indicadores globales, pero están siendo percibidos y manifestados por los clientes en la encuesta CIER de Clientes Urbanos y en las reclamaciones recibidas", advierte el informe. E indica que en caso de algunos clientes rurales, hay un promedio de corte cada 3 días, "aspectos que no se producían los últimos años".

"En estos años han continuado al mismo ritmo las necesidades de inversión en aspectos no gestionables como ser atender solicitudes de suministros, reposición de elementos dañados, proyectos estratégicos de la empresa o compromisos contractuales ya adquiridos. Por ello estos años ha restado muy poco monto para atender las renovaciones por obsolescencia de equipos o la adecuación de la red a los cambios de consumo. Estas inversiones son las que permiten resolver definitivamente los problemas de cortes individuales existentes e incluso poder prevenir futuros desvíos", indican los técnicos en el informe.

Ya en 2015 el director colorado de UTE, José Amy, había marcado su preocupación por el tema que reiteró en 2017, según informó en su momento El Observador. La preocupación fue compartida por los oficialistas Walter Sosa y Cristina Arca.

El 30 de julio pasado UTE salió a defenderse luego de que un apagón afectase a unos 45.000 clientes en los barrios Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas y parte de Pocitos, que dejó sin el servicio por más de 10 horas a los usuarios. Casaravilla dijo entonces a Océano FM que "no hay ninguna situación diferente a lo esperable para lo que es un sistema eléctrico como el de Uruguay". Y un comunicado de la empresa indicó que "los cortes de servicio en este año no se han apartado de lo que ha sido común en los años anteriores, tanto en tiempo como en frecuencia". "No es excusa ni significa minimizar el problema. Es solo tratar de situarlo en sus justos términos", agregaba el comunicado. El 19 de agosto pasado en su cuenta de Twitter UTE informó que según el Foro Económico Mundial, Uruguay se ubica segundo en materia de calidad del suministro eléctrico en América Latina, solamente por debajo de Chile.

UTE también informó que en 2017 cada cliente, en promedio, tuvo algo más de 7 cortes y sufrió 12 horas acumuladas de interrupción en el año. La proyección para 2018 indica un promedio de 4 cortes y un acumulado anual de horas de 8. De todas formas, advirtió que "el promedio a fin de año puede ser algo mayor".

Los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Richard Charamello pidieron al presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, Saúl Aristimuño, que cuando la ministra de Industria, Carolina Cosse, comparezca ante ese cuerpo en los primeros días de setiembre informe sobre las interrupciones del servicio eléctrico en los últimos meses, los resarcimientos dispuestos y los planes de inversión previstos por la empresa en materia de distribución y comercialización. Abdala explicó a El País que la solicitud se realiza a Cosse porque el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, informó a través de su secretaría que no podría ir a la comisión hasta el 10 octubre debido a un viaje que tiene previsto al exterior. Los legisladores de Alianza Nacional habían presentado una nota el pasado 23 de julio pidiendo la comparecencia de Casaravilla.

El presidente del sindicato de UTE, Sebastián Herrera, dijo a El País que el presupuesto en distribución de UTE pasó de US$ 350 millones a US$ 80 millones anuales y advirtió que en el próximo invierno, si no hay cambios, "puede haber los mismos problemas o más y tenemos la responsabilidad social de advertirlo". Herrera dijo que los problemas de UTE se profundizan "año a año" por la no incorporación de personal, la falta de mantenimiento y las escasas inversiones en la red que debería expandirse todos los años entre 2 y 3%. Además, la demanda crece todos los años y el personal de UTE debería hacerlo también en una proporción similar, sostuvo.

"UTE se desdibuja y se transforma en una cajita recaudatoria con decisiones económicas más que técnicas, que recortan la distribución. El escenario se complejiza muchísimo", opinó Herrera.

En julio el sindicato de UTE tuvo un fuerte entredicho con el presidente de la empresa, Gonzalo Casaravilla, que lo acusó de no cumplir guardias gremiales.