Entraron 3.627 afrodescendientes al Estado por cuota: son más hombres y hay "tensiones" por la autopercepción

Ingresaron 3.627 personas afrodescendientes al Estado por cuota entre 2018 y 2024. Fueron más hombres que mujeres, y en su mayoría jóvenes: el 67% tenía menos de 30 años cuando consiguió el trabajo. En mayor proporción realizaron tareas militares y funciones administrativas, en comparación a solo el 9% que entró a posiciones técnico-profesionales. Así lo informó la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) en un extenso estudio, al que accedió El País, y en el que se asegura que la “exclusión educativa histórica limita el acceso a puestos de mayor calificación”.

La ONSC asegura en el informe que “la política de cuotas resulta efectiva como mecanismo de acceso al empleo público, generando vínculos laborales mayoritariamente estables”. Sin embargo, dice que “persisten barreras y desafíos que trascienden el acceso al puesto”.

Se encontró que la “segregación ocupacional refleja el impacto de trayectorias educativas interrumpidas”, y que “los testimonios evidencian la necesidad de transformaciones culturales e institucionales más profundas para garantizar espacios laborales libres de discriminación”.

La normativa actual establece que el 8% de los ingresos anuales a organismos estatales debe ser para personas afrodescendientes que “reúnan los requisitos legales y accedan mediante procesos abiertos de selección”.

Al mismo tiempo, se marca que, desde que comenzó a regir, “la proporción de ingresos reservados” a esta parte de la población “no ha superado el 3,29%, cifra alcanzada en 2018, y en el año 2020 se registró el mínimo de 0,69%”.

Una particularidad que se destaca en el informe es que, “durante los cuatros primeros años de implementación de la ley (2014-2017), hubo una marcada predominancia de ingresos masculinos (por la cuota afrodescendiente), superando el 65% del total”, debido al peso del Ministerio de Defensa Nacional.

La situación cambia a partir del año 2018, cuando “se evidencia una tendencia hacia la paridad de género, aunque con algunas fluctuaciones”.

De las 3.627 personas que ingresaron por cuota desde 2014, 2.651 permanecían con un vínculo vigente en el Estado o en las personas jurídicas de derecho público no estatal al momento de realizarse el estudio.

Si no se tiene en cuenta quienes fallecieron o se jubilaron, permanecieron el 74% de los ingresos que utilizaron este mecanismo previsto por ley, se añade.

La ONSC hizo, además de análisis cuantitativo, un estudio cuantitativo con entrevistas a personas que ingresaron por cuota.

Uno de los hallazgos es que se “visualiza que existe falta de comprensión sobre la discriminación estructural que fundamenta estas políticas, no solo en la población en general, sino que también en muchas personas afrodescendientes, incluso algunas que se han amparado” en la cuota.

También se encontró una “clara disociación entre los niveles de estudios y formación exigidos y la realidad educativa de la población afrodescendiente”.

Por eso, los “participantes expresaron de manera recurrente la necesidad de contar con facilidades para continuar o completar los estudios”, señala la ONSC.

Además, se concluye que la “falta de adhesión de personas afrodescendientes a la ley puede analizarse de acuerdo con los complejos procesos de auto percepción identitaria”. Se explica en el informe que “la valoración de la propia pertenencia étnico racial no siempre es inmediata ni lineal, puede estar atravesada por experiencias de estigmatización o negación”.

Al mismo tiempo, “se identificaron tensiones y dilemas sobre la autopercepción como forma de ‘acreditar’ la afrodescendencia” para los concursos, concluye el estudio.