Ya con el gobierno en marcha, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) -que depende de Presidencia de la República- encara sus primeras batallas y alinea sus metas para el periodo. Al momento, se decidió la suspensión del sistema de certificaciones médicas que implementó el gobierno anterior -tras la presión de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que rechaza el sistema desde el principio-, y se trabaja en cambios en las evaluaciones de los funcionarios públicos. En este marco, el miércoles se dará la primera reunión con el sindicato de cara al Presupuesto -donde la agenda incluirá también el factible ajuste o aumento salarial.
Más allá de los temas que marca la agenda, el sector público enfrenta otra dificultad. El director de la ONSC, Sergio Pérez, explicó a El País que “es difícil retener al personal calificado en algunas materias específicas”. A lo que se le suma que “a veces cuesta ver” cómo se hace para que la “gente joven que está calificada se enamore del Estado y quiera ingresar como opción laboral”, dado que hay una generación que ya no ve su trabajo como el lugar para quedarse “toda la vida”.
Una de las “características” del funcionariado público -continuó Pérez, desde su oficina en el tercer piso de Torre Ejecutiva- es un “promedio de edad importante alto” cuando se mira el “global del Estado”.
Dentro de las explicaciones que encuentra Pérez sobre la dificultad de captar jóvenes están la movilidad laboral y la posibilidad que existe de trabajar desde Uruguay para otras partes del mundo. Ante la consulta de si la remuneración es determinante, respondió: “Si sos muy calificado, es difícil que puedas aspirar a estar en el Estado cuando hay otros salarios en el privado. Es más, se ve que hay mucha movilidad de personal calificado que no necesariamente son ingenieros en computación u otros profesionales. Nos pasa con maquinistas, es decir, gente que tiene una calificación en algún oficio, que se va porque gana más”.
Esta misma situación sucede en “empresas públicas con la gente joven que es egresada, calificada y todo lo demás”, porque “es mayor lo que le ofrecen en la actividad privada”, indicó. Al mismo tiempo, marcó que “muchos aspiran a veces a tener doble trabajo”, es decir, en ambos sectores.
Del sector público destacó que “a veces motiva” porque permite a los trabajadores poder “perfeccionarse” y da otros beneficios, como la “flexibilidad en cuanto a licencia” y los “estudios fuera del país”. Como “lo salarial importa y mucho”, en lo público, sostuvo, muchas veces se tiende a dar “otros incentivos como, por ejemplo, la flexibilidad horaria, la posibilidad de estudiar, las licencias especiales, etcétera, para retener un personal que es muy calificado”.
Lo salarial
Las compensaciones salariales que pueden recibir los funcionarios públicos son un punto de discusión desde ya hace un tiempo. Y esta administración -indicó Pérez- “aspira a regular un poco más sobre el tema”. En esa línea, argumentó: “Cuando miras el recibo de sueldo del funcionario, hay un sueldo base y tantas compensaciones como soluciones se han buscado históricamente en el Estado en los últimos 40 años”.
Para ello, el director contó que la ONSC tiene a un “equipo de gente trabajando para ver cuántas compensaciones hay, y evaluar qué instrumentos se pueden emplear para aterrizar un poco más”. Aún no se habló de esto con COFE, dado que trabajan aún en una propuesta.
Para lo que sí están en diálogo con COFE es para el ajuste salarial de los funcionarios públicos, que se hará a través del Presupuesto. El miércoles tienen la primera reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la que llevarán una “exposición de los números del Estado para informar” en “qué situación” se está, contó Pérez.
También están en conversaciones con COFE para la aplicación de cambios en la carrera administrativa. El gobierno anterior -mejor dicho, el Parlamento- aprobó una reforma pero no la implementó.
Pérez dijo que para la ONSC la “carrera administrativa es un tema central”, por lo que entiende que es “muy importante empezar a aplicar el sistema”. “Hay que avanzar”, añadió.
“Tenemos un régimen legal de la anterior administración que decía que ‘podrá aplicar este régimen de carrera administrativa’. Pero no se presupuestó económicamente lo que significaría ese cambio. En este sentido, uno de los temas que planteó COFE en las conversaciones que hemos tenido es poner sobre la mesa el tema”, continuó.
Ante la consulta de lo que se llevará al Presupuesto, respondió: “Queremos llevar todo lo que podamos conveniar con COFE que tenga que ver con los funcionarios públicos. Esto incluye, por ejemplo, la carrera administrativa o la evaluación” de los trabajadores.
Proyectos
La respuesta del director de la ONSC -ante la pregunta de si se proponen hacer una reforma del Estado- fue: “Desde el punto de vista absolutamente terrenal, queremos aplicar toda la normatividad vigente en lo que hace a, por ejemplo, ingreso y ascenso de funcionarios, sistema de evaluación, todo lo que implica el funcionamiento. No vinimos a innovar en cuanto a decir: ‘bueno, vamos a hacer una reforma del Estado’. Venimos a aplicar el Estado de derecho. Queremos que las cosas que ya está, sigan funcionando y, a su vez, si hay que perfeccionar algo, como hacer la carrera administrativa, también avanzar”.
Del rendimiento del funcionariado, Pérez indicó que “hay un nivel de cumplimiento muy importante en el Estado”, y que la “enorme mayoría trabaja de buena fe y atento a su tarea”. Y sumó: “En el global, entiendo que los funcionarios cumplen de forma más que destacable”.
¿Está bien la cantidad de funcionarios públicos que hay?
“Esa es una discusión que se da cada cinco años. Los vínculos con el Estado, desde 2019 al cierre al 31 de diciembre de 2024 son más o menos los mismos. Lo que sí hay que ver es dónde tenés a los funcionarios, o sea, dónde está el músculo que te permite hacer funcional al Estado. A nivel de administración central hay menos funcionarios. Nos pasa en las empresas públicas que, en general, tienen menos. También en el artículo 220 (Poder Judicial y Corte Electoral, por ejemplo) como en el 221 (entes como UTE y Ancap) en la Constitución.
En otros lados creció, por ejemplo, en los gobiernos departamentales”, dijo. Y continuó: “Si mirás en el MTSS, el equipo de inspectores de trabajo decreció más o menos un 50%, que son los que salen a territorio a controlar que se cumplan las normas laborales. También disminuyó casi un 50% el plantel de abogados que intervenían en Dinatra. Entonces, ahí tenés que reforzar porque lo necesitás, o no podés funcionar. Los funcionarios son imprescindibles para el cumplimiento de los servicios y tenés que tener los que tenés que tener”.
“Debería aplicarse en igualdad a todos”
El gobierno puso en pausa la aplicación del decreto que reglamenta el nuevo sistema de certificaciones médicas para funcionarios públicos, por lo que no se les está descontando dinero del salario cuando están de licencia por enfermedad. El mecanismo de la administración anterior daba nueve días hábiles remunerados por año -salvo para ciertas patologías-, los que se podían solicitar de manera alternada o consecutiva.
Desde el décimo día se pautó un derecho al subsidio, que podía ser el 75% o 100% de su remuneración, para lo que se tenían en cuenta diferentes variables. Un punto importante, que ha sido criticado por COFE, es que para el cálculo del subsidio se excluían beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte que recibe el funcionario. Mientras el mecanismo está en pausa, se está negociando.
La ONSC realiza los cálculos para saber qué efecto tuvo la aplicación del nuevo sistema, es decir, si hubo aumento o reducción en la cantidad de días.
Pero hay otro punto que destacó Pérez: “el principio de igualdad”. Esto en referencia a que el nuevo mecanismo no se aplicó a todos los funcionarios sino que solo a una parte. Por ejemplo, en el Poder Judicial no abarcó a los magistrados y defensores públicos, y en Fiscalía no a los fiscales.
“Entendemos que, si vas a aplicar un régimen de licencias médicas con un subsidio en vez del salario, debería aplicarse en condiciones de igualdad a todos los funcionarios”, indicó.
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