Certificaciones médicas: gobierno frena ley de Lacalle Pou y negocia cambios al sistema para los públicos

El Poder Ejecutivo puso en pausa durante 60 días una de las medidas clave del gobierno de Luis Lacalle Pou: la limitación a las licencias por enfermedad en el sector público. De esa manera, desde el 1° de julio al 30 de agosto, se volverá al régimen anterior, en el que a los funcionarios no se les descontaba salario cuando se certificaban.

En ese periodo se negociará con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos (COFE), instancia a la que se llega después de que los gremios presentaran una queja en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y advertir que realizarían una denuncia.

El gobierno anterior, a través de artículos en una Rendición de Cuentas, resolvió que los funcionarios públicos dispongan de nueve días de licencia al año no acumulables para enfermedades —salvo excepciones, como algunas patologías o lo vinculado a riesgos en el embarazo— y que, a partir del décimo día, cobren un 75% del salario.

Para modificar la ley, se necesita que el Parlamento —donde el Frente Amplio no tiene mayorías en la Cámara de Representantes— las acepte. Otro camino es hacer cambios en el decreto reglamentario —donde se especificaron ciertas cuestiones— para la implementación de la ley.

COFE hizo presión en el gobierno anterior para que no se implementara el sistema, y lo volvió a hacer con este al advertir que se iba a presentar una denuncia ante la OIT. Ahora ven como “muy importante” que el Poder Ejecutivo ponga freno al sistema actual e implemente una mesa de negociación, indicó el secretario general del sindicato, José Lorenzo López, quien salió de la reunión con la hoja en la mano del acuerdo firmado. De no haber un acuerdo, continuó el vicepresidente del Pit-Cnt, verán “cuáles son los pasos a seguir”, aunque esperan “que no sea así”.

El acuerdo implica el compromiso de COFE de no iniciar una demanda en la OIT y del Poder Ejecutivo a suspender la aplicación del decreto reglamentario del gobierno anterior.

COFE ya adelantó que van a proponer la posibilidad de derogar esos artículos de la Rendición de Cuentas, lo que implicaría volver 100% al régimen anterior. Pero, a sabiendas de que en las negociaciones hay que pedir y ceder, López indicó que van a esperar a ver “qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo” para “intentar llegar a algún tipo de acuerdo”. La primera reunión será a inicios de julio y ahí se va a definir un calendario de encuentros, los que, a entender del dirigente sindical, “van a ser unos cuantos” para poder “resolver el tema” en los 60 días.

Del gobierno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó que, en principio, opinan que “hay que modificar el decreto reglamentario”, a lo que añadió: “Veremos, en el marco de la negociación, hasta dónde llegamos”. Ante la pregunta de qué medidas se piensan, dado que COFE pretende derogar los artículos en la Rendición de Cuentas de 2022, respondió: “Las vamos a poner arriba de la mesa. Para nosotros, es una aplicación razonable de lo que está en la ley”.

De esa manera, sin revelar aún las cartas, Sánchez mencionó que la ley contiene “dos protecciones”. Una, “evitar las patologías” de los que “mal utilizan” el beneficio de las licencias médicas “certificándose de manera irregular”. Desde el gobierno se procura “tener un control muy estricto”. La otra, continuó el secretario de Presidencia, “evitar la obligatoriedad” en la que personas tienen que “presentarse a trabajar estando enfermos”.

Los funcionarios públicos que se certificaron lo hicieron en 31,45 días en promedio en 2024, y una mediana —se ordenan los datos de menor a mayor y se toma la cifra del medio— de nueve días. Si solo se mira la administración central, los trabajadores enfermos se ausentaron en promedio 34,43 días cada uno en 2024 y, si se quitan del cálculo a los ministerios de Interior y Defensa, el promedio de días bajó a 24,43 por funcionario certificado.

El vicepresidente del Pit-Cnt, ante la consulta de cómo se atiende el ausentismo, respondió que los números en la administración central —sin contar el Ministerio del Interior— tiene números mejores que la “actividad privada”. Por lo tanto, descartó que haya un “problema de ausentismo que genere una situación de alarma en el sector público”. No obstante, aseguró que “sí es cierto” que “han aparecido algunas situaciones” que “no correspondían” cuando se cruzó información de trabajadores que tenían actividad en la actividad pública y la privada.

¿Qué es encontró? Que se pedían licencia en la pública pero seguían en la privada. En esa línea, López aseguró que van a “darle para adelante” en “todo lo que sea para corregir esas situaciones”. Los “ajustes de controles” deberían ser para los trabajadores —“para ver si hay alguna negligencia”— y para los “profesionales” —“porque todas las licencias siempre tienen la firma de un profesional”.

Desde la oposición, el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, opinó que la decisión del gobierno es ir “un paso atrás” que “abre una puerta muy equivocada”. El líder del Partido Independiente, además, recordó a El País que en su gobierno las conversaciones con COFE comenzaron en 2020 en conjunto con el entonces director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Hubo “varias instancias de diálogo” e incluso se “postergó” la implementación, hasta que se decidió avanzar con los cambios en el sistema.

La normativa —continuó— “acerca” a los funcionarios públicos a la “situación de los trabajadores privados”, aunque los primeros quedan en una situación “más favorable”.

“Me preocupa” porque el gobierno tiene que “tener definiciones más allá de las posiciones del sindicato”, indicó, y añadió: “Hay que controlar mejor a quienes certifican. Se había avanzado en tener parámetros de las certificaciones según las afecciones. A veces hay médicos certificadores que tienen miedo que después se los acuse de hacer mala praxis y puede ser que actúen muy benevolentemente”.

También del gobierno anterior, el exdirector de la ONSC —que asumió en lugar de Ramos—, Ariel Sánchez, contó que la necesidad de aplicar cambios al sistema “era manifestada por los propios organismos”, por lo que no lo inventó el Poder Ejecutivo ni la oficina que dirigía. No obstante, entiende que la “suspensión puede ser para mejorar el sistema” dado que es “perfectible”.