Empleados públicos: más de 200 funcionarios fueron destituidos en 2024 por procedimientos disciplinarios

Al 31 de diciembre de 2024 había 313.796 diferentes tipos de vínculos laborales con el Estado y durante ese año se produjeron 44.996 bajas que en su mayoría respondieron a fin o rescisión de contrato, renuncia y jubilación. Las destituciones, sin embargo, siguen siendo la excepción pese a que han aumentado en los últimos años.

La Comisión Nacional de Servicio Civil que se desempeña en el ámbito de Presidencia de la República tiene por ley el cometido de recibir los expedientes con pedidos de destitución de funcionarios públicos y determinar si la drástica medida solicitada se ajusta a la legalidad. En todos los casos la destitución se ampara en cuatro causales: ineptitud, ineptitud psicofísica, omisión o delito.

En 2024, la Comisión recibió de diversos organismos públicos 299 resoluciones referidas a procedimiento disciplinarios que recomendaban la destitución del funcionario implicado. De esos casos, en 210 expedientes se apoyó la propuesta de destitución formulada por los jerarcas de los organismos públicos remitentes. Es decir, en el 70,2 % de los procedimientos tratados, la comisión dio el visto bueno para la separación definitiva del cargo del funcionario involucrado.

En tanto, durante 2023 se habían resuelto 459 expedientes, de los cuales 340 derivaron en una decisión favorable a la destitución. Aunque la cantidad total de casos bajó, el porcentaje de resoluciones que avalaron la expulsión también se mantuvo en torno al 74 %.

En los casos restantes de ambos años, la Comisión devolvió el expediente por observaciones formales o sugirió la aplicación de sanciones alternativas que no implicaran la destitución, tales como suspensiones o apercibimientos.

Al 12 de junio de 2025, la Comisión tenía 21 expedientes pendientes de resolución.

Servicio Civil no cuenta con información sistematizada sobre el detalle de los casos según el organismo del que provienen, la causal invocada ni sobre el tipo de vínculo laboral de los funcionarios involucrados. Sin embargo, según datos recopilados por el Senado es posible determinar que un amplio porcentaje del total de las destituciones corresponde a la causal “ineptitud” y “ineptitud psicofísica”. En cuanto a los organismos, la mayoría de las destituciones se resuelven en los ministerios de Interior y Defensa.

Tampoco es posible determinar qué porcentaje del total de sumarios administrativos que se instruyen anualmente en la órbita pública terminan aconsejando la destitución del implicado, ya que Servicio Civil no recopila este dato. Es decir, no se sabe cuántos funcionarios son investigados anualmente ni cuántos expedientes quedan en el camino sin consecuencias.

Foto: Archivo El País

El ínfimo número de destituciones frente al universo de vínculos laborales pone de relieve las garantías con las que cuentan los funcionarios públicos y que solo se produce una desvinculación frente a un caso extremo que sorteó el meticuloso procedimiento garantista.

No cualquier incumplimiento basta para echar a un funcionario público. El procedimiento implica una investigación, un sumario administrativo, dictámenes técnicos y la intervención de la Comisión de Servicio Civil.

La competencia de la Comisión está definida por la Ley N.º 15.757 y se circunscribe a emitir una opinión preceptiva (aunque no vinculante) antes de que el jerarca correspondiente resuelva la destitución. Si quien toma la decisión no es el Poder Ejecutivo o el Directorio de un ente autónomo, el pronunciamiento de la CNSC solo ocurre si el órgano lo solicita expresamente.

Además, la CNSC puede ser consultada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en temas vinculados a la carrera administrativa y el servicio civil.

La Constitución, en su artículo 168 numeral 10, establece las causales por las que un funcionario puede ser destituido: ineptitud, omisión o delito. A eso se suma la “ineptitud psicofísica”, una categoría contemplada en la práctica administrativa para casos donde el funcionario no puede desempeñar sus tareas por razones de salud mental o física. Un expediente puede iniciarse por diversas vías: una denuncia, una auditoría, la actuación de un jerarca o por los mecanismos establecidos en cada reglamento. La potestad de iniciarlo recae en el jerarca máximo del funcionario sometido a proceso, o en quien haya recibido esa delegación formalmente.

En cuanto a las garantías, la Comisión destaca que rige el principio de debido proceso, consagrado tanto por la Constitución uruguaya como por el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Uruguay. Esto implica que el funcionario tiene derecho a ser oído, a contar con defensa adecuada y a que se respete el principio de legalidad en todo el procedimiento.

Un informe de Servicio Civil incluido en la Rendición de Cuentas detalla las bajas que se produjeron en 2024 en toda la Administración Pública. La mayor movilidad se registró entre docentes de Anep, Udelar y UTEC. Muchas bajas corresponden a renovaciones que no se concretan o finalización de contratos temporales. Entre policías y militares hay una gran cantidad de retiros por edad o por incapacidad, particularmente entre efectivos subalternos. En los Gobiernos departamentales se detectó un número significativo de bajas entre jornaleros y contratos zafrales, muchos de los cuales tienen una rotación anual muy alta. En los entes autónomos el cese es, en casi todos los casos, por jubilación.

En el año 2024, la Comisión Nacional de Registro Civil recibió de diversos organismos del Estado un total de 299 resoluciones referidas a procedimiento disciplinarios inicados y culminados contra funcionarios públicos que recomendaban la destitución de los implicados; de esos casos, en 210 expedientes se apoyó la propuesta de destitución formulada por los jerarcas de los organismos públicos remitentes. Es decir, en el 70,2 % de los procedimientos tratados, la comisión dio el visto bueno para la separación definitiva del cargo del funcionario involucrado. Por otro lado, y de acuerrdo a la información recabada y procesada por El País, al 12 de junio de este año, la Comisión, regida por la Ley N.º 15.757 y la Constitución, tenía 21 expedientes pendientes de resolución.