MENSAJE EN CAMPAÑA ELECTORAL

Los empresarios le reclaman reformas a Vázquez para bajar el gasto público

Proponen reducir el déficit y atraso cambiario, revisar los Consejos de Salarios y derogar las ocupaciones.

Confederación de Cámaras Empresariales. Foto: Francisco Flores
Confederación de Cámaras Empresariales. Foto: Francisco Flores

Las 26 cámaras empresariales le enviaron ayer un claro mensaje al gobierno en plena campaña electoral al presentar sus propuestas que, entre otras cosas, buscan abatir el gasto público para mitigar el déficit fiscal, reducir el atraso cambiario, incrementar el control del informalismo y contrabando y formar un ámbito interpartidario para reformar la seguridad social.

La Confederación de Cámaras Empresariales presentó ayer sus propuestas para el próximo período de gobierno que serán planteadas a todos los candidatos a la Presidencia y aprovechó para proponer otras de “urgente consideración” al gobierno de Tabaré Vázquez a quien se le solicitará una reunión.

El presidente de la confederación, Gerardo García Pintos, dijo a El País que se plantea “abatir el déficit fiscal que puede tener consecuencias muy negativas para el país”. El déficit de las cuentas públicas se ubica en 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una vez descontado el efecto cincuentones

En este sentido, reclaman controlar el gasto público “y ahí hay muchas cosas por hacer y mejorar”, señaló García, quien también indicó que se debe disminuir la brecha cambiaria. “El encarecimiento se da en una baja muy fuerte en el comercio, en el pasaje al informalismo y en el contrabando”, sobre todo en el interior del país, apuntó.

También proponen la formación de un ámbito de discusión entre todos los partidos políticos incluyendo a la academia, sindicatos y las propias cámaras para definitivamente plantear una reforma de la seguridad social.

Por otro lado, el sector empresarial presentó sus propuestas de cara a un nuevo período de gobierno en materia tributaria, comercial, laboral y macroeconómica, entre otros puntos. Justamente, en materia laboral, proponen reducir la plantilla de empleados públicos y no reponer los cargos estatales, así como dar cumplimiento a la legislación vigente y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la derogación del decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo. Sobre este último aspecto, García Pintos dijo que “es inentendible por qué el gobierno no avanza en eso, Uruguay está con una mancha en este tema”.

El empresario señaló que la preocupación no es nueva, sino que está planteada hace 10 años y “ahora coincide con el documento, no lo hacemos porque está la reunión de la OIT”, indicó, en referencia al encuentro donde se definirá si el país ingresa en lo que se conoce como “lista negra”. En 2009 las cámaras presentaron una queja ante la OIT contra el gobierno por violar varios convenios internacionales de trabajo, vinculados a negociación colectiva y libertad sindical.

Al inicio de este mes, los empresarios celebraron una pequeña victoria cuando se enteraron que la OIT incluyó el caso uruguayo en una lista provisional de 40 países, de cara a la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que sesionará a partir del 10 de junio en Ginebra, Suiza.

Uruguay está en el puesto 37 de esa lista, que es por orden alfabético y es previa a la llamada “lista negra”.

Posiciones a favor.

Entre los asistentes no solo hubo empresarios, también estuvieron los dos precandidatos por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, junto al del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Los precandidatos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en el evento de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Foto: Francisco Flores
Los precandidatos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en el evento de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Foto: Francisco Flores

En diálogo con El País, Lacalle Pou dijo que “hay bastante sentido común en lo planteado, es bueno chequear esto con el programa de gobierno que uno presenta, hay muchas coincidencias”. Sin embargo, dijo que “el reclamo tributario es entendible pero debido a cómo va a asumir el próximo gobierno la situación, plantear una reducción no parece ser muy posible”. Coincidió en el planteo de reducir el gasto del Estado, así como con el “tema de los combustibles, de las tarifas y obviamente el tema de las políticas internacionales”.

Por su parte, el senador Larrañaga señaló a El País que le hubiera gustado que entre los temas anunciados hubiese estado también contemplada la seguridad ciudadana por el costo operativo que le insume al Estado. En una rueda de prensa, el legislador indicó que está de acuerdo “con los Consejos de Salarios” y con la negociación colectiva. “Creemos que hay que introducirle elementos como la productividad, un pacto nacional sobre el empleo y por supuesto también que el Estado no tenga un poder tan flechado en el manejo de las relaciones laborales”, indicó.

Novick dijo a El País que está de acuerdo “en todos” los temas planteados y que este “es el camino de Uruguay”. El líder del Partido de la Gente indicó más tarde en rueda de prensa que no solo está de acuerdo con las propuestas. “Hoy hemos presenciado un acto donde vimos mucha gente importante y mucha gente capaz, que nos llena de optimismo”, consideró el precandidato del Partido de la Gente. Y finalizó: “El Frente Amplio falla en la ejecución, en la gestión, porque no tiene gente preparada”.

Las cámaras también insisten en nuevas propuestas en materia educativa. Por ejemplo, institucionalizar un Sistema Nacional de Formación Profesional así como ampliar el alcance del proyecto para la certificación de competencias. También proponen mejorar la red vial, la infraestructura del país y la conectividad.

Molestia en el Pit-Cnt por denuncia ante la OIT

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira dijo a El País que “es un disparate la falta de independencia de las patronales con respecto a la política en Uruguay”, al ser consultado por la denuncia presentada ante la OIT. “Se presentó en 2009 y en 2019, mientras tanto, se negoció para un tema, hubo 30 ocupaciones el año pasado, 8 de las cuales fueron solo privadas con empleadores y trabajadores que querían entrar, ¿puede ser ese el motivo de un problema del país?”, se preguntó el dirigente sindical. Planteó que “todo el mundo reconoce el diálogo social extendido y sin embargo colocan a Uruguay en este tema. Esto genera inestabilidad en la inversión en el país”, agregó. En los próximos días una delegación de la central obrera viajará a Ginebra en Suiza para participar de la Conferencia y dar “los argumentos para defender las leyes que el movimiento obrero conquistó”.

¿Qué proponen para implementar en el próximo período de gobierno?
Los aparatos que permiten pagar con tarjeta no están presentes en muchas oficinas públicas. Foto: Darwin Borrelli

La Confederación de Cámaras Empresariales elaboró propuestas tendientes a mejorar el clima de negocios y así aumentar la inversión, producción y empleo. El diagnóstico se basa en que existe estancamiento productivo desde 2014.

A corto plazo. Abatir el gasto público para reducir el déficit fiscal, reducir el atraso cambiario alineando el tipo de cambio, adoptar las recomendaciones de la OIT en las regulaciones laborales e incrementar el control del informalismo y del contrabando.

Política económica. En materia macroeconómica, diseñar e implementar una regla fiscal que reduzca la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, limitando el aumento del gasto público al crecimiento tendencial de la economía. Reformar el sistema de seguridad social para darle sustentabilidad a largo plazo y contemplar los cambios en el mundo laboral.

Estado. Reducir la plantilla de empleados públicos y de quienes mantienen otro tipo de vínculos laborales con el Estado, instrumentando esquemas de incentivo para el pasaje de los mismos al sector privado. No reponer los funcionarios públicos al menos en el próximo período de gobierno.

Empresas públicas. Establecer metas de gestión y destitución automática de directores en caso de incumplimientos de objetivos. Separar los roles entre actores que participan en la órbita de las empresas públicas (Estado, accionista, unidades reguladoras, etc). Eliminar el monopolio de venta de combustible y fijar tarifas en función de precios de paridad de importación.

Política tributaria. Reducir las tasas de imposición a la renta empresarial en línea con las tendencias internacionales. Priorizar la tributación empresarial a través del impuesto a la renta y no a través de impuestos “ciegos” como lo son los aplicados a la tierra. Reducir los aportes patronales a la seguridad social, eliminar la restricción para el cómputo de pérdidas de ejercicios anteriores y eliminar el IRPF a dividendos fijos.

Comercio exterior. Definir estrategias de inserción tanto dentro como fuera del Mercosur negociando con los países del bloque para que se habilite la posibilidad de realizar acuerdos comerciales con terceros e impulsar el cierre de las negociaciones con la Unión Europea. Exigir a productos importados las mismas condiciones que a los nacionales.

Relaciones laborales. Revisar los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios, el rol del Estado en los mismos, derogar el decreto que regula las ocupaciones en los lugares de trabajo y salvaguardar el derecho a la libertad del trabajo de los no huelguistas y del sector empresarial.

Inclusión financiera. Introducir los cambios necesarios para que la inclusión financiera no sea obligatoria en todos los casos. Continuar con la política de acuerdos que propendieron a la disminución de aranceles de las tarjetas de crédito y débito. Buscar alternativas para que los comercios participen.

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