CÁMARA DE REPRESENTANTES

La diputada Nibia Reisch, por el Partido Colorado (Ciudadanos) elevó un pedido de informes para tener datos respecto a las pensiones que otorgan quienes fueron exiliados o presos políticos.

"Yo venía manejando este tema con anterioridad. Ya hace algunos meses que estoy pensando en hacer este pedido de informes y estábamos recabando información", expresó Reisch a El País.

En el pedido se solicita al Banco de Previsión Social (BPS) a través del Ministerio de Trabajo información respecto a "la cantidad de personas que perciben alguna prestación de este tipo, los nombres y otros datos, los montos totales percibidos por cada uno y qué controles se han efectuado para otorgar cada prestación".

La Ley 18.033 establece las prestaciones para todas esas personas que no pudieron acceder a un trabajo "por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985". La reglamentación de las prestaciones también está regulada en el decreto 106 emitido en 2007.

"Entonces, lo que establece esta ley es que todas esas personas van a tener un cómputo ficto a los efectos jubilatorios o pensonatorios y que establece 11 bases de prestaciones y contribuciones, que yo te lo paso a pesos y son unos $ 50.000. Las personas que están amparadas en esta ley tienen un monto mínimo de jubilación de $ 18.000, por otro lado quienes fueron detenidos y procesados por la Justicia militar o civil tienen una atención especial reparatoria que equivale a 8 bases y media de prestaciones y contribución, a pesos uruguayos uno $ 38.5000", detalló la diputada.

El pedido de informes está amparados por la Ley 17.673 y se dispone de un plazo de 45 días hábiles, en principio, para dar una respuesta.