En algún momento de sus más de cien años de historia, fue un edificio elegante del casco histórico de Montevideo. Fue asignado con uno de los grados de protección patrimonial más altos y está a la vuelta de la Corte Electoral y del Café Brasilero, y a una cuadra de la Plaza Matriz.
Sin embargo, con el tiempo este edificio en 25 de Mayo, esquina Ituzaingó, se volvió un punto clave del delito en Ciudad Vieja.
En el cuarto piso funcionaba una boca de venta de drogas. Fuentes policiales dijeron a El País que la mayoría de los delincuentes que cometían robos o rapiñas en el barrio luego se escondían allí. Incluso hubo un homicidio en el lugar.
La Policía ya lo tenía identificado y contaba con grabaciones de cámaras de videovigilancia que mostraban a delincuentes refugiándose en el edificio, pero no contaba con la autorización de la Justicia para ingresar.
Mientras tanto, la calle se había vuelto peligrosa para cualquiera que pasara por allí. Y los comerciantes vecinos habían tenido problemas con los responsables de la boca.
Pero la gravedad de la situación iba más allá de la delincuencia. El edificio estaba repleto de residentes irregulares, que vivían en condiciones habitacionales y sanitarias deficientes.
Los verdaderos propietarios del inmueble, que lo compraron en un remate en 1996, nunca pudieron utilizarlo. En cambio, otras personas se lo adueñaron y empezaron a cobrar por el uso de sus apartamentos, dijeron los abogados de los propietarios.
Este martes, como había sucedido en 2019, el edificio fue desalojado por orden de la Justicia. Unas 30 familias, en su mayoría compuestas por migrantes caribeños, quedaron sin hogar.
Los pobladores del edificio, que ya habían sido notificados previamente, debieron retirarse de los apartamentos.
Durante horas, hasta entrada la tarde del martes, fueron bajando sus pertenencias por las escaleras (electrodomésticos, camas, bolsas) y las dejaron a la intemperie. Luego permanecieron en la vereda durante horas, algunos con niños, mientras caía intermitentemente una llovizna.
En cuanto a la boca de venta de droga, cuando la Policía llegó estaba vacía. Por lo tanto no hubo detenidos. En cualquier caso, comerciantes de la zona celebraron que fuera cerrada.
Tras el desalojo, el edificio en la calle 25 de Mayo fue tapiado.
Mides dijo que nadie quedaría en la calle
El director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, estuvo presente durante el desalojo y aseguró que “nadie va a quedar en la calle”.
“Hay personas que ya habiendo sido notificadas tenían una alternativa habitacional construida y personas que no”, explicó en rueda de prensa.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) definió como prioritarias a 20 personas de mayor vulnerabilidad social, principalmente madres y niños. Con todas sus pertenencias, fueron derivadas a una casa con la que cuenta el Mides.
El resto de las personas fue derivado a refugios o centros del ministerio. Para ellos, el jerarca dijo que la intención era “guardar sus pertenencias provisoriamente”. En todos los casos, destacó Gerhard, el ministerio brindaría soluciones de 24 horas.
El director de Protección Social subrayó que el ministerio venía trabajando con las familias, junto a otras instituciones. Por ejemplo, señaló que estaban tramitando subsidios de alquiler con el Ministerio de Vivienda.
“Lo que pasa es que a veces los tiempos de los fallos judiciales, de las respuestas interinstitucionales, no se dan como se deberían dar para evitar estas situaciones”, lamentó.
Consultado al respecto, Gerhard dijo no estar al tanto de otras situaciones similares en la zona.
Con valor patrimonial
El edificio ubicado en 25 de Mayo 535 fue proyectado por el arquitecto Horacio Acosta y Lara y el ingeniero Guerra.
Se construyó en 1913, según el inventario patrimonial de Ciudad Vieja.
La edición de 2010 de ese inventario le da un grado de protección 3, el segundo más alto. Es decir, tomando esa calificación no se puede demoler y se debe conservar manteniendo sus características significativas.
Sin embargo, cuando se hizo el inventario ese año, el inmueble ya estaba en una situación habitacional compleja. “Se presume que los pisos superiores están siendo habitados clandestinamente”, dice la ficha del inventario dedicada a este edificio.
Por otra parte, a nivel urbanístico este relevamiento destacaba que el edificio constituía “un valioso aporte al espacio urbano” por “su calidad constructiva y la resolución formal y volumétrica de su fachada”.
El inventario recomendaba recuperar la fachada, darle un nuevo uso al subsuelo y a la planta baja, y sugería regularizar “la situación de los pisos superiores presuntamente ocupados clandestinamente”.
En los inventarios anteriores, uno del año 1983 y otro del 2000, tenía una protección patrimonial menor (de grado 2). Sin embargo, por las fotos que se sacaron en esos años parecía estar en mejores condiciones que las actuales.
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