Diputados aprueba personería jurídica sindical: se vota sin el Frente Amplio

PROYECTO DE LEY

Las bancadas de la Cámara de Diputados empezaron el día de ayer con incertidumbre. Por la tarde, tal como estaba previsto desde el comienzo de esta semana, se iba a tratar el proyecto de ley que procura regular la obtención de la personería jurídica por parte de las organizaciones sindicales y gremiales, y si bien estaba claro que la coalición de gobierno contaba de sobra con los votos para aprobar la iniciativa -propuesta en agosto pasado por el Poder Ejecutivo-, había dos cosas que no se sabían con certeza.

Una de ellas era si el Frente Amplio daría o no su apoyo, puesto que desde el Pit-Cnt le habían comunicado que, si bien el movimiento sindical tenían algún reparo puntual sobre la redacción del proyecto, la norma no generaría grandes cambios en “las reglas de juego”, dijeron a El País fuentes parlamentarias. Por eso sorprendió entre legisladores de la coalición de izquierda un tuit del diputado Felipe Carballo en la noche del lunes, que aseguraba que el Poder Legislativo estaba por abordar “uno de los peores proyectos en la historia de la lucha sindical en Uruguay”.

Lo otro que también estaba por definirse era si el oficialismo aceptaba un aditivo propuesto por Cabildo Abierto, que apuntaba a que en el articulado también se incluyera la obligación de que los sindicatos contaran con voto secreto.

Pero conforme fue avanzando la jornada y se acercaba el comienzo de la sesión, las posiciones se fueron definiendo, hasta quedar bien claras.

El aditivo se descartó sin más. Y en el caso del partido de la oposición se pasó, en pocas horas, de evaluar la posibilidad de votar el proyecto a analizar incluso no presentarse en sala y no dar el quórum, y evitar así que tuviera su primera sanción una iniciativa tan prioritaria para el gobierno que fue tratada en una sesión extraordinaria -pues ya se está en pleno receso parlamentario.

En sala, Carballo llamó a este proyecto la “ley Delgado”, en alusión al secretario de Presidencia, y aseguró que tenía “una fuerte carga desde el punto de vista filosófico e ideológico de intervenir la herramienta de los trabajadores”. Y luego profundizó en lo que adelantó en Twitter para concluir que el Frente Amplio, finalmente, estaba “totalmente en contra” de una iniciativa que daba “un salto al siglo XIX”. Los argumentos de la oposición fueron en concreto contra un artículo específico (ver aparte), pero también contra la “prédica permanente, sistemática, antisindical”, como dijo el diputado Gerardo Núñez y mencionaron otros.

Desde el oficialismo se recordó más de una vez que proyectos similares fueron presentados -sin éxito- por los expresidentes frenteamplistas José Mujica (en 2013) y Tabaré Vázquez (en 2019), y el reclamo constante por una norma de estas características de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También que lo que hace esta iniciativa es cumplir con la Constitución, que en su artículo 57 establece que por ley se deberán dictar “normas para reconocerles (a los sindicatos) personería jurídica”.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, a su turno, rechazó “especialmente” las “intenciones” adjudicadas por el FA, y se explayó: “Acá el gobierno creo que ha demostrado a cabalidad que lo único que pretende es un fortalecimiento de las relaciones laborales y para eso se requiere un fortalecimiento de los sindicatos y el movimiento sindical. Esta ley de personería jurídica se orienta en tal sentido”.

Desde Cabildo Abierto, mientras tanto, un comentario que se repitió en la cámara fue que se quedaban con un sabor “agridulce”, porque además del aditivo del voto secreto -que fue solo apoyado por los diputados blancos Eduardo Lorenzo y Javier Radiccioni- tampoco fue aceptado otro que proponía que “los aportes económicos de los trabajadores a las organizaciones serán de total libertad del trabajador”, sin la intermediación del empleador.

De todos modos, para el diputado Sebastián Cal su partido salió “airoso de la situación”, y remarcó a El País que “ambos aditivos” rechazados serán estudiados en la Comisión de Constitución y Código de Diputados.