SOBRECARGA LABORAL

Días antes de dejar su cargo, al final de la Semana Santa, la entonces presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, distribuyó partidas salariales para un grupo de funcionarios por un total de $ 7.000.000 mensuales.

La jerarca tomó la decisión en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno ante la presencia del coronavirus en Uruguay, con el objetivo de incentivar a los trabajadores que se estaban certificando sin estar enfermos a que concurran a trabajar.

Fulco llegó al cargo por Eduardo Bonomi. El entonces ministro del Interior, le propuso su nombre a Marina Arismendi, quien había sido designada en 2015 como ministra de Desarrollo Social por Tabaré Vázquez.

Previo a su salida de la institución, Fulco tomó una serie de definiciones. Algunas de carácter organizativo, y de ejecución de obras en las que venía trabajado desde el año pasado.

Permaneció en el cargo hasta el lunes 13 de abril pasado, cuando asumió la nueva presidenta Rosanna de Olivera Méndez, una integrante de Cabildo Abierto elegida por el gobierno que preside Luis Lacalle Pou.

Un día antes del cambio de mando, el Domingo de Pascua, firmó una de sus últimas resoluciones aprobando compensaciones salariales especiales para un grupo de trabajadores.

Según los documentos del Inisa a los que accedió El País las partidas son de $ 12.415 por mes para coordinadores, y de $ 7.470 para educadores, personal de cocina, y referentes educativos.

“El costo mensual, considerando aportes patronales y otras incidencias, para el total de las partidas (590), será en el entorno de los $ 7.000.000 y se prevé que la partida se mantenga por hasta tres meses ($ 21.000.000)”, detalla el informe de la institución pública.

En el escrito se plantea que la decisión se enmarca en la definición de un “reconocimiento económico” a trabajadores que no cuenten con certificaciones médicas y no usufructúen licencias reglamentarias por el lapso que dure la Emergencia Sanitaria”, dice el informe del Inisa.

Allí se argumenta que hay un grupo de trabajadores que ha visto recargada su labor por falta de recursos humanos. “A su vez esto podría ser una motivación extra para evitar mayor cantidad de certificaciones y evitar el crecimiento continuo que estas han tenido”, explica el documento oficial al que accedió El País.

El asunto fue tratado por el directorio del Inisa el viernes 3 de abril. En la reunión actuaron Florencia Germán, Gabriela Fulco y Betty Policar. Allí se detalla la decisión y se resuelve confeccionar la lista de los beneficiados para luego comunicársela al Sinau (sindicato de trabajadores del Inau).

El presidente del sindicato del Inau, Joselo López, dijo a El País que la iniciativa surgió del gremio al ver la sobrecarga de los trabajadores por la pandemia. El planteo fue tanto para el Inau como para el Inisa. Sin embargo del primero no han tenido respuesta. Fulco sí accedió al pedido del gremio.

El jueves 26 de marzo el presidente de la República, Lacalle Pou, anunció en conferencia de prensa que efectuaría un recorte a los salarios públicos mayores a $ 80.000 líquidos para generar un fondo. El objetivo es financiar las medidas para el combate al coronavirus.

Los únicos que quedan exceptuados de esta medida fue el personal de la salud. Siete días después de este anuncio, el Inisa tomó la decisión de otorgar las compensaciones salariales.

Ayer a la tarde, El País se comunicó telefónicamente con la expresidenta del Inisa, Gabriela Fulco, para consultar el argumento de la decisión. Al comienzo aclaró que firmó “muchas cosas” en el final del mandato y ofreció el contacto de la nueva jerarca. Fulco explicó que en el Inisa había mucho movimiento de dinero y como no tenía en su poder los documentos no quería hablar “sin fundamentos”.

“No es que no esté al tanto. Tenemos mucho movimiento de dinero habitualmente en una institución como esa, se puede imaginar. Quiero revisar bien a ver a qué partida se refiere”, explicó la expresidenta del Inisa que actuó en el pasado gobierno del Frente Amplio.

Cuando este periodista le leyó la resolución, Fulco confirmó haber tomado esa decisión, como incentivo hacia los trabajadores para mantener en funcionamiento el sistema. “Nosotros no podemos cerrar. No podemos llevar al sistema a un estado de colapso por las certificaciones continuas de los funcionarios”, argumentó Fulco. La exjerarca comentó que estaban teniendo un aumento importante de funcionarios que decidían quedarse en sus casas y hacerse certificar por un médico sin tener ningún tipo de enfermedad.

“Hubo un aumento progresivo de certificaciones y nosotros prevemos que va a haber más. No necesariamente por estar enfermo. Por lo tanto se resolvió poner un incentivo para que la gente que está pensando en certificarse, no estando enferma, no se certifique y venga a trabajar. Porque estamos al límite de la cantidad de funcionarios”, detalló Fulco.

El asunto llegó a conocimiento de las nuevas autoridades en los últimos días. Según fuentes del Ejecutivo consultadas anoche, el tema está siendo analizado.