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Deudores: Cabildo Abierto busca juntar firmas en tres meses y en el Parlamento buscan alternativas

Los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech confirmaron el jueves que Cabildo Abierto comenzará su campaña. Socios de la coalición señalan intento de “desviar” el foco de Irene Moreira.

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Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto
Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.
Foto: Juan Manuel Ramos

Redacción El País
El anuncio de que Cabildo Abierto comenzará a juntar firmas para plebiscitar la reestructuración de las deudas personales de los uruguayos no sorprendió dentro de la coalición de gobierno. Cuando la Mesa Política oficializó sus intenciones, el jueves pasado, ya habían pasado varios meses desde la primera alerta de los cabildantes a sus socios.

“Es una herramienta de movilización política. La veo como una jugada estratégica de posicionamiento del partido -en momentos en que está atravesando dificultades- y de desviar el foco de otros temas para ponerlo en este. Irán por ese camino, pero lo más responsable es trabajar en una solución legislativa”, señaló a El País una fuente parlamentaria que integra la alianza conformada por blancos, colorados, cabildantes y los partidos Independiente y de la Gente. En particular, el legislador se refirió al pedido de renuncia del presidente Luis Lacalle Pou a Irene Moreira, la exministra de Vivienda, que desde mayo ha estado en la mira por nueva información que surge de su gestión al frente de la cartera, referida a la entrega de viviendas a personas de su partido.

No obstante, la primera vez que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, mencionó públicamente la posibilidad del plebiscito fue en noviembre del año pasado y, desde entonces, el lema ha trabajado en esa línea. Ante la Mesa Política, los asesores del partido presentaron un plan de recolección de firmas con un despliegue de 200 mesas en todo el país, como adelantó El Observador.

Mientras tanto, en momentos en que se debate la última Rendición de Cuentas con posibilidad de incrementar el gasto, las otras bancadas trabajan en potenciales acuerdos parlamentarios para dar una solución a los deudores. Por un lado está la propuesta que este lunes presentará la senadora Carmen Asiaín a sus colegas del Partido Nacional. En tanto, el Frente Amplio y el sector Ciudadanos del Partido Colorado trabajan en otra alternativa.

Cabildo Abierto confía en que, en menos de tres meses, con este despliegue territorial podrá llegar al 10% de las firmas requerido por la Corte Electoral para habilitar la consulta popular. Para superar la meta de 270.000 adhesiones, cada puesto debería juntar 15 firmas por jornada durante 90 días consecutivos, señalaron a El País fuentes partidarias.

“La carga principalmente va a estar en los diputados. Después habrá un equipo de comunicación en redes y una web para informar dónde estarán los puestos”, agregó el legislador canario Álvaro Perrone. Para organizar mejor la recolección de firmas -que correrá en paralelo a las negociaciones parlamentarias- los cabildantes dividirán el mapa en zonas. Los departamentos del interior tendrán cinco puntos diferenciados, mientras que la campaña tendrá sus propias características logísticas en Montevideo y en Canelones.

“Se plantea conformar una comisión que lleve adelante la recolección de firmas, que será abierta a todos los colectivos que quieran integrarla, vengan de donde vengan”, afirmó Perrone.

Un punto clave, que al día de hoy genera incertidumbre en todo el arco político, es el contenido de la papeleta que se sometería a votación el 27 de octubre de 2024. Se espera que el texto se resuma a dos artículos. Según Perrone, con esta definición se busca que la gente sepa claramente “qué está firmando” al llenar el formulario. Por un lado, el primer artículo apuntaría al objetivo de “garantizar” el cumplimiento del artículo 52 de la Constitución, que prohíbe la usura, como recordó Manini Ríos el jueves pasado. En tanto, el segundo punto de la papeleta indicaría explícitamente el mecanismo para reestructurar las deudas de las personas físicas.

adrián peña

“Todos coincidimos en que hay un problema”

“Todos los partidos coincidimos en que existe un problema, ese es un punto de arranque y no es menor. Ninguno lo está negando”, destacó el senador Adrián Peña, del sector Ciudadanos. Aunque señaló que la principal dificultad “no parece estar en el sistema bancario, donde la morosidad es muy baja”.

Para el exministro de Ambiente, el proyecto de CA es “inviable”. “Nadie se va a presentar sabiendo que en una refinanciación cobra menos que con el Estado. Cualquiera de nosotros toma un crédito y nos va a convenir no pagar”.

Debate

Cuando Cabildo Abierto presentó la segunda versión del proyecto de ley, a fines de mayo, la Comisión de Legislación y Constitución del Senado le dio un tratamiento prioritario. Es por esto que legisladores de otros partidos que integran este ámbito ya se encontraban trabajando en contrapropuestas antes de que se confirmara la recolección de firmas.

La senadora Asiaín adelantó a El País algunas claves de la iniciativa nacionalista y la “principal diferencia” con respecto a la propuesta cabildante. “Para nosotros el respeto de los contratos firmados es un principio fundamental, que hace a la seguridad jurídica”, sostuvo. “Sin respetar ese principio se descarrila no solo el sistema jurídico, sino que se ahuyentan las inversiones y se retrae el crédito. Porque: ¿quién va a dar préstamos si después se va a imponer desde afuera un acuerdo que va a cambiar las condiciones? Quienes van a salir más perjudicados son los deudores, que van a recurrir al mercado negro”, afirmó.

Por un lado, se prevé una instancia administrativa ante Defensa al Consumidor para que el deudor tenga la posibilidad de reunir a todos los acreedores juntos y plantear su situación. Con un mediador, se podría llegar a un acuerdo. Si las partes no conciliaran allí, se abriría una instancia judicial. De arribarse a un acuerdo por la mayoría de los acreedores -al menos dos tercios de la deuda- este sería obligatorio para todos. La iniciativa que Asiaín trasladará a la bancada se completa con otros puntos, como la imposibilidad de repetir este proceso en menos de cinco años y que quienes puede acceder son quienes tengan deudas mayores a cuatro años.

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“Deuda justa” y topes a tasas de interés, claves de Cabildo

Una de las definiciones centrales de la última versión del proyecto de ley refiere al de “deuda justa” y a los nuevos topes a las tasas de interés. Esta “deuda justa” es definida como el monto inicialmente convenido entre las partes pero convertido a Unidades Indexadas (UI), de acuerdo al valor en que se celebró el acuerdo. A este monto se le sumaría una tasa efectiva anual del 2% por conceptos de intereses, multas, moras o cualquier tipo de recargo, restándole antes los pagos realizados por el deudor hasta la fecha, también en UI. Asimismo, la nueva versión del proyecto de ley delimitó qué uruguayos podrán acceder a la reestructuración de las deudas personales, cumpliendo tres requisitos en simultáneo. El primero es que el deudor no tenga un inmueble o, si lo tiene, que viva en él y valga menos de US$ 240.000, de acuerdo a los valores actuales de UI. Tomando como referencia estos parámetros, tampoco podrá tener un vehículo que supere los US$ 22.000 ni ingresos mensuales que superen los $ 116.000.

“Esas limitaciones son a todas luces extremadamente flexibles. Una amplia mayoría de la población tiene ingresos líquidos mensuales muy inferiores. La mitad de los hogares tiene un ingreso mensual inferior a $ 70.000, con un promedio de casi dos perceptores por hogar”, valoró el economista Pablo Roselli en su columna de En Perspectiva, el programa radial.

La iniciativa prevé la creación de un procedimiento judicial para reestructurar las deudas de las personas, precedido de un intento de conciliación. Dentro de los seis meses de haber incurrido en mora del pago, los deudores podrán acudir al Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá citar al deudor y los acreedores a una audiencia dentro del plazo de 45 días. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se derivaría a la Justicia. El juez podrá proponer la reestructuración, pero si tampoco así se llegara a un consenso, se pasaría a la reestructuración forzosa.

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