Conflicto en el puerto: en qué están las conversaciones de un problema que la Torre Ejecutiva monitorea de cerca

La actualización del conflicto en el puerto, que tiene a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) en diálogo permanente bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es seguida con extrema atención por la Torre Ejecutiva, que espera un desenlace favorable para este viernes y descartar oficialmente la alternativa de decretar la esencialidad en el sector, una medida extrema que generaría un problema político importante en el gabinete, pues significaría la renuncia del titular del MTSS, el comunista Juan Castillo.

Las pérdidas millonarias por la obstaculización de las exportaciones —solo este año ya se perdieron 26 días de trabajo en los muelles especializados, de acuerdo al cálculo de la empresa—, la tensión general en toda la economía y el aumento de la presión política (ver recuadro) hacen que, en este momento, el conflicto sea uno de los embrollos más complejos que tiene entre manos el Poder Ejecutivo.

El tema estuvo incluso arriba de la mesa en una reunión que mantuvo ayer por la mañana el presidente de la República, Yamandú Orsi, con una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales. Allí se abordó —según contó el propio jefe de Estado en sus redes sociales—, justamente, "la situación del puerto y la conflictividad laboral", con la mira puesta en encontrar "soluciones que permitan sostener la actividad y cuidar el trabajo".

Leonardo Loureiro, presidente de la confederación, dijo a El País que los jerarcas, y especialmente Orsi —quien estuvo "muy activo en la reunión"— manifestaron en la reunión que el conflicto se está monitoreando "al detalle" y que, aunque tenían "todos los instrumentos sobre la mano para tomar las decisiones que haya que tomar", en explícita referencia a la eventual declaración de esencialidad, las esperanzas estaban puestas en que las negociaciones, valga el juego de palabras, lleven a buen puerto.

"Este tema preocupa mucho al presidente, es importante que quede claro ese mensaje", insistió el empresario.

Foto: Estefanía Leal

Las conversaciones en el ámbito tripartito de este martes culminaron con el compromiso de no solo continuar este miércoles, como ya estaba dispuesto, sino con el compromiso del sindicato —que maneja este proceso con hermetismo— de dar una respuesta a un planteo de "mejoramiento" en el rubro de jornales asegurados.

"Se está negociando fuerte", dijeron a El País, en tanto, fuentes de Presidencia.

El planteo de la empresa hace referencia a uno de los aspectos medulares de las negociaciones en este convenio. Otros ya se dejaron de lado con el rechazo frontal de Katoen Natie (socio mayoritario de TCP), como por ejemplo la reducción de la jornada laboral —bajar de ocho a seis horas los turnos de trabajo—, tal como se siguió en el sector de la construcción —en donde se pasó de 44 a 40 horas semanales, en un régimen de transición gradual hasta 2030—, o una demanda que introdujeron recientemente los trabajadores de incrementar los salarios un 10% para toda la plantilla, con la excepción de los gerentes —lo que de acuerdo al cálculo de la firma generaría un sobrecosto de US$ 3.363.631.

La propuesta de TCP apunta a aumentar la cantidad de jornales mensuales asegurados que está dispuesto a pagar la empresa, que hasta ahora había ofrecido un máximo de 21 —para los casos de trabajadores que hoy hacen un piso de 17—, lejos de lo que originalmente había trasladado el sindicato, que hasta esta semana "mantuvo la postura de obtener 24-25 jornales".

"Si el sindicato mantiene esa posición, y sigue planteando la reducción de la jornada laboral, vamos a necesitar más tiempo de gimnasia para poder avanzar", dijo el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, que agregó que en las últimas conversaciones, también "se avanzo´en varios aspectos, como paridas adicionales, bonos, y otros aspectos, pero el sindicato no se ha bajado de su postura en cuanto a los jornales asegurados y la reducción de la jornada". "Si llegamos al viernes con esto arriba de la mesa —repitió—, va a ser difícil".

Asimismo, el establecimiento de una guardia gremial para activar durante conflictos como los de este año es otro requerimiento que, por su parte, exigió TCP y que tiene el "OK" del gremio, dijo Correa, pero cuyos detalles tampoco están definidos.

El País intentó en las últimas horas el contacto con Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra, para conocer la visión del gremio sobre estos y otros puntos, pero respondió que no aportará información hasta este jueves.