La Comisión de Constitución y Códigos del Senado dio inicio este martes, con los votos del oficialismo, al juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Los legisladores respondieron así a un pedido que ingresó el pasado 31 de octubre tras una acción promovida por los ediles de la oposición departamental, argumentando la reiterada negativa de la intendenta a responder los pedidos de informes que se le efectuaban.

Este mismo martes la comisión decidió darle vista a Cosse de todas las actuaciones que se han llevado adelante sobre el tema y ahora la jefa comunal capitalina tendrá la oportunidad de hacer los descargos correspondiente. Podrá hacerlo personalmente o por escrito.

Luego de eso, los legisladores deberán definir si avanzan con el proceso o archivan el pedido de los ediles. En diálogo con El País, la senadora nacionalista Graciela Bianchi admitió que se trata de un tema "complejo", pero aseguró que la decisión de este martes no significa en absoluto una pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El Frente Amplio votó en contra y pidió el archivo de la causa. Para la coalición de izquierdas este siempre fue un asunto "absolutamente desproporcionado", según había manifestado en la comisión la senadora Liliam Kechichian.

Cosse siempre mantuvo que el pedido de juicio político constituía un "atropello" en su contra. Así lo explica en una exposición que conserva fijada en su cuenta de Twitter.

El pedido de juicio político a Cosse se reflotó la semana pasada ante las "actitudes persistentes" de la titular de la intendencia en cuanto a no responder a los llamados a sala que se le efectúan en la Junta Departamental. Así sucedió cuando Cosse fue convocada a responder sobre la formación profesional de su director de Empleabilidad para la Inclusión social, Gabriel Chevalier, que aceptaba ser presentado como sociólogo si tener ese título.

El Frente Amplio impuso su mayoría en la junta y promovió en su lugar la concurrenciadel director de Gestión Ambiental, Gabriel Moncecchi, y del prosecretario Daniel González.

El trámite de juicio político aparece regulado por el artículo 296 de la Constitución. Alli se indica que intendentes y ediles podrán ser acusado ante el Senado por un tercio de los componentes de las respectivas juntas departamentales. Las causales aparecen previstas en el artículo 93 de la Carta Magna: Una de ellas es "violación a la Constitución", lo que según los ediles denunciantes habría cometido Cosse a negarse a responder información o concurrir a la junta. Otra causal es la comisión de "delitos graves".

El Senado podrá separarlos de su destino con el voto de dos tercios de sus componentes. Votos que de los que la coalición carece y que el Frente Amplio, por obvios motivos, no aportará. El Senado no tiene plazo para definir el tema, pero todos saben que, tarde o temprano, y con o sin votos, la discusión se dará.