Redacción El País
Con 22 votos en 23 presentes y en medio de un fuerte y prolongado debate, el Senado clausuró este martes las actuaciones en torno al polémico pedido de juicio político presentado contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

El tema venía discutiéndose en el Parlamento desde noviembre del año pasado, cuando la cámara recibió una solicitud de enjuiciar a Cosse, planteada por un grupo de ediles blancos y colorados en la Junta Departamental. El pedido estaba fundamentado en la presunta violación, por parte de la intendenta, del artículo 285 de la Constitución. Allí se establece que los jefes comunales pueden hacerse representar cuando sean llamados a sala, salvo cuando la convocatoria se trata de un incumplimiento de su parte en responder los pedidos de informes que se le efectúen.

Al plenario de la cámara alta llegó este martes una moción única. Elaborada por el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, el colorado Adrián Peña, allí se indicaba que, de acuerdo las pruebas remitidas, "no están configuradas" las causales previstas constitucionalmente para iniciar el juicio que, de prosperar, inevitablemente iba a derivar en un proceso de destitución en contra de Cosse.

En el informe de Peña señala que la acusación recibida "carece de sustento jurídico", por lo que recomendaba el archivo de las actuaciones. El escrito, elevado por unanimidad, podía hacer prever un rápido trámite. Pero la sesión terminó extendiéndose por más de cinco horas, ante la división que el tema generó en el propio oficialismo, donde se generaron por lo menos tres posturas diferentes. La coalición venía hace semanas debatiendo cómo pararse ante un desafío: clausurar las actuaciones sin dejar en falsa escuadra a sus curules, que fueron los que promovieron el proceso.

Para la mayoría de los senadores de la coalición Cosse violó la Constitución. Se señaló sin embargo que la intendencia no incurrió en una conducta que implicara una responsabilidad penal. Por lo tanto, no correspondía un juicio político.

En una postura media se ubicaron los senadores nacionalistas Sergio Botana, Juan Straneo y Sebastián Da Silva, que al momento de votarse la moción se retiraron de sala. "Es un error gravísimo haber tratado este tema", señaló Botana. "No debimos haberlo tratado jamás", aseguró.

Si bien aceptó que Cosse pudo haber violado las normas, el senador se preguntó "si alguien se le puede ocurrir" que la jefa comunal capitalina pueda caer por esa razón. Botana, exintendente de Cerro Largo, admitió que durante sus gestiones incurrió en la misma conducta de la ahora se acusa a Cosse y consideró que el Senado debió haber actuado "como hacen los padres cuando saben que su gurí hizo algo mal, pero lo hizo por una razón justa": hacer silencio. Un silencio, dijo, que funciona como una advertencia hacia el futuro.

Botana mocionó inútilmente para que el caso volviera a comisión y allí se dejara vencer el plazo constitucional previsto para su archivo. Aseguró que el pronunciamiento del Senado será para Cosse como un "premio a lo que se hizo mal". "Nunca más nadie respetará la Constitución" dijo, en referencia a los intendentes.

En solitario quedó el también nacionalista Jorge Gandini, el único que rechazó votar en sala la moción que terminó prosperando este martes. En su opinión el pedido de los ediles fue pertinente, ya que hubo una "clara violación" por parte de Cosse a la Constitución.

"Hicieron lo único que podían hacer", expresó. Gandini recordó que más de una vez Cosse ha incurrido en este tipo de conductas. "Está bueno que pongamos un límite", dijo. "A la intendenta, claramente, no le gusta que la controlen".

El Frente Amplio actuó monolíticamente en defensa de Cosse y descartó en todos sus términos la acusación en contra de la intendenta de Montevideo. "No hubo ninguna violación a la Constitución", aseguró en sala el senador Charles Carrera.

La izquierda hizo valer en el informe que la propia jefa comunal había presentado en el Parlamento, y que desvirtuaba los señalamientos de los ediles. El informa de la intendencia subrayaba que la administración había respondido absolutamente todos los pedidos de informes efectuados en los últimos dos ejercicios. Fueron 234 pedidos en 2021 y 278 el año pasado. También se destacó el primer lugar que ostenta Montevideo en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, que relevó en 2021 la actuación de 228 organismos públicos. La comuna ocupa allí el octavo lugar. Canelones está en el 22, Maldonado en el 33 y Florida en el puesto 55 de ese ranking.

Carrera y algunos de sus colegas optaron por invertir los términos del debate y sostuvieron que fueron los ediles de la oposición departamental los que atentaron contra la Constitución utilizando "a piacere" y haciendo un "uso y abuso irresponsable " de los instrumentos de contralor previstos en la carta magna.

"Eso sí es atentar contra la Constitución y contra una autoridad electa legítimamente", aseguró Carrera. "Es muy grave. Hay que respetar la democracia". Carrera aseguró que lo de este martes pasará a constituir un "caso paradigmático".

El Frente Amplio también comparó el accionar del que se acusa a Cosse con el de otras intendencias. En particular las gobernadas por el Partido Nacional. Carrera se preguntó qué pasaría si el Frente Amplio decidiera enjuiciar políticamente a todos los jefes comunales que no responden los pedidos de informes. Como ejemplo, puso a Lavalleja. Según aseguró, esa intendencia no respondió ni uno de los 102 pedidos de informes que se le efectuaron.

También se apeló a lo que sucede en el propio Senado. Según Carrera, los ministerios adeudan el 60% de los pedidos de informes que se le efectuaron en esta legislatura.

Su colega José Carlos Mahía apeló por su parte a lo que, consideró, fue la verdadera razón para que el oficialismo decidiera "remar en dulce de leche" y dar el debate, y así no verse obligados a reconocer que la acusación de sus ediles representó un "disparate".