Con cambios, Diputados votará bajar monto de multas de tránsito: costo se reducirá según plazo de pago

Con varias modificaciones, tras intercambios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Congreso de Intendentes, diputados del oficialismo y la oposición negocian el proyecto de ley para reducir el costo de las multas de tránsito, que fue presentado por el colorado Conrado Rodríguez, el nacionalista Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone.

Según supo El País, aunque persisten diferencias, hay intenciones de aprobar la iniciativa en comisión el próximo 29 de abril para que pase al pleno y sea votado en Diputados en los primeros días de mayo.

En el caso de infracciones por exceso de velocidad, se plantea una reducción de 50% cuando se supere hasta 20 kilómetros la velocidad máxima permitida, pero siempre y cuando se pague 90 días desde la notificación de la sanción.

Este último punto fue el incorporado más recientemente a partir de un reclamo de la cartera que solicitó se beneficie a los buenos pagadores. De esta forma, el costo pasará de 5 Unidades Reajustables (UR) a 2,5, es decir, $ 4.786 (el valor actual de la UR es de 1.914,42).

La nueva redacción del proyecto, sin embargo, establece una evolución escalonada: cuanto más se demore el pago, mayor será el costo de la multa. Si se abona entre el día 91 y el 180, el monto será de 3,5 UR ($ 6.700); superados los seis meses, se aplicará el valor vigente de 5 UR ($ 9.572).

Entre 21 y 30 kilómetros de exceso, la sanción pasaría de tener un costo de 8 UR ($ 15.315) a la mitad en caso de pagarse en los primeros 90 días: $ 7.657 (4 UR). Entre los 91 y 180 días, el costo pasará a ser de 5,5 UR ($ 10.529) y tras haber transcurrido más de seis meses de la notificación el valor será como el establecido en el presente.

Al igual que la propuesta original, también se reduce a 6 UR para los casos en que el exceso de velocidad sea superior a los 31 kilómetros por hora y hasta el doble del límite permitido menos uno (si el límite es de 45 kilómetros y se excede hasta los 89 kilómetros). Igual que en lo establecido anteriormente, se establece aumentos progresivos según los días pasados que van hasta las 8,5 UR y 12 UR tras pasar los 181 días.

Para los que sean multados por superar por encima del doble la velocidad máxima permitida la multa será de 15 UR, $ 28.716. En paralelo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó una propuesta similar —aunque sin reducir el costo actual de las sanciones y con descuentos porcentuales más acotados para buenos pagadores— orientada a “incentivar en vez de penalizar”. Además, el oficialismo evalúa incorporar como variable en la negociación un tratamiento específico para reincidentes, definidos como aquellos con más de cinco infracciones en rutas nacionales en el plazo de un año.

Por otra parte, se mantuvo en 10 UR ($ 19.144) la multa por cruzar semáforos en forma no autorizada o realizar adelantamientos en zonas prohibidas en rutas nacionales. En tanto, para quienes conduzcan vehículos bajo los efectos del alcohol o drogas —o se nieguen a hacer la espirometría— la sanción seguirá siendo de 15 UR ($ 28.716).

Lo mismo para los que circulen sin matrícula, la oculte o la altere. En este último caso, por pedido del MTOP —que informó que más de 300.000 multas no se pudieron sancionar por esta razón—, se suben la multa de 4 UR a 15 UR, consignó El Observador.

Según supo El País, a pedido del MTOP se incluyó en el articulado que la totalidad de lo recaudado por aplicar multas a vehículos que circulen con matrículas adulteradas se utilice para financiar obras de infraestructura vial, con destino a la Corporación Nacional de Desarrollo (CND).

Asimismo, se plantea la creación de un “Fondo de Educación en Seguridad Vial” a ser administrado por el MTOP, con el objetivo de “diseñar e implementar campañas masivas de información y educación para la buena conducta de los conductores, la instalación de radares pedagógicos, para lograr un adecuado cumplimiento de la normativa de tránsito, que contribuya a reducir la siniestralidad en Uruguay”.

Se destinará a este fin el 10% del total de lo recaudado por infracciones de tránsito por exceso de velocidad. No obstante, en el Frente Amplio genera dudas si el Parlamento tiene competencia para legislar sobre este asunto o si debería ser una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Entre los impulsores de la iniciativa, quien ha puesto mayor énfasis en sostenerla es el diputado de Vamos Uruguay, al considerar que el proyecto no debería limitarse a un enfoque económico, sino también incorporar políticas públicas con eje en la educación vial.

Durante la comparecencia a la comisión de Hacienda del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, el jerarca fue consultado por Rodríguez sobre las campañas que se estaban llevando adelante.

En la instancia, el exintendente de Canelones informó que aunque hay algunas que se están desarrollando a través de las intendencias departamentales, Primaria y Secundaria. En tanto, acotó que aunque hay pedidas campañas de bien público a Presidencia de la República, “no alcanza”.

“Igual, históricamente, Unasev ha hecho campañas en redes, en territorio, vinculadas al inicio del verano, turismo, carnaval, el inicio de clases, el día del peatón. Ese tipo de campañas también se utilizan y se pueden reforzar. Entonces, ¿tenemos previstas campañas de bien público? Sí, tenemos solicitadas. Todavía no hemos podido lograr que se resuelvan, pero el fondo (de Seguridad Vial), de alguna manera, nos puede dar cierta independencia para potenciar las campañas, en términos económicos, claramente. Por eso apostamos también a ello”, respondió Metediera cuando fue consultado al respecto.