Coalición de gobierno prioriza reparar a las víctimas de guerrilla

El tema ha estado rondando la agenda de la coalición de gobierno casi que desde el inicio del actual período de gobierno. Fue siempre una específica preocupación de Cabildo Abierto -aunque dentro del Partido Nacional también hay dirigentes que han planteado esta necesidad- pero que recién terminó de concretarse esta semana, con el envió al Parlamento de un proyecto de ley.

La iniciativa fue firmada por todo el gabinete del gobierno de Luis Lacalle Pou durante el Consejo de Ministros de este lunes, y en grandes líneas propone la reparación económica, moral y simbólica de aquellas víctimas que hayan sufrido daños humanos o materiales como consecuencia de la actuación de los “grupos armados políticos” en las décadas del 60 y 70. Es decir, en los convulsionados años anteriores a la dictadura cívico-militar, y durante parte -más bien su inicio- de este período.

“Las referidas víctimas y sus familias han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a una indemnización pecuniaria por los daños ocasionados como consecuencia de los hechos ocurridos entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, así como su reparación moral”, dice el texto de la exposición de motivos, que es por demás conciso.

“Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, se agrega.

El proyecto llegó en respuesta a una minuta de comunicación que había votado la Cámara de Senadores días atrás a iniciativa de los cabildantes. En el oficialismo hay quienes interpretan que, de esta forma, el gobierno responde a uno de los tantos pedidos que hace el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, que suele ser el más crítico con la gestión de gobierno dentro de la coalición, y una voz que suele reclamar, justamente, que sus aspiraciones no son siempre atendidas.

Ahora la idea del Poder Ejecutivo -y así está acordado con los senadores oficialistas- es que la propuesta ya tenga estos días un rápido tratamiento, y que el Senado la apruebe antes de que termine el año, pese a estar en pleno receso parlamentario -que por otra parte ya ha sido levantado para discutir y también aprobar la reforma previsional en la cámara alta.

“Para nosotros esto es prioritario y lo hemos hablado con toda la coalición”, dijeron a El País fuentes de Presidencia.

Hasta el momento eso parece posible, pues todos los partidos de la coalición de gobierno están alineados en resolver una situación considerada “injusta”, al decir del ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

En el resto de las bancadas la opinión es mayoritariamente favorable -ni blancos ni colorados han manifestado algún tipo de reparo -, pese a que los legisladores han tomado contacto con el texto en las últimas horas.

Esto no quita, no obstante, que no sean necesarias algunas negociaciones para ajustar la redacción o incorporar algún otro elemento, como analiza en este momento Cabildo Abierto, tal como señaló a El País el senador y presidente de este partido, Guillermo Domenech.

Pero mismo en el Partido Independiente, por ejemplo, el diputado Iván Posada aseguró que aunque es cierto que están “de acuerdo en establecer algún tipo de reparación” a esta población -como ocurre actualmente con las víctimas y familiares de los asesinados y lastimados por el aparato represivo del Estado en aquellos años- entienden que debería haber un mayor énfasis en los casos en que los lesionados hayan sido funcionarios del Estado. “Es un tema que tendremos que analizar profundamente en la mesa nacional del Partido Independiente”, señaló en ese sentido el legislador, que añadió que el tema es “complejo”, porque entre otras cosas habrá que ponderar en detalle los distintos tipos de responsabilidades en juego.

El texto del proyecto, que consta de cinco artículos, es bastante breve.

En el segundo punto, luego de acotar con precisión las fechas del marco temporal de los hechos a resarcir, se define que están “comprendidas en la presente ley todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal, respecto de los hechos ocurridos en el período señalado”.

Para resolver quiénes podrán acogerse a la reparación, el tercer artículo de la iniciativa plantea crear “una comisión especial que entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como al otorgamiento de los beneficios dispuestos, cuya integración, cometidos y funciones serán determinados por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo”.

En el cuarto artículo queda explícito que la compensación no deberá tener exclusivamente un carácter económico. “El Estado -dice el texto- promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria”.

Por último, en el artículo 5°, se define que “los gastos que genere la aplicación de la presente ley serán atendidos por Rentas Generales”.