El presidente Yamandú Orsi recibió ayer una carta personal, en la que se le pidió atender un reclamo específico: modificar el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. La misiva fue enviada por un grupo de profesionales independientes, autodenominados “afectados por la transición acelerada”. El grupo está integrado por los profesionales nacidos entre 1967 y 1973. Se trata de unos 10 mil “cincuentones” que, según indicaron, realizan ahora los “aportes más onerosos” a la caja y se sienten “impotentes en manos del sistema político” que “dictaminará el futuro de cada uno de nosotros hasta nuestros últimos días”.

La base del reclamo está en las diferencias que, señalaron, existen entre el régimen previsional común vigente desde 2023 y el que plantea esta reforma. El primero -que engloba también a la Caja de Profesionales- establece un régimen de transición para los nacidos a partir del 1° de enero de 1973. Esta reforma particular, en cambio, “acelera” el inicio de la transición a partir del 1° de enero de 1967. A juicio de los reclamantes, representa una “violación flagrante” al principio constitucional de igualdad y tomando al grupo como “moneda de cambio” para que el proyecto avance.

A juicio de estos profesionales, el proyecto del gobierno “literalmente nos sacrifica”, ya que “pone sobre las espaldas de los cincuentones” el salvataje de la caja. El análisis es que estos profesionales, a partir de la ley, pagarán más, se jubilarán con menos y verán dilatada la edad de retiro hasta, incluso, a los 65 años.

Foto: Estefanía Leal

En la carta -cuyo contenido es similar a las que el grupo presentó en las últimas horas ante el Senado y Diputados- se planteó, por ejemplo, que a un profesional de 58 años, a meses de jubilarse por el régimen vigente, se le cambiarán las “reglas de juego” y podrá jubilarse recién a los 61 años. Otro caso es el de un profesional, de 53 años, que en enero de este año aportaba $ 25.700 y pasará a hacerlo por $ 37.280. Asimismo, con el régimen actual, se consideran los últimos tres años de aportes. Con el proyecto planteado, hasta los últimos 18 años según la fecha de nacimiento.

La misiva llega en momentos en que los senadores y diputados de la Coalición Republicana procuran acercan posiciones, con el objetivo de llegar a una alternativa común al proyecto del gobierno, que se pretende votar en la cámara alta el 30 de junio. En ese sentido, los firmantes ya gestionaron reuniones con algunos parlamentarios del arco opositor.

Según las estimaciones del grupo, el colectivo será el más perjudicado por la reforma, al “perder” en forma conjunta unos US$ 600 millones entre los 10 mil implicados, a causa de la “transición acelerada” que se propone. “Muchos vamos a terminar aportando 40 años a la caja de profesional”, se aseguró.

“Quizás algunos piensan que somos privilegiados”, sostuvieron en la carta, con relatos de diversas historias de sacrificio de parte de muchos profesionales, sobre todo los del interior, para estudiar y culminar sus carreras.

En la misiva se concluyó con un mensaje directo a Orsi que, como “profesor de historia” debería saber que “jamás en la historia se planteó una reforma previsional tan injusta, discriminatoria y abusiva”. Allí, los profesionales dijeron pensar que el presidente “no querrá ser el verdugo que cercene los derechos jubilatorios de miles de uruguayos”.

Foto: Darwin Borrelli

Luego de haber mantenido tres encuentros, los senadores de la Coalición Republicana volverán a reunirse mañana, para ajustar la alternativa común que, por otro lado, buscan consensuar con los diputados de la oposición, que en la cámara baja impulsaron un proyecto que puso en el Estado el peso de la salida a la crisis en la caja y que ahora no cuenta con respaldo en el Senado.

La intención es poder cerrar esa fórmula y presentársela al Frente Amplio (FA) antes de la votación de la ley, prevista para el próximo 30 junio.

Ayer el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió en el Senado con la vicepresidenta Carolina Cosse. Oddone volvió a dejar en claro en las últimas horas que si la salida a la crisis de la institución no se aprueba a corto plazo -con aportes de pasivos y activos- “todos los uruguayos “ deberán pagar la solución que impactará en el ámbito fiscal.

Foto: Francisco Flores