Charles Carrera denuncia "lawfare" en su contra y anuncia contratación de un estudio de abogados de Washington

Redacción El País
El exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Frente Amplio Charles Carrera anunció este viernes que iniciará "acciones legales a nivel internacional" por la denuncia en su contra que aún es investigada por la Fiscalía.

Para ello, anunció, contrató a un estudio de abogados "con sede en Washington D.C.". Se trata del estudio jurídico IHR Legal, que "presentará este caso de vulneración de derechos de un ciudadano y legislador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

Carrera dijo ser víctima de lawfare, "persecución política a través de denuncias ante el sistema de Justicia", y afirmó que quiere "sentar un precedente" para que esta maniobra "no tenga cabida" en el sistema político uruguayo.

Carrera es investigado por la asistencia que ordenó dar, entre 2013 y 2017, desde su cargo de director general del Ministerio del Interior, a Víctor Hernández, un civil que a fines de 2012 quedó parapléjico en La Paloma a raíz de una bala perdida que lo impactó y que, se presumió en su momento, salió de una casa en la que se desarrollaba una fiesta con policías.

Lo que la fiscalía investiga -y que fue objeto de una comisión investigadora parlamentaria- es la asistencia que Hernández recibió en el Hospital Policial y la ayuda económica que se le brindó durante esos años a través de tickets de alimentación en forma presuntamente irregular, al carecer de la condición de funcionario policial. La investigación se originó a raíz de una denuncia que en 2022 presentó el ministerio comandado por ese entonces por Luis Alberto Heber. La causa está a cargo de la fiscal Silvia Porteiro y, hasta ahora, no ha tenido avances significativos. La situación procesal del exsenador sigue, por lo tanto, sin definición.

Ya el 25 de abril Carrera dijo que su equipo de abogados "presentó una recusación contra la fiscal Silvia Porteiro, quien tiene a su cargo la denuncia penal". "En este proceso no existen garantías de imparcialidad", señaló en ese momento, alegando que la causa estaba estancada.

Foto: Archivo El País

"Todos los ciudadanos tenemos derecho a un proceso justo, con las máximas garantías del debido proceso. En este caso, ese principio básico no se ha respetado y el proceso se encuentra, claramente, viciado", añadió.

Fue en setiembre de 2024 cuando se conoció que la fiscal pediría el desafuero de Carrera. En ese momento el senador renunció a su banca, y días después se supo que, pese a que integraba la lista del MPP para las elecciones, no asumiría en esta legislatura.