Certificaciones médicas: gobierno y COFE logran preacuerdo para dar más días y exonerar más enfermedades

El Poder Ejecutivo y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) alcanzaron un preacuerdo por el régimen de certificaciones médicas para el sector público. Después de insistentes reclamos del sindicato por los cambios a la normativa que implementó el gobierno de Luis Lacalle Pou y semanas de negociaciones con el Poder Ejecutivo, llegaron a buen puerto y se dará inicio a una nueva etapa: la discusión del Presupuesto en el Parlamento.

La administración anterior, a través de artículos en una Rendición de Cuentas, resolvió que los funcionarios públicos dispongan de nueve días de licencia al año no acumulables para enfermedades —salvo excepciones, como algunas patologías como el cáncer o las vinculadas al embarazo— y que, a partir del décimo día, cobren un 75% del salario.

Esa resolución, desde un primer momento, generó rechazo de COFE, que incluso recurrió a la Organización Internacional del Trabajo. Un tiempo después, ya en el gobierno de Yamandú Orsi, el sindicato de funcionarios públicos logró que se suspendiera la aplicación de la normativa sobre certificaciones médicas mientras se daban las negociaciones para hacerle cambios.

La firma del preacuerdo se dio en la tarde del martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la presencia del ministro Juan Castillo.

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, indicó a El País que el preacuerdo —porque restará que los distintos sindicatos den la discusión a la interna y que lo evalúe el departamento de trabajadores estatales del Pit-Cnt— es subir de nueve a 12 días la cantidad de jornadas que tiene el trabajador para certificarse al año sin descuentos.

Otro punto importante —continuó el vicepresidente del Pit-Cnt— es que se "incluyen más enfermedades" en el listado de las exoneradas del descuento de días que tiene cada trabajador al año. López destacó que, sobre todo, se logró incorporar las "más complejas" como las vinculadas a "salud mental" y más "derivadas del embarazo" de las que ya había.

Foto: Ignacio Sánchez.

Hay una cuestión clave en esta discusión: el gobierno anterior estableció por ley que son nueve días por trabajador, por lo tanto, subirlo a 12 implicaría cambiarla a través del Parlamento. La idea es poder incluirlo en la ley de proyecto de Presupuesto, que deberá ingresar antes del 31 de agosto y por la que se abrirá un periodo de fuertes negociaciones entre los distintos partidos.

Castillo, ante la consulta sobre si ya se habló con otros partidos políticos porque en la Cámara de Representantes el Frente Amplio no tiene mayoría, respondió: “Todavía no, el acuerdo todavía no tiene forma de redacción de ley. La búsqueda de acuerdos en el Parlamento se da por todo el paquete de Presupuesto, que para cada uno de los artículos se debate, discute. (Es un proyecto que) lleva a la práctica la concepción de un gobierno distinto”.

Otra particularidad del preacuerdo —señaló Castillo— es que se plantea que “pueda ser extensivo al conjunto de empleados públicos del país, que no quede nadie por fuera”.

Esto es porque la normativa que se aprobó en el gobierno anterior tenía excepciones al sistema: en Fiscalía, por ejemplo, no abarca a los fiscales y en el Poder Judicial, a los magistrados y defensores públicos.

La suspensión de la aplicación de la normativa —que se comenzó a aplicar para poder negociar con otro clima— iba hasta el 31 de agosto pero, según dijo el vicepresidente de COFE, se mantendría hasta el 1° de enero, cuando empiece a regir la Ley de Presupuesto.