COFE y el gobierno llegaron a un acuerdo: suspenden por 60 días nuevo régimen de certificaciones médicas

Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Poder Ejecutivo firmaron este viernes el acta de acuerdo que establece "la suspensión por 60 días" del nuevo régimen de licencias médicas aprobado por la anterior administración y que comenzó a regir desde el 1° de abril de este año.

La normativa, que es rechazada por los trabajadores y que motivó una queja de COFE ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que los funcionarios estatales solo cobrarán la totalidad de su sueldo si se certifican por razones de salud por un máximo de nueve días al año. A partir de la décima jornada, perciben el 75% de su salario.

Foto: Leonardo Mainé.

En rueda de prensa, el secretario general de COFE, Joselo López, celebró que con este acuerdo se abra un período para "negociar en igualdad de condiciones". Según el dirigente, COFE planteará la posibilidad de derogar la ley, pero están abiertos a ver qué propone el Poder Ejecutivo.

La suspensión comenzará a regir a partir del 1° de julio y de ahí en adelante COFE y las autoridades tendrán 60 días para llegar a un acuerdo. López espera que el Poder Ejecutivo les planteé una primera alternativa durante la primera semana de julio y que a partir de entonces se defina un calendario de reuniones.

"Todavía no hemos conseguido nada, pero creo que es muy importante la señal del Poder Ejecutivo", manifestó López y celebró la posibilidad de negociar "sin tener una presión de que se le van a aplicar descuentos a los trabajadores".

Previo a este acuerdo, COFE había advertido al gobierno que volvería a reclamar ante la OIT contra el nuevo sistema de certificaciones médicas, ante la falta de acuerdos.

"Nosotros estamos llevando adelante una política que implica corregir todas aquellas patologías o mal uso de estos sistemas", dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y comparó estos procesos con los acuerdos a los que el gobierno llega con las empresas: "Como en el caso de Arazatí, que sacamos un decreto suspendiendo el acuerdo, lo mismo estamos haciendo con el movimiento sindical".

"Creemos que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo y lo que hay que intentar es evitar que haya abuso con respecto a esto, lo que pasa es que no se puede legislar sobre las patologías y para eso necesitamos tener un marco jurídico que reconozca estas situaciones. Es decir, que primero proteja a los trabajadores que cuando están trabajando no estén obligados a trabajar enfermos, y el otro mecanismo es evitar a los vivos que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad", aclaró Sánchez.