Caso Toma: resolución del gobierno revela las contradicciones sobre las misiones oficiales

PRESIDENCIA ABRE SUMARIO

El presidente Luis Lacalle Pou dispuso un sumario administrativo y la suspensión preventiva por seis meses al cargo que Miguel Ángel Toma, exsecretario de la Presidencia en el último gobierno del Frente Amplio, ostenta como fiscal de Gobierno.

La decisión fue motivada por una serie de viajes que el exjerarca hizo al exterior durante el pasado período en el marco de juicios por el “Plan Cóndor” y la minera Aratirí, a los que fue acompañado por Giuliana Pérez, que se desempeña en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), de quien se advierte no tenía idoneidad técnica para ser parte de esas comitivas.

El instructor de la investigación administrativa advirtió la existencia de una “clara contradicción” entre un informe del 30 de diciembre del año pasado dirigido a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y las declaraciones luego dadas por el exsecretario de la Presidencia en el marco de esta investigación.

El documento, que se colgó en la tarde de ayer en la web de Presidencia, señala que el fallecido presidente Tabaré Vázquez no dio el aval para “algunas de las misiones oficiales” a las que fue Toma.

La resolución insiste sobre este punto, señalando que si bien la autorización de cada misión es competencia del Poder Ejecutivo, “en las misiones en las que viajaba el exsecretario de la Presidencia, de acuerdo a sus propias declaraciones”, tanto las autorizaciones como la designación de los funcionarios que lo acompañaban las realizaba él, sin la participación de Vázquez.

“Se ha constatado que por lo menos tres de los procedimientos correspondientes a misiones oficiales no tuvieron la autorización previa del Presidente de la República”, continúa el documento, que advierte que en estos casos también existieron observaciones que fueron realizadas por el Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, se señala que en la investigación instruida por la Jutep, en un informe del 30 de diciembre de 2019, Toma aseveró que se había integrado a “un contador público” proveniente de la Senaclaft en los viajes vinculados al “Plan Condor”, debido a que se necesitaba a alguien que asesore en “daños civiles derivados de delitos penales, y además en la investigación de dineros que podrían estar financiando a algunos de los investigados”.

Sin embargo, existió una “clara inconsistencia” entre lo informado por Toma a la Jutep y las declaraciones de este en el marco del proceso administrativo realizado por Presidencia, para el cual Pérez declaró que “cumplió funciones meramente de asistencia al entonces secretario”.

Esta no es la única contradicción en la que cayó Toma, según advierte la resolución firmada por el presidente Lacalle Pou. El exjerarca frenteamplista dijo, por ejemplo, que “la designación de los integrantes de las comitivas” que lo acompañaban se hacía teniendo en cuenta “razones profesionales y de confidencialidad”, mientras que otras personas que declararon advirtieron que quienes viajaron “se trataron de meros asistentes administrativos”.

El texto advierte, seguidamente, que “por un lado, no queda ni medianamente acreditada la idoneidad desde el punto de vista técnico para el objetivo de la misión de las integrantes de las comitivas”, y por otro que la excusa para “la designación de las mismas, la confianza en aras de la confidencialidad”, tampoco quedó acreditada. Y luego explica: “Como surge de las propias declaraciones de los testigos, el conocimiento de las personas de la comitiva databa de pocos meses y a través de recomendaciones de un estudio jurídico”.

La investigación administrativa fue realizada por el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez, quien advirtió en su momento que en caso de que se decida la destitución de Toma, esta deberá confirmarse con la venia del Senado.