Cardama: notario español presentó denuncia por falsificación de firma en acta de garantía de Eurocommerce

Redacción El País
El notario español Luis Calabuig de Leyva, que negó haber firmado el acta notarial que certificaba la garantía de Eurocommerce Limited que presentó el astillero Cardama al Ministerio de Defensa, presentó una denuncia ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por entender que su rúbrica había sido falsificada.

La información fue confirmada por el Colegio Notarial de Valencia al medio uruguayo Crónicas del Este vía correo electrónico luego de que se hiciera la consulta puntual, y esto fue confirmado por El País.

En la respuesta, el Colegio Notarial de Valencia sostuvo que Calabuig de Leyva radicó la denuncia el pasado 28 de octubre y ofreció a su vez su colaboración ante las autoridades.

Consultado por Búsqueda, el notario había afirmado que el acta que acompañaba la garantía de 4,1 millones de euros, la que supuestamente acreditaba que Alex Walsh representaba a Eurocommerce, no fue firmada por él y dijo desconocer la existencia del documento que se presentó ante el gobierno uruguayo.

El gobierno de Yamandú Orsi anunció el pasado miércoles 22 de octubre que iniciaría acciones administrativas para rescindir o al menos renegociar el contrato con Cardama tras detectar al presentarse a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento que Eurocommerce era una “empresa de papel”, en vías de disolución. El Estado uruguayo también presentó una denuncia penal por los hechos ocurridos.

Una de las cláusulas del contrato, la número 21, establece: “Dentro de los derechos del Ministerio de Defensa Nacional como consecuencia del incumplimiento del constructor se agregó que, sin perjuicio de la ejecución de las garantías constituidas, en caso de que el constructor ingrese en un proceso administrativo o judicial de quiebra, o en caso de terminación anticipada del contrato por incumplimiento del constructor —lo que plantea el gobierno—, la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al Ministerio de Defensa, garantizando la propiedad de lo construido hasta ese momento”.

En el acuerdo alcanzado entre el Estado y el astillero español —firmado en diciembre de 2023— se fijó que para los aspectos contractuales regirá en caso de rescisión por incumplimiento la ley uruguaya.

Para el Partido Nacional, la posible rescisión "expone al Uruguay a demandas internacionales millonarias por un contrato cumplido por un capricho irracional y seguramente ideológico y político el gobierno acaba de anunciar que rescindiría", según sostuvo la semana pasada el presidente de su directorio, Álvaro Delgado.