Redacción El País
Cancillería anunció ayer algunas medidas y dejó en claro que, si existen “visos de ilegitimidad”, revisará contrataciones directas realizadas en las comisiones binacionales. Esto lo dejó en claro en el Parlamento el director de Asuntos de Frontera, Carlos Mata, ante una nueva polémica política que, esta vez, está centrada en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

“Cancillería no fue informada de estas contrataciones”, precisó el jerarca, luego de que la bancada del Frente Amplio pusiera sobre la mesa una denuncia por 43 contrataciones directas, todas vinculadas al Partido Nacional.

El senador Daniel Caggiani los definió como “amiguitos políticos” y familiares de dirigentes vinculados a filas blancas. La izquierda afirmó tener pruebas de estos ingresos y de sus vinculaciones políticas, y mencionó el tema durante la presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, durante la discusión de la Rendición de Cuentas.

Allí estaba el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU, el nacionalista Mario Ayala, que reconoció el ingreso de 43 contratos, junto a diez eventuales y siete becarios, aunque nunca mencionó su filiación política. Algunos contratos, sí precisó, vienen de la anterior gestión.

Pero no fue la única polémica vinculada a la CARU, que parece ser la nueva fuente de denuncias en referencia a irregularidades detectadas en organismos binacionales. Ante la comisión, Ayala tuvo que reconocer un “error” y mandó anular en ese mismo instante un concurso previsto para fines de este mes para llenar 23 vacantes en la delegación uruguaya ante el en el organismo.

El problema era que, según observó el senador frenteamplista Alejandro Sánchez, el llamado habilitaba a los “asesores” recién ingresados a presentarse tras solo seis meses de designación. Luego de repasar la información, Ayala anunció la suspensión del concurso para dar cumplimiento a los estatutos de la propia CARU, que indican un período mínimo de tres años de antigüedad para participar en estos llamados.

“El río Uruguay es patrimonio del Partido Nacional”, ironizó Caggiani, que acusó a los blancos de utilizar a estos organismos como “coto de caza” para hacer “ingresar a dedo” a dirigentes afines y así controlar los importantes recursos que allí se mueven.

La referencia del legislador era directa y apuntaba a lo sucedido recientemente en la delegación uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM), sacudida en las últimas semanas por señalamientos de contrataciones directas y uso político de dineros públicos que derivaron en la renuncia de su presidente, el nacionalista Carlos Albisu.

Ante los legisladores estuvo presente ayer el nuevo titular de ese organismo, Martín Burutarán, que fue interrogado por los senadores del Frente Amplio. Allí relató que, en lo que va de esta administración, ingresaron a Salto Grande 65 funcionarios uruguayos. De ese total, 36, precisó, lo hicieron de forma directa. Y de esos ingresos, 10 de los beneficiados fueron ediles departamentales. La denuncia de la oposición apunta que esas contrataciones beneficiaron a militantes del Partido Nacional y -en menor medida- a los colorados.

Ante una consulta directa del senador frenteamplista José Carlos Mahía, Burutarán precisó que, en todos los casos, los designados “son funcionarios del organismo y van a seguir siéndolo”. De la misma manera, sostuvo, que lo son los designados en anteriores administraciones.

Mahía se detuvo en la nueva condición que tendrán los ediles incorporados. “Todos van a ser funcionarios de la delegación en forma definitiva”, advirtió. “Aunque pierdan el gobierno en 2024, todos se quedan. Es una vergüenza nacional”, concluyó. En Salto Grande, según el último reporte oficial, trabajaban en la delegación uruguaya 255 personas, un poco menos de la mitad de los 544 funcionarios que revisten hoy en el organismo.