Los partidos que conforman la Coalición Republicana procurarán desde este lunes unificar posturasy presentar un planteo común con modificaciones al proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, como solución para la crisis que pone el riesgo la supervivencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu).

La voluntad de la bancada del Frente Amplio (FA) es que el proyecto, hoy en discusión en la Cámara de Representantes, sea votado el viernes 16 en comisión y pase inmediatamente al plenario. La intención declarada es que - luego de su trámite en el Senado - sea ley antes del 30 de mayo dado que, según la advertencia, de lo contrario la caja, que enfrenta un déficit anual de US$ 100 millones proyectado para este año, no podrá hacer frente a sus obligaciones en el mes de julio.

Una posibilidad que, a juzgar por la situación actual, aparece complicada. Con 48 votos, el oficialismo carece hoy del apoyo necesario para que la iniciativa supere la cámara baja, dada la férrea postura en contra que mantiene la oposición. En particular, en lo que refiere a los aspectos que pueden considerarse el "corazón" del texto redactado por el gobierno.

En diálogo con El Pais, el diputado colorado Conrado Rodríguez dejó en claro su postura. "No estamos de acuerdo con la sobrecarga a los jubilados y con el aumento de la tasa a los activos", expresó. El proyecto del gobierno eleva la tasa de aportación de los activos de 18,5% al 22,5%. También plantea la creación de una "tasa pecuniaria de contribución" de los pasivos, por un promedio de 9%.

En este sentido, la voluntad del legislador colorado es "bajarle la carga" a activos y pasivos con lo que estaría dispuesto a analizar su apoyo a la iniciativa.

Basándose en datos de la caja, el legislador recordó que, cuando la suba fue de dos puntos, se incrementaron las declaraciones de no ejercicio. Fue además, apuntó, la primera vez en la historia en que los ingresos por contribuciones de los activos a la caja fue menor que las altas jubilatorias.

Rodríguez señaló que, con este nuevo escenario que se proyecta, han crecido la consultas de profesionales que muestran su voluntad de jubilarse antes que la ley que se busca aprobar entre en vigencia. Los últimos datos oficiales indican que la caja, en un universo de 173 mil profesionales, tiene 60 mil cotizantes. El resto declaró no ejercer su profesión.

Como alternativa de financiamiento, Rodríguez plantea ensanchar la base de aportantes a la Caja de Profesionales. Una de las fórmulas es implementar la posibilidad de que los profesionales, que hoy aportan al Banco de Previsión Social (BPS), opten por hacerlo ante la caja. También la implementación de mayores facilidades para que los que hoy registran atrasos en sus aportes puedan ponerse al día.

"Así como está, no lo vamos a votar", dejó en claro, por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala. El legislador señaló a El País que el proyecto resulta "excesivamente gravoso, particularmente con los pasivos" que, dijo, "se llevan la peor parte". Abdala consideró que el nuevo "impuesto" sobre los pasivos resulta en una "carga" más severa incluso que el IASS. Entre otros aspectos, por no ser progresivo sino gravar todo el ingreso nominal.

En línea con Rodríguez, Abdala advirtió que el incremento dispuesto en los aportes de los activos, en lugar de resolver la situación, la agrava, promoviendo un mayor números de declaraciones de no ejercicio. En ese sentido, el diputado nacionalista habló de incorporar a la caja los aportes de profesionales que hoy se desempeñan en relación de dependencia y que tributan ante el BPS.

Abdala recoge una serie de planteos presentados por el directorio de la Caja de Profesionales, en relación a una solución "menos severa" que la del gobierno, que podría generarse actualizando los aportes provenientes de Rentas Generales. "El gobierno debe asumir que deberá poner más dinero", resumió.

En su visión, el Poder Ejecutivo no puede desmarcarse de esta discusión y debe asumir su responsabilidad como Estado. Abdala apeló al artículo 67 de la Constitución. Allí se indica que las jubilaciones se financiarán con "contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley".También - aspecto clave - a través de "la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario".

Cabildo Abierto, en tanto, elevó una propuesta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según El Observador, se trata de una actualización de una alternativa que esa formación había presentado al proyecto que el gobierno de Luis Lacalle Pou había presentado y que fracasó en 2023 por falta de votos. En líneas generales, consiste en que el aporte de los activos aumente a 20,5% y no a 22,5%, y que esos dos puntos de diferencia los cubra el Estado. Eso duplicaría el aporte estatal previsto por el actual gobierno en el proyecto hoy en discusión, poco más de US$ 30 millones.

Por otra parte, Cabildo plantea que los pasivos no realicen ningún aporte, bajo la premisa de que se trataría de una doble imposición, dado que hoy tributan IASS.

La incógnita en este proceso es la actitud que tomarán los dos diputados de Identidad Soberana. En las últimas semanas su referente, Gustavo Salle, manifestó su oposición al proyecto del gobierno, pero no señalado alternativas y, según sus colegas, se ha mantenido en general al margen de la discusión.

Entre la decena larga de delegaciones que ya concurrieron al Parlamento a opinar sobre el proyecto estuvo el colectivo Profesionales en Movimiento, que afirmaron no sentirse representados por las expresiones de sus colegas, y que se definieron a sí mismos como “profesionales independientes de profesiones pobres”.

La delegación presentó ante los legisladores una “carta abierta” en la que se explica qué es ser hoy , por ejemplo, “profesional en el interior”.

Dicen enfrentar “desafíos estructurales que muchas veces son invisibilizados en las decisiones nacionales” ya que, al ejercer fuera de Montevideo, enfrentan “profundas desigualdades territoriales” en su relación con la Caja de Profesionales.

En el interior, afirman, “los ingresos suelen ser menores e irregulares, los costos de vida igualmente elevados, y las oportunidades de empleo formal, más limitadas”.

Pese a eso, remarcan, las obligaciones para con la caja son las mismas que deben afrontar sus colegas de la capital. No importa. dicen, si sus ingresos son más bajos, si enfrentan períodos de inactividad o si trabajan de manera discontinua: las exigencias de aportes mensuales, los costos y las sanciones se aplican de forma homogénea, sin contemplar la realidad económica ni territorial de cada profesional.

“Muchos profesionales del interior deben optar entre endeudarse para mantenerse al día o abandonar su matrícula, quedando así fuera de un sistema que debería protegernos, no expulsarnos”, lamentan.

Por otra parte, indican, el acceso a beneficios como los préstamos sociales, la cobertura en salud o las julaciones se torna más complejo.

En ese contexto, el colectivo le reclamó a los legisladores una “revisión profunda” de todo el sistema, que contemple la diversidad territorial y la “desigualdad real” que afecta a los profesionales del interior. En ese sentido, pidieron una “política diferenciada” que contemple su particular realidad.