Cabildo mantiene en jaque a la coalición e impone condiciones para aprobar la reforma jubilatoria

Por Joaquín Silva y Pamela Díaz
Una vez más, la coalición se pone de acuerdo. Esta coalición a la que le han vaticinando fracasos de antemano, muchas veces. Se sostiene sólida, con matices, (y) con perfiles”. El presidente Luis Lacalle Pou, ya hace varios meses -octubre del año pasado-, encabezaba una conferencia de prensa con todo el gabinete a sus espaldas para anunciar que la reforma de la seguridad social era un compromiso de todo el oficialismo plasmado en un texto que enviaría al Parlamento sin demora, y que contemplaba las exigencias de todo el espectro de la alianza gobernante.

“Nos parece que cuanto antes se vote, mejor -decía también el presidente-. Si la demora es para mejorar el proyecto, demorará un poquito más. Nosotros creemos que la urgencia, ahora que está el proyecto, debe acompañarse por parte del Parlamento, pero insisto en que la coalición tiene un acuerdo, un convenio de avanzar rápidamente sobre este tema”.

Nadie negó ese compromiso, pero el escenario que tiene hoy la coalición de gobierno -que discute este proyecto en la Cámara de Representantes, luego de haberlo aprobado en el Senado a fines del año pasado- no es precisamente de acuerdo, sobre todo por las señales que han dado los diputados de Cabildo Abierto en los últimos días.

Sin ir más lejos, en conversaciones mantenidas entre los cabildantes el viernes 3 de febrero se tomó la expresa determinación de no asistir al encuentro pautado por la coalición -una reunión entre representantes y miembros del Poder Ejecutivo- que se realizó el pasado lunes, en clara señal de su oposición el rumbo que viene tomando la discusión sobre la iniciativa.

Porque como en otros tantos debates que ha tenido esta coalición en los tres años de mandato que ya lleva, los liderados por Guido Manini Ríos sienten que sus planteos no están siendo considerados.

¿Cuáles son a esta altura, si uno pasa raya? Uno de los puntos es la creación de una agencia reguladora para controlar la gestión. En pocas palabras, entienden que contraviene la Constitución. Pero tampoco aceptarán darles la posibilidad a las AFAP de que puedan hacer inversiones en el exterior. El argumento -señaló el diputado Álvaro Perrone- es que no tienen “claro cuál es la garantía que da el Estado” ante la posibilidad de que “salga mal”.

También tienen en carpeta hacer entrar dos modificaciones al articulado que ya tuvo su aprobación en el Senado. Pretenden reducir la cantidad de tiempo que se toma para el cálculo de la jubilación, que hoy en el articulado son los últimos 25 años. Entienden que “se va a los inicios laborales de la persona donde los aportes son más bajos”, indicó el legislador, que añadió que como “primer paso” para destrabar la situación es que “los legisladores, principalmente los del Partido Nacional”, estén de acuerdo en negociar por fuera de la posición rígida de Rodolfo Saldain”, en referencia al redactor del texto del Poder Ejecutivo.

La situación es observada con preocupación en la Torre Ejecutiva, aunque aún no hay alarma pues predomina la confianza de que la iniciativa llegará al acuerdo necesario y estarán los más de 50 votos que se precisan para su aprobación -número al que Cabildo Abierto, con sus 10 diputados luego de la renuncia a sus filas de Eduardo Lust, puede impedir alcanzar.

“Si no tenemos buenos acuerdos -dijo tajante Perrone- esta reforma se seguirá discutiendo en el próximo gobierno”.

Por mensajes así es que desde el gobierno se reconoce que “no hay certezas de que se apruebe”, en el entendido de que los socios cabildantes “son complicados”, aunque eso no quita que se tenga la confianza de llegar a buen puerto.

El propio Lacalle Pou, en una rueda de prensa que dio sobre varios temas este jueves, preguntó al Frente Amplio qué va a hacer “con la reforma de la seguridad social” en caso de acceder nuevamente al poder en 2025, pero agregó enseguida: “Si es que se aprueba”.

Esa acotación, según indicaron fuentes del Poder Ejecutivo, responde a una cuestión de formas “porque es lo que corresponde que diga”, aunque no contiene la seguridad de aquella declaración del 20 de octubre pasado.

El presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, no obstante, señaló a El País que “la intención” de su partido es “en principio” votar la iniciativa, pero añadió que la responsabilidad de la suerte del proyecto está en el gobierno. “Espero que el Poder Ejecutivo -aseguró-, que es en definitiva el que plantea la iniciativa, tenga cierta flexibilidad en la Cámara de Diputados para aceptar algunas de las cosas que estamos negociando”.

De modo que, de acuerdo al senador, el apoyo de Cabildo está supeditado a las contemplaciones de sus exigencias porque, así como está redactado el proyecto, supondrá “un golpe” demasiado relevante para la población que se verá afectada. “En principio quierríamos acompañar la reforma porque entendemos que es necesaria -concluyó-, pero no tiene que ser tan drástica”.

¿Hay margen para cambiar? Para el oficialismo es bastante restringido (ver recuadro). Las referencias están claras: el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, volvió a recordar este jueves que se aceptarán los cambios siempre y cuando estos no “quiten el eje de la sustentabilidad financiera o la esencia de la reforma”.

“Hay alternativa” tras cambio en Senado

El miércoles pasado, en la comparecencia del Poder Ejecutivo a la comisión especial de la Cámara de Representantes que estudia el proyecto, Rodolfo Saldian reconoció que uno de los cambios introducidos para contemplar los pedidos de los socios de la coalición -especialmente de Cabildo Abierto- generó un escenario “que no es lindo” ni “la mejor solución”, informó El Observador.

Se trata de la modificación del período de transición entre la generación afectada por la transformación del sistema, y que contiene la injusticia de que aquellos nacidos el 31 de diciembre de 1972 podrán jubilarse a los 60 años, mientras que los que llegaron al mundo el 1° de enero de 1973, lo harán a los 63 -y los del año siguiente a los 64 hasta llegar a 1975, año de la primera generación que se retirará con el nuevo mínimo de 65 años.

“Es un salto muy grande y es un tema”, reconoció Saldain a El País. ¿Hay solución? “Hay alternativas”, respondió el especialista, “como buscar una transición más paulatina y evitar el salto de los tres años e ir a los 18 meses”, propuso.

Ello, sin embargo, tiene un natural costo financiero, que puede ascender a los US$ 50 millones, según advirtió.