PROYECTO DE LEY

Para el inicio del período parlamentario de 2022, una vez superado el referéndum del 27 de marzo contra 135 artículos de laLey de Urgente Consideración (LUC), todo apunta a que los debates internos de la coalición de gobierno resurgirán tal y como fueron frecuentes durante este año que casi termina. Y, en ese sentido, en los últimos días surgió un tema que, como ocurrió en otras ocasiones, ya tiene posicionados al Partido Nacional y Cabildo Abierto en veredas distintas.

Se trata del proyecto de ley que presentó días atrás el Poder Ejecutivo para habilitar al Estado a explotar las apuestas en internet, y autorizar a su vez a los casinos a hacer lo mismo. El abordaje de esta iniciativa fue definida como “prioritaria” por los nacionalistas -tal como dijo a El País el pasado viernes el senador Gustavo Penadés- porque, entre otras cosas, mucha gente comenzó a usar internet durante la pandemia para hacer sus apuestas, y utilizaron para eso plataformas o sitios web extranjeros, en detrimento de la industria nacional. “Ha llegado la hora de permitir y fomentar con responsabilidad el juego online con empresas y casinos radicados en el territorio uruguayo”, había dicho Penadés.

No obstante, hay otra razón de peso del Poder Ejecutivo -y que también explica la celeridad con la que los blancos quieren discutir este proyecto- y es que una ley como la propuesta contribuiría a destrabar la inversión millonaria que llevó adelante en Punta del Este el italiano Giuseppe Cipriani, que pretende construir un hotel y un casino en donde se ubicaba el hotel San Rafael y que pidió contar con una licencia para ofrecer apuestas por internet. Esto está prohibido por la legislación vigente -pese a algunas excepciones.

Pero en Cabildo Abierto persisten las dudas. Y, de hecho, el diputado Sebastián Cal presentará en los próximos días un proyecto de ley alternativo, con la intención de negociar una propuesta que al tiempo que regule las apuestas online también incluya artículos que apunten a otros objetivos.

“Se lo voy a comentar al presidente apenas tenga la oportunidad, y a las máximas autoridades del gobierno, porque creo que Uruguay puede tomar una postura mucho más seria en este tema”, dijo el representante cabildante a El País.

Su iniciativa, que se encuentra en pleno proceso de redacción, contendrá entonces, a grandes rasgos, dos temas que no tiene en cuenta el proyecto del Ejecutivo, además de la definición del “pago de un canon” por parte de los privados que quieran extender sus negocios por la vía online.

El primero de ellos es la propuesta de un “tope” en los montos de las apuestas para todas las personas -que se aplicaría a través del control de la identidad de los apostadores-, como forma de prevenir lavados de activos, “algo que se puede dar tanto en los juegos por internet como en cualquier tipo de apuestas”, entiende Cal.

Es que para el diputado un control de estas característica también sería útil para evitar que haya personas que “dejen a su familia sin comer” tras perder todo su patrimonio en el juego.

El otro asunto que también estará contemplado en este planteo paralelo es el mercado negro de las máquinas tragamonedas, las que “generan un perjuicio a quienes han hecho inversiones legítimas y que generan puestos de trabajo, como los casinos privados y del Estado”.

Estas máquinas, además, a criterio de Cal, alimentan la enfermedad de la ludopatía, palabra que no está mencionada en la iniciativa del Poder Ejecutivo la cual está a estudio en la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y que solo consta de dos artículos.

“La cantidad que hay de estas máquinas en nuestro país supera varias veces las que tienen los casinos”, consideró el diputado.