INTENTO DE DEROGACIÓN

Juntar 700.000 firmas para entregar a la Corte Electoral el 9 de julio ya era un objetivo ambicioso antes de que recrudeciera la pandemia, hoy se hizo “más que difícil” para los impulsores del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC).

Con la recomendación de “quedate en tu burbuja”, que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa del miércoles, parece aún más lejano llegar a la meta. Es por eso que los organizadores de la consulta popular analizan pedir a la Corte Electoral una extensión del plazo para la entrega de las firmas.

El Frente Amplio y el Pit-Cnt hicieron consultas a sus respectivos asesores legales acerca de qué posibilidad hay de extender los plazos previstos en el artículo 79 de la Constitución de la República, el que regula el referéndum, que establece que el tiempo es de un año desde que se promulga la norma.

Una vez que estén listos los respectivos informes jurídicos se reunirán los organizadores de la consulta popular para adoptar una resolución, como puede ser un pedido formal ante la Corte Electoral. Según supo El País, el argumento jurídico que se maneja para tratar de frenar la fecha límite supone que “al impedido por justa causa no le corren plazos”, el mismo está consagrado en el Código General del Proceso.

La “justa causa” es el caso fortuito o la fuerza mayor, que impide recolectar las firmas. Este principio general del Derecho se utiliza, más que nada, en plazos procesales, y busca “evitar situaciones de injusticia de quien, por razones de fuerza mayor, por obstáculos reales imposibles de salvar, no puede ejercer en tiempo y forma un derecho”, explicó una fuente.

Un antecedente que los organizadores del referéndum tomaron en cuenta fue la decisión de la Corte Electoral de suspender las elecciones departamentales previstas inicialmente para mayo del año pasado, las que se terminaron realizando el 27 de setiembre para evitar contagios de COVID-19.

Al momento se llegó a recolectar la cifra de 252.720 firmas. Hasta hace poco la estrategia fue la realizar “firmazos” los fines de semana, en grupos pequeños de tres personas. En las últimas horas salió una nueva propuesta: el delivery de papeletas, dado que no hay posibilidad de concurrir a ferias a buscar adhesiones.

“Las firmas están, vamos a buscarlas. ¡Cuídate, nos cuidamos y firmamos!”, fue la consigna lanzada desde el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), como una alternativa a los puestos en las calles, en medio del aumento exponencial de casos de coronavirus.

Además, se cancelaron giras que tenían pensado hacer legisladores y referentes sindicales al interior del país, en busca de más adhesiones para derogar 135 artículos de la LUC. Incluso, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, fue uno de los primeros en suspender actividades.

“Primero cuidarnos”, así titulo el presidente de la central de trabajadores un escrito en que recomendó a los sindicalistas que están participando de la campaña “extremar precauciones” a la hora de recolectar las firmas y “no seguir como si nada estuviera sucediendo”.

Consultado esta semana acerca de la cantidad de firmas que faltan para habilitar la consulta popular, el senador comunista Óscar Andrade dijo que “va a haber (preocupación) hasta que se llegue a las 700.000”.

“Si hoy tuviéramos 650.000, estaría preocupado por las 50.000 que faltan”, añadió el legislador. Y señaló que hay una parte de la población contra la LUC, otra a favor y “una mayoría” que no sabe qué es.

“La campaña de firmas lo que demuestra de forma clara es que hay desconocimiento de la ley”, dijo Andrade.

Consultado por El País, José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, dijo que “lo que cuenta son los plazos constitucionales y legales”, los que establecen que las firmas deben ser entregadas antes del año de promulgada la LUC.

“Son plazos legales, no dependen de la Corte”, subrayó. Consultado sobre la excepción de postergar elecciones departamentales, dijo que se llegó a un acuerdo entre todo el sistema político y que para hacerlo se debió aprobar una ley. “La Corte actuó porque había una ley”, insistió.