AVANZA FÓRMULA LEGAL DE LA COALICIÓN

En la coalición de gobierno hay preocupación por la necesidad de aprobar una ley para evitar que los jueces de Familia interpreten que la Constitución obliga a dar casas a todos los uruguayos que no las tengan, sin demora, y por encima de las políticas programáticas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue quien presentó un proyecto en ese sentido a mediados de mayo, junto con la firma de los otros dos senadores del partido, con el objetivo de evitar más fallos como los que entre marzo y abril obligaron al MVOT a dar una vivienda a tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo.

La iniciativa se encuentra a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y en principio cuenta con el apoyo del Partido Nacional. No obstante, en los últimos días los senadores nacionalistas Gustavo Penadés y Carmen Asiaín comenzaron a trabajar en un texto alternativo, que procurará que se contemplen aspectos del Derecho Procesal que no fueron tenidos en cuenta en la iniciativa de Cabildo Abierto, según comentaron a El País fuentes parlamentarias.

Por este tema habrá reuniones esta semana, tanto entre Penadés y Asiaín para ultimar detalles del nuevo texto, como con el propio Manini Ríos, quien dijo a El País que está al tanto de la intención de los cambios. “Penadés me dijo que van a agregar algunos aspectos, y bienvenido sea. Mientras no se pierda el espíritu del proyecto, no tendremos problemas”, aseguró.

El proyecto original, que consta de tres artículos, propone que se plantee a texto expreso que la carta magna “no establece el deber del Estado de proveer de viviendas a las personas que carezcan de ella, sino (que) le asigna el poder-deber de fijar políticas públicas a través de la ley, que propenderán a la obtención de una vivienda decorosa, higiénica y económica de todos los habitantes”.

Y sobre el final, la iniciativa busca que se deje en claro que los pronunciamientos internacionales en materia de derechos humanos a los que Uruguay suscribió, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1969, o la Convención de Derechos del Niño, “no establecen una obligación a cargo del Estado de proveer, de inmediato y en forma gratuita, una vivienda adecuada a las personas que lo necesiten y no puedan acceder a ella por sí mismos en lo inmediato”.

En más de una oportunidad Manini Ríos se refirió, por un lado, al “efecto desestabilizador” que puede tener a su criterio la Justicia en las políticas estatales con fallos como los criticados -por obligar a priorizar a los demandantes en detrimento de los que hicieron el recorrido institucional para obtener una vivienda-; y, por el otro, a la lógica análoga que puede llevar esta interpretación lineal del artículo 45 de la Constitución. Es decir, pretender que el Estado también está obligado, por ejemplo, a dar trabajo a todos los uruguayos que lo reclamen. “La norma señala que el Estado propenderá a darle trabajo digno, pero esto no puede interpretarse como una obligación”, dijo Manini al semanario La Mañana el 20 de mayo.

Otro de los actores del gobierno con preocupación al respecto es el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, quien días atrás en diálogo con El Observador dijo que planteó el asunto en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. “Acá hay políticas que se tienen que construir entre todos los partidos y pasar los gobiernos. Si no, va a ser muy difícil encontrar una solución”, declaró.

Fuentes políticas aseguraron ahora a El País que los colorados compartieron la preocupación del número dos de Vivienda, y que desde un punto de vista “conceptual y de fondo” están de acuerdo, pero que todavía no hay una “posición formal” del partido.

Los senadores del Frente Amplio que están en la comisión ya adelantaron que tienen reparos con la iniciativa, pero aún no han participado de negociación alguna.

Caso destacado por la ONU

Durante uno de los tres litigios judiciales de este año en los que la Justicia condenó al Ministerio de Vivienda a ofrecer una solución habitacional a tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo, fue mencionado como antecedente otro caso de éxito en materia de amparos, y de fecha reciente.

En esa oportunidad, la causa de origen no fue la orden de desalojo por parte de la Justicia Penal, sino simplemente la situación de una familia que no quedó seleccionada en uno de los programas ministeriales. En esta causa, que fue consignada en el informe anual de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, la Justicia resolvió que la cartera debía hacerse cargo del subsidio de un alquiler, al menos durante dos años.

Esto pese a que la familia “no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos en los planes habitacionales de la cartera”, como señaló la jueza de Familia Ana Bueno este lunes, en un fallo por el que aceptó la misma vía del subsidio como cumplimiento de la condena por parte de la cartera. Aquel caso también se basó en el artículo 45 de la Constitución.