RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

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Los cambios de criterios definidos por el Poder Ejecutivo para el etiquetado de alimentos tomaron por sorpresa a los legisladores de la coalición. Sin embargo, desde el Partido Nacional se defendió la medida y se cuestionó al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) por “aprovechar cualquier instancia para hacer una crítica al gobierno”.

Los octágonos negros que alertan por excesos de azúcares, grasas saturadas o sodios volvieron a valores que se habían establecido en la administración de Tabaré Vázquez. El gobierno desistió de aplicar los parámetros más estrictos definidos en setiembre del año pasado. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué se dio una marcha atrás? Desde el Ejecutivo prefieren alegar que “nada cambió” de lo aprobado por el Frente.

“La modificación viene dada por la necesidad de hacer un proceso gradual”, dijo a El País una fuente de gobierno. Se había adoptado la fase tres implementada por Chile, pero se entendió necesario dar más tiempo a la industria para reformular las recetas de alimentos.

También se resolvió medir los excesos en gramos y no en calorías, porque es “más fácil para reformular” los productos. “El objetivo es que los alimentos sean cada vez más saludables y eso no se modifica, pero hay un tema de paladar que adaptar”, explicó la fuente .

Desde Salud Pública indicaron que el decreto más duro que había definido Lacalle Pou no había entrado en vigencia aún y recién ahora se comenzará a fiscalizar el cumplimiento del etiquetado. Desde el oficialismo se niega que esta nueva resolución se relacione a presiones de tipo empresarial y aseguran que tan solo cuentan con 13 funcionarios para inspeccionar todo lo que compete a la salud, entre lo que el etiquetado es solo una parte más.

Desde el Partido Nacional reconocieron a El País que quizás el decreto del dos de setiembre -que aumentaba el nivel de exigencia a la industria- fue “muy ambicioso”.

“Tal vez hubo un exceso de optimismo y no se valoraron otras variables para no seguir dilatando más la fiscalización”, dijo a El País el diputado nacionalista y coordinador de bancada Juan Martín Rodríguez.

El legislador defendió la medida dispuesta por el gobierno en el entendido que no se varió en nada lo que se había definido por el Frente. Por lo que dijo le “llaman la atención” las críticas que se escuchan desde el Sindicato Médico, que en la gestión anterior estaba de acuerdo con los valores definidos en ese momento.

En una conferencia realizada en el día de ayer, el SMU reafirmó su “enorme preocupación” por el cambio introducido en el decreto “donde se flexibilizan los límites definidos como excesos permitiendo mayores niveles de azúcar, sodio, grasas totales y grasas saturadas” .

“Tal vez no hubo una lectura acabada, la realidad es que se aprovecha cualquier instancia para hacer una crítica al gobierno”, aseguró Rodríguez acerca de las objeciones planteadas por el gremio sobre los cambios en el etiquetado. A esto agregó: “Lo menos que podrían tener es un poco decoro y llamarse a silencio”. Este no es el primer cruce entre el oficialismo y el Sindicato Médico, ambos discreparon también sobre las medidas para enfrentar la pandemia, en particular acerca de la aplicación de una cuarentena obligatoria.

La fecha ya está definida: el Ministerio de Industria y el de Salud, comparecerán en conjunto, el 23 de febrero para informar a los diputados las razones de los cambios en el etiquetado de alimentos. Si bien la instancia fue pedida por el FA, que cuestionó la resolución del gobierno, en la coalición también se esperan conocer los argumentos que se manejan para tomar tal decisión. Es que, a diferencia de sucedido en otros temas, de los cambios en el decreto se enteraron por los medios.

“No conocemos los fundamentos, porque nos enteramos por la prensa y lo que propuse fue invitar al ministro de Industria. Entiendo que no es oportuno que Industria tome una resolución que afecta la salud”, dijo a El País la diputada colorada Nibia Reisch (Ciudadanos). De todos modos, aclaró que el etiquetado no puede ser el único abordaje del tema: en su opinión es necesario brindar educación nutricional a la población para que sepa interpretar las etiquetas, aplicar la ley de merienda saludable y regular la publicidad de alimentos para niños y adolescentes.

La presidenta de la Comisión de Salud y diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita dijo a El País que no tiene una opinión formada al respecto hasta que las autoridades no concurran al Parlamento a dar sus argumentos. Como buena noticia destacó el inicio de la fiscalización del cumplimiento de la norma y en ese marco opinó que “nada quita que esto no siga a futuro”. “Uruguay es pionero, ya con que se implemente el decreto”, afirmó