CORTOCIRCUITO EN EL PARTIDO NACIONAL

Hay una metáfora que sintetiza la impresión que tienen varios dirigentes de primera línea del Partido Nacional sobre el juicio político promovido por los ediles de Montevideo contra la intendenta Carolina Cosse: “Fue una bomba atómica para matar un hormiguero”.

Así, al menos, lo resumió un senador nacionalista, pero es solo uno de los tantos referentes blancos que no pueden creer la estrategia seguida por los ediles y, mucho menos, que lo hicieran de manera “inconsulta” con las autoridades del partido y los referentes sectoriales.

Porque además de ser un hecho de magnitudes nacionales que de por sí ameritaba la discusión dentro del partido, en lo que también coinciden varios dirigentes es en que no hay fundamento jurídico para proceder al mecanismo que permite la Constitución ante delitos graves o violación importante de la Carta Magna, cuando lo que se denuncia como irregular es que la jerarca no responde pedidos de informes o que manda representantes a la Junta Departamental cuando es convocada.

Uno de los que se expresó públicamente al respecto fue el ministro de Defensa, Javier García. El referente del Espacio 40 reconoció que un edil de su lista lo consultó el viernes pasado sobre los pasos que estaban dando en la Junta, y él le contestó que creía que había que “detenerse un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión”. “Co-mo está visto, fracasé con total éxito”, dijo el secretario de Estado ayer en rueda de prensa.

En diálogo con El País, el senador Sergio Botana fue en una misma dirección. Aseguró que, a su entender, el Senado -el cuerpo que deberá decidir ahora si hay o no méritos reales para proceder a la discusión del tema- “deberá tomar su tiempo para analizar aspectos legales y sopesar cuestiones institucionales y políticas”, pero que sobre “la magnitud del desvío no parece ameritar la consecuencia política que prevé el juicio político”: es decir, la destitución de la intendenta. “Comprendo la impotencia de los ediles ante la falta de respuestas -siguió Botana, referente del sector Mejor País-. Con los diputados sucede lo mismo, pero habrá que estudiar mecanismos para defender la cristalinidad, el derecho a la información y no desembocar en la inestabilidad política”.

Otros van más allá y calificaron toda la situación de una “barbaridad” y una “locura”, cometida por “ediles que se cortaron solos” tomando al partido por “sorpresa”, y que incurrieron en un flagrante “error de apreciación política”.

En ese último sentido, otro dirigente nacionalista aseguró que el efecto político que termina produciéndose tiene forma de “boomerang”: en lugar de atacar a la intendenta y salir favorecida la oposición departamental terminó ocurriendo exactamente lo contrario: “Le dieron vida a Cosse y al Frente Amplio”.

Por otro lado, se entiende que esto tampoco es un buen precedente para los intereses del partido, pues el argumento de que no responder pedidos de informe puede ser causa de un juicio político -los blancos tienen 15 jefes comunales- es otro elemento que también puede volverse en contra.

“Pero además el juicio político es de un solo tiro; es una bala de plata”, concluyó otro dirigente.

Por lo demás, todos -no ya en los blancos, sino en la coalición de gobierno- están de acuerdo en rechazar la actitud que ha tenido Cossecon la Junta, así como también se da como un hecho obvio que el planteo del juicio no tendrá mayores consecuencias porque la Constitución exige dos tercios de los votos del Senado para destituir al jerarca enjuiciado, y el oficialismo está lejos de alcanzar ese apoyo.

“Todos sabemos que el juicio político no va a prosperar porque no hay mayoría como para que prospere, pero lo que sí queda de manifiesto y tomó debido estado público es la falta de la empatía de la intendenta con la Junta Departamental”, resumió el senador blanco Gustavo Penadés ayer en declaraciones a los medios.

Respecto a esto último también se expresó ayer la presidenta de la comisión Departamental nacionalista de Montevideo, Laura Raffo, quien remarcó que el camino seguido por los ediles se debió a un “desgaste acumulado” en la relación con Cosse.

Sin embargo, más allá de estas opiniones, hay blancos que también están molestos con el papel jugado por el senador Jorge Gandini, líder de Por la Patria, y el diputado Álvaro Viviano -también de este sector- como promotores del juicio contra la jerarca comunal.

Consultado sobre esto, Gandini se limitó a respaldar la decisión de los ediles: “Su reacción es natural, en el marco de la autonomía de una bancada que se siente despreciada por la intendenta, a la que no le gusta que la controlen”, dijo a El País el senador, que agregó: “El FA ha bloqueado (en la Junta) todas las comisiones investigadoras, la intendenta nunca compareció cuando fue citada, no contesta tampoco los informes en tiempo y forma como dicta la Constitución, y tenía que haber concurrido cuando la llamaron a sala” el viernes pasado.

Para Gandini, en definitiva, “se puede discutir la conveniencia o no” de la herramienta del juicio político, “pero es algo que está ajustado a derecho”.

“Pero además -cerró el senador-, los intendentes anteriores, como Daniel Martínez, Christina Di Candia, Ana Olivera o Mariano Arana iban, iban a la Junta cuando se los convocaba, a diferencia de Cosse”.

En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto -los otros dos partidos de la coalición de gobierno que tienen representación en el Senado- también hubo manifestaciones al respecto en las últimas horas, y en todos los casos apuntaron a subrayar que el juicio político contra la intendenta Carolina Cosse es o una “exageración” o una respuesta desproporcionada.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo ayer en diálogo con El País que entiende que “hay temas mucho más importan tes” que esta discusión, la que catalogó de “estéril”. En esa línea, sostuvo que “como lo ha hecho hasta ahora”, no está dispuesto a prestarse “para ningún circo político o mediático”. Algo parecido dijo el senador cabildante Guillermo Domenech, para quien tener que pronunciarse por este tema es ya “pasarse de fuegos artificiales del circo mediático”. “Creo que la gente se está cansando de estas cosas”, sostuvo.

Las voces que se expresaron en el Partido Colorado fueron en la misma línea. El coordinador del sector de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó a El Observador que además de “un poco desproporcionado”, lo que hicieron los ediles no va de la mano de la voluntad genérica del sistema político de “bajar la pelota” en la intensidad del debate público. “Si sentamos el precedente de que cualquier violación a la Constitución justifica un juicio político vamos a tener una lluvia de demandas que aunque no puedan avanzar enrarecen el clima”, dijo el ministro.

Fuentes coloradas indicaron a El País que, tras un primer análisis de lo resuelto por los ediles, los argumentos para justificar este recurso se consideran “flojos”. Por eso, en parte, el abogado Andrés Ojeda -primer suplente de la candidatura a intendenta de Laura Raffo en 2020- también declaró ayer a Radio Universal que en su opinión “el juicio político es una exageración”.