PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN

Astori presentó al FA ley para gravar depósitos en el exterior

La iniciativa, que busca ampliar el Fondo Coronavirus, ya está a estudio de legisladores del Frente Amplio que deberán definir cuándo lo presentan.

Por prevención, Astori no asiste al Senado pero elaboró un proyecto que presentó a su bancada. Foto: Leonardo Mainé
Por prevención, Astori no asiste al Senado pero elaboró un proyecto que presentó a su bancada. Foto: Leonardo Mainé

Si bien desde el año 2020 venía trabajando el tema, este miércoles el senador y exministro de Economía Danilo Astori presentó un proyecto de ley para gravar transitoriamente los depósitos que posean en el exterior residentes uruguayos.

La iniciativa, que busca ampliar el Fondo Coronavirus, ya está a estudio de legisladores del Frente Amplio que deberán definir cuándo lo presentan. El texto que consta de un solo artículo y al que tuvo acceso El País, establece el pago de un impuesto “por los depósitos, préstamos, y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior”. Esto abarca personas físicas residentes en territorio nacional, y sucesiones indivisas cuando la persona revistiera la condición de residente en territorio nacional y no exista declaratoria de herederos.

Los bienes serán valuados de acuerdo a las disposiciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) en 2% y se aplicará cuando excedan el mínimo no imponible correspondiente al Impuesto al Patrimonio.

El nuevo impuesto se liquidará por declaración jurada sobre la base de los bienes. La no declaración total o parcial de los bienes gravados configurará la infracción de defraudación (artículo 96 del Código Tributario), y será sancionada con una multa equivalente a 15 veces el monto del impuesto.

Si se aprueba el proyecto, en junio de 2021 será cobrado un anticipo a cuenta del impuesto, que se determinará aplicando la alícuota del 1,6% sobre el valor de los depósitos, préstamos, y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior al 31 de diciembre de 2020 y el saldo restante deberá pagarse antes de abril del año 2022.

La exposición de motivos del proyecto fundamenta la necesidad del cobro en “la gravedad de la situación y la necesidad de obtener financiamiento” para el Fondo Coronavirus, de manera tal “que no signifique un resentimiento de la actividad económica”.

Según se señala, los convenios para evitar la doble imposición “generalmente otorgan toda la potestad de gravar por imposición al patrimonio al país de residencia del contribuyente”, por lo que no estaría impedido Uruguay de cobrar el tributo definido como “excepcional” y “transitorio”.

Se da cuenta que “el diseño del impuesto es sencillo” y tiene características similares al Patrimonio para facilitar su aplicación. Además, se destaca que dicho tributo “no afecta en absoluto la actividad económica en nuestro país”, sino que por el contrario podría llegar a ser un “incentivo para la repatriación de capitales y por ende a la inversión productiva”.

De acuerdo con Astori, para evitar gravar inversiones menores, el impuesto se determina sobre el monto de los activos en el exterior que exceden el mínimo no imponible del Impuesto al Patrimonio.

Bóveda de banco. Foto: Archivo El País
Bóveda de banco. Foto: Archivo El País

En materia de control, se asegura que la política de inserción internacional desarrollada por nuestro país en los últimos años “permite contar con una amplia red de convenios sobre intercambio de información tributaria”. Por lo que se puede acceder de forma automática a los datos de las cuentas; de hecho la DGI recibe reportes acerca de “decenas de miles de activos financieros por varios miles de millones de dólares”.

Aporte de privados: hablarán con colorados

La bancada del Frente Amplio analiza mantener contacto con colorados con el objetivo de poder acordar cambios al proyecto de ley que remitirá el Poder Ejecutivo para que los funcionarios públicos hagan un aporte de dos meses al Fondo Coronavirus. La iniciativa alcanza a los que ganan más de $ 120.000 nominales y desde el Partido Colorado se había propuesto al presidente Luis Lacalle Pou que también aportaran los privados como forma de ayudar a la población más vulnerable.

Desde el FA consideran “injusto” que se grave solo a los públicos y no se toquen cargos gerenciales de privados, por lo que entienden se podría modificar el texto del proyecto que envíe el gobierno para aumentar la cantidad de ingresos que tendrá disponible el Fondo Coronavirus en este 2021.

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