Aprobación del Presupuesto: los cambios tras la ratificación en Diputados y por qué es un mojón clave para Orsi

Redacción El País
A tres meses y medio de su ingreso al Parlamento, el Presupuesto Quinquenaldel cuarto gobierno del Frente Amplio quedó finalmente aprobado este martes. Esto ocurrió después de que la Cámara de Representantes ratificara las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley, que supera los 700 artículos.

Luego de aprobarse en Diputados, se presentaron 114 aditivos y sustitutivos durante su tratamiento en la cámara alta. Ochenta y uno de ellos fueron votados por el Frente Amplio y algún partido de la coalición (Nacional o Colorado), según un informe interno elaborado por el oficialismo al que accedió El País.

En tanto, para 12 de ellos se decidió que fueran desglosados en comisión. Uno de ellos fue uno de los que más polémica generó durante la discusión presupuestal, el de los cambios al secreto bancario.

Durante la sesión de este martes, el respaldo a los cambios introducidos estuvo dividido. Una de las razones que incidió en el apoyo —o rechazo— fue que, para aprobarlos, los legisladores debían pronunciarse a favor o en contra de todo el paquete en bloque.

Durante su intervención, la diputada del Partido Colorado Paula De Armas destacó algunos de los cambios acordados entre los partidos políticos: la futura construcción un nuevo aeropuerto regional en Rocha, el refuerzo presupuestal para la Fiscalía General de la Nación, la inclusión de Presidencia de la República en la posibilidad de pedirle pedidos de informes, la adecuación de impuestos de los agroquímicos, el endurecimiento de la regla fiscal en año electoral, la reasignación de recursos para la educación ($ 250 millones), entre otros. También se eliminaron cambios y limitaciones que se habían aprobado en el alcance de la ley sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública, que afectaba especialmente a la Liga de Defensa Comercial (Lideco).

Otro de los aditivos que fue propuesto por todos los partidos políticos en el Senado refería a “la prohibición de discriminación por edad en el ingreso a la función pública”. Dicha norma, que ahora se convertirá en ley, establece que “salvo que una exigencia etaria se encuentre debidamente fundada y objetivamente justificada en la naturaleza del cargo”, no podrá establecerse en los llamados realizados por el Estado “ningún tipo de limitación, restricción o discriminación basada en la edad”.

Algunos de los que hicieron uso de la palabra, como fue el caso del representante nacionalista Federico Casaretto, reclamaron ir a una cuarta instancia en Asamblea General para tratar los aditivos y sustitutivos de forma individual.

“La Constitución no es clara sobre cuál debe ser la actitud de la tercera cámara. Si se deben votar todas las modificaciones en un solo acto, en una votación en bloque o si se debe desglosar artículo por artículo. La interpretación histórica ha sido la segunda y eso condiciona. Hay modificaciones que compartimos, estamos de acuerdo y otras que no”, ejemplificó el colorado Conrado Rodríguez, que además criticó que no veía fundamentos en la proyección del crecimiento económico marcado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el quinquenio y que por eso no había votado el proyecto de ley en general en la primera instancia de discusión.

En una línea similar, una de las mayores críticas por parte de la oposición se enfocó en acusar al gobierno del Frente Amplio de incumplir con las promesas de campaña.

“Hubo un engaño electoral. Lo admitió el propio gobierno cuando el número dos de la economía del país —el subsecretario, Martín Vallcorba— señaló que el programa de gobierno con el que se fue a la elección era imposible de llevar a la práctica. No se podía cumplir porque era impagable. Bajo esa premisa es que se llega a esta norma presupuestal que es producto de promesas incumplidas”, resumió el también colorado Felipe Schipani.

Finalmente, el Presupuesto Nacional fue ratificado por 82 legisladores y votaron de forma negativa 17. En contra lo hicieron, por parte del Partido Nacional, Casaretto, Juan Carlos Martincorena, Amin Niffouri, Adriana Peña, Juan Martín Rodríguez y Juan Straneo. .

En el Partido Colorado, votaron en contra Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge, Conrado Rodríguez (todos de Vamos Uruguay); los cuatro diputados de Unir para Crecer tampoco votaron las modificaciones, al igual que los dos de Identidad Soberana y el del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

Apenas finalizada la votación, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró en redes sociales que se haya finalmente logrado obtener los votos para la ley madre del quinquenio. “Se aprobó el presupuesto nacional con 82 votos en 99. Mi saludo a todas las bancadas por apostar al diálogo y construir en conjunto un proyecto mejor. Me constan las horas, el trabajo y la responsabilidad con la que se desarrolló la tarea. Tenemos un rumbo claro: construir un Uruguay de oportunidades”, escribió.

En la misma línea, el coordinador de bancada del Senado, Daniel Caggiani, destacó que se trataba de un proyecto que tenía como principales desafíos el “crecimiento, el trabajo, la inclusión, la educación, la seguridad, la convivencia, la salud y los cuidados”.

“Gracias a los diputados y senadores de distintos partidos políticos por su trabajo, sus aportes y el apoyo”, agregó.

Desde el Frente Amplio se considera un logro político y una victoria legislativa haber podido aprobar el Presupuesto, luego de meses de discusión por los riesgos que conllevaba para un nuevo gobierno de la coalición de izquierda no contar con la mayoría automática en la cámara baja. En sus tres administraciones anteriores, el Frente Amplio tuvo el voto 50 en Diputados.

Ahora, para aprobar el Presupuesto en primera instancia logró negociar y acordar con Cabildo Abierto, que cuenta con dos legisladores —Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita— que dieron su apoyo no solo en este caso, sino también en otros. De aquí en adelante, queda por ver cómo se posicionará el sector liderado por Guido Manini Ríos a lo largo del resto del período y hasta qué punto el gobierno podrá administrar los disensos y construir consensos con los partidos de la oposición

En el Senado se decidieron reasignaciones por $ 320 millones, unos US$ 8 millones. Estos cambios en el destino de algunas partidas, que los legisladores oficialistas coordinaron con el MEF, se repartirán de la siguiente forma: $ 30 millones para Fiscalía, $ 20 millones para operadores penitenciarios, $ 10 millones para el Instituto Nacional de Discapacidad y el Programa Nacional de Viviendas Accesibles, $ 10 millones para institutos del Ministerio de Educación y Cultura, $ 180 millones para la ANEP, $ 20 millones para la Universidad Tecnológica (UTEC) y $ 50 millones para la Universidad de la República. Del total de fondos reasignados, la educación fue la que más recibió.

Uno de los puntos que más tensión y controversia generó en Diputados fue el aditivo impulsado por la oposición, que buscaba habilitar a los legisladores a realizar pedidos de informes directamente a Presidencia de la República. A mediados de octubre, en la primera instancia en la cámara baja, Sebastián Valdomir —que la preside— había votado a favor de la iniciativa junto a la oposición, pero horas después cambió su voto cuando el artículo fue reconsiderado. Esa acción provocó una dura reacción de la oposición en su momento.

Finalmente, en el Senado se llegó a un acuerdo y se habilitará la posibilidad tras la ratificación en la Cámara de Representantes.

“La Presidencia de la República y todas sus reparticiones, a través de ella, deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores. Los pedidos se tramitarán por escrito y por intermedio del presidente de la cámara respectiva. La información y los datos requeridos deberán ser remitidos en un plazo máximo de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de recepción formal del pedido por parte del organismo correspondiente. En caso de no responderse en el plazo referido, el peticionante reiterará y la cámara hará suyo el pedido. En este caso, la Presidencia deberá responder en el plazo de 15 (quince) días”, establece el aditivo que tras las negociaciones finalmente fue presentado por el oficialismo.

En términos generales, las reasignaciones y ajustes introducidos en el Senado concitaron respaldo de blancos, colorados y frenteamplistas, lo que permitió que el Presupuesto fuera aprobado por una mayoría holgada sin grandes reparos o cuestionamientos.