Antidopaje: el gobierno apura cambios normativos para evitar que Uruguay sea otra vez duramente sancionado

El gobierno trabaja de forma acelerada en una serie de cambios institucionales y normativos para cumplir con las obligaciones que impone la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y así evitar que Uruguay reciba nuevamente duras sanciones que afectarían a federaciones y deportistas uruguayos.

En 2008, Uruguay aprobó la Convención y el Código Mundial Antidopaje, por lo que está obligado a cumplirlos. Sin embargo, y luego de advertencias previas, el 12 de setiembre de 2024 el Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA incluyó a Uruguay, junto a Pakistán y Uganda, en una lista de incumplimiento por no haber podido implementar un programa antidopaje que cumpla con los estándares internacionales requeridos. En su momento, la mala noticia pasó bajo el radar.

Entre otros perjuicios, el incumplimiento implica que los deportistas sean inhabilitados para participar en competencias, que los países no puedan ser sede de campeonatos regionales, continentales ni mundiales, y que representantes del país no puedan participar en programas, apoyos u otros beneficios.

El 10 de enero de 2025, la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay (ONAU) firmó un Memorando de Entendimiento con su par de Chile para recibir apoyo en las transformaciones necesarias para cumplir con el Código Internacional Antidopaje. Este acuerdo fue auspiciado por la oficina de la AMA para América Latina y el Caribe, que además está radicada en Montevideo.

En febrero, la AMA sacó a Uruguay de la lista de incumplimiento, pero el Secretario Nacional del Deporte, Alejandro Pereda, precisó ante la Comisión de Deportes del Senado que se trata de una “salida provisional”, sujeta a que Uruguay cumpla con el compromiso asumido en el memorando con Chile, bajo pena de volver a ser castigado.

La situación fue heredada por el actual gobierno. Fuentes del Ejecutivo consultadas por El País señalaron que este hecho es “parte de una larga lista de pendientes, algunos muy graves”, que dejó la anterior gestión en la Secretaría de Deportes.

“Estamos trabajando contra reloj; tenemos hasta 2027 para poner todo en orden”, se indicó.

Parte de las observaciones sobre Uruguay recaen en la falta de sistematización de los controles antidopaje a los deportistas.

El trabajo con el apoyo de Chile apunta a que Uruguay cuente con un procedimiento detallado de control antidopaje basado en riesgo y planificación, tanto durante como fuera de competencia, en línea con los estándares internacionales.

El plan implica selección de atletas —aleatoria o dirigida—, notificación sin aviso previo, toma de muestras en cualquier momento y lugar, y elección del método (orina, sangre, etc.) con base en el riesgo de dopaje (disciplina, nivel del atleta, etc.).

Uruguay tiene además 20 atletas de élite para los que existen obligaciones adicionales, como el sistema de Whereabouts (ubicación), que permite localizarlos para pruebas fuera de competencia sin aviso previo. Si están en el exterior, la toma de muestras se realiza con el apoyo de la agencia competente en el país donde se encuentren.

Los atletas pueden ser controlados en cualquier momento, en su domicilio o durante los entrenamientos. Aunque la AMA no especifica un número mínimo de test, existen modelos complejos y precisos para garantizar niveles eficientes de contralor, capaces de detectar el uso de sustancias o metodologías en períodos de preparación o cuando el atleta no está compitiendo.

En 2003, Uruguay se comprometió a cumplir con el Código Internacional con la firma de la Declaración de Copenhague sobre Antidopaje en el Deporte. Allí se establece que “todos los gobiernos deberán respetar la autonomía de la organización nacional antidopaje de su país y no inmiscuirse en sus actividades y decisiones operativas”.

Pereda explicó ante la Comisión de Deportes del Senado que la AMA interpreta que, si el gobierno queda vinculado, pueden operar intereses ajenos a la actividad deportiva que incidan sobre el cumplimiento efectivo de la función de ese organismo, en este caso, la Agencia Antidopaje.

En Uruguay, y por ley, la ONAU tiene la competencia en materia de prevención y control del dopaje en el deporte, y es gestionada por la Fundación Deporte Uruguay, conformada por la Secretaría Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo.

El gobierno trabaja en un rediseño institucional que lo excluya, para así garantizar la independencia funcional que exige la AMA.

De volver a caer en el incumplimiento, los deportistas uruguayos quedarían expuestos a ser excluidos de la participación en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y otros eventos.

Además, Uruguay podría no ser elegible para ser anfitrión o coanfitrión de un evento internacional.

También podría perder la aptitud para recibir, en su totalidad o en parte, la financiación y/u otros beneficios del Comité Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico Internacional.

Representantes de Uruguay también podrían quedar inhabilitados para ocupar cargos en la AMA o en órganos de otros países signatarios del Código Internacional.

Asimismo, no podrían participar en programas de observadores independientes de la AMA ni en programas de divulgación y otras actividades del organismo; además, se retiraría la financiación —directa o indirecta— que la AMA destina a Uruguay para el desarrollo de actividades o la participación en programas concretos.