Antel Arena: pese a pérdida millonaria operativa para este año, buscarán "subsidiar" shows que "hoy no llegan"

Antel Arena son dos palabras polémicas desde hace más de 10 años, y el actual presidente de Antel, Alejandro Paz, lo reconoció este lunes con resignación, antes de detallar las razones que llevaron a la empresa estatal a cambiar la forma como se venía administrando el centro polideportivo —a través de un concesionario privado contratado en forma directa—, para pasar a gestionarlo con una subsidiaria de la compañía telefónica. O sea, por el Estado.

"Lamentablemente, (el Antel Arena) otra vez está en la agenda política y no por las razones correctas", fue lo que dijo el jerarca, en una rueda de prensa que convocó este lunes de tarde en la Torre de las Telecomunicacione, para ahondar en la decisión adoptada en la sesión del directorio del jueves pasado, que contó con su voto afirmativo y el del vicepresidente Pablo Álvarez, pero con el rechazo de la directora nacionalista Laura Raffo, como informó este lunes El País.

Allí subrayó los mismos argumentos que había dado en las últimas horas: que al dejar el Antel Arena en manos de la subsidiaria ITC el Estado generaría un ahorro de US$ 500 mil anuales.

Y que, siguiendo "con el mismo modelo" de gerenciamiento que hay "hoy", se iban a mantener los "shows nacionales e internacionales de nivel" pero con un agregado: que "al tener costos más reducidos" eso permitiría "hacer algún otro tipo de espectáculo subsidiando un poco o bajándole costos" que actualmente hay quienes no pueden asumir. "Si nosotros tenemos unos costos un poco más bajos —razonó—, podemos ajustar las cosas para que se hagan más shows".

Los números que ha mostrado el Antel Arena en sus balances —gestionado por AEG Facilities, una firma que pertenece a ASM Global, líder mundial en gerenciamiento de arenas, con un contrato firmado en 2018 y que vencerá a fin de año— no han sido positivos, de acuerdo a información oficial a la que accedió El País.

Por ejemplo, la pérdida económica que produjo el arena en 2023 fue de US$ 300 mil, un número, así y todo, menos dramático que el que se registró en 2019, cuando la cifra ascendió al entorno de US$ 2 millones.

Y el panorama no es el mejor para este año, de acuerdo a la proyección que manejan en Antel. Porque, según supo El País, la empresa estatal estima que el resultado operativo del polideportivo será negativo en unos US$ 4.7 millones.

El otro punto de discordia o polémica que ha tenido este capítulo de la larga temporada de debate del Antel Arena tiene que ver con los fundamentos técnicos y políticos que llevaron al directorio de este gobierno frenteamplista a no hacer una licitación internacional.

Consultado por los medios, Paz dijo que en el período pasado las autoridades de entonces podían "haber hecho, si querían, una licitación", pero que eso no había ocurrido porque llegaron "a la misma conclusión" que la gestión que ahora él lidera.

"No es una solución ni temeraria ni apresurada. Pusimos a un equipo muy profesional a estudiar el tema, y entendemos claramente que esta es la mejor solución", respondió Paz a Raffo, que más temprano había dicho que la decisión era "un escándalo" por los "riesgos" que asumiría ahora el Estado, y por lo mismo "irresponsable" y "temeraria".

No obstante, la evidencia que quedó en actas del período anterior, a cuyo contenido parcial tuvo acceso El País por fuentes de la gestión pasada, dejó en claro que había voluntad de hacer un llamado internacional.

En una de las actas quedó registro de la instrucción encomendada a la gerencia general en 2023 —cuando se vencía el contrato con el privado— de crear un grupo de trabajo a los efectos de analizar cómo continuar la administración del Antel Arena, y ese grupo llegó a la conclusión de que lo mejor era licitar y, por lo tanto, solicitar una prórroga al concesionario privado mientras se elaboraban los pliegos.

A esto mismo se hizo referencia en un expediente de este año, que en una carta interna fechada el 10 de junio se incluye la mención a "la existencia de un de un grupo trabajo que ha finalizado las bases con las condiciones para un llamado a licitación pública, habiéndose solicitado la pre-publicación de dichas bases, motivación original de las presentes actuaciones”.

"No es cierto que el gobierno anterior haya concluido que no había que hacer una licitación", remarcó Raffo en diálogo con El País. La decisión no se tomó, agregó la dirigente blanca, porque en período de transición de gobiernos se decidió dejar la definición a los futuros jerarcas.

Las bases de ese pliego —que estimaban un plazo para el proceso del llamado de 255 días— fueron tratadas en el directorio en mayo de este año, pero se desestimaron.