Redacción El País
La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Senadores tiene previsto retomar en marzo la discusión del proyecto de ley que pretende regular la actividad de las aplicaciones de hospedaje. La idea es que la iniciativa se apruebe en abril en el Senado, pero como aún resta el trámite en Diputados, es una hecho que la nueva normativa no estará vigente esta temporada.

Con ese margen, la asociación de anfitriones de Airbnb confía en que el Parlamento contemple sus reclamos. La asociación se reunió el mes pasado con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, para informarle sobre los inconvenientes del proyecto original y el “diferencial” de una propuesta propia que le entregaron, según relataron fuentes presentes en el encuentro a El País.

“Si el problema es regular el alquiler temporario mediante la plataforma y que la actividad sea dinámica, no se va por el mejor camino con la iniciativa del Poder Ejecutivo”, dijo José María Gómez, del grupo de anfitriones.

Ante el ministro se cuestionó que se los quiera obligar a constituir una empresa, equiparándolos con la actividad hotelera, cuando “la mayoría son trabajadores de clase media, mujeres emprendedoras y jubilados que ahorraron toda su vida para tener una propiedad extra”.

Como alternativa, se propone la creación de un “registro nacional obligatorio” para todos los anfitriones, en línea y de “fácil acceso”.

El ministerio tendrá así una trazabilidad de quienes ofrecen un alquiler temporario por esta vía, con un registro que además tendría carácter de declaración jurada.

En su proyecto -entregado a los legisladores y a Viera-, la asociación establece sanciones para quienes no cumplan con la obligación de registrarse. La escala va desde la notificación y la intimación hasta la suspensión de la inscripción, pasando por una serie de multas escalonadas.

“Comparar las iniciativas familiares con la posición de grandes hoteles nos llevaría a constituirnos como empresa turística, cambiar el uso del suelo de nuestras viviendas y enfrentarnos a trámites engorrosos y sin finalidad aparente, ante gobiernos departamentales, implicando un doble registro”, advirtió Gómez.

En febrero, Turismo había enviado su propuesta, abriendo una discusión que se prolongó durante 2023. El Poder Ejecutivo aspiraba a que fuera sancionada y comenzara a regir en esta temporada. Sin embargo, no alcanzó acuerdo político en el oficialismo. La propuesta tampoco es respaldada por el Frente Amplio.

Lo que el gobierno busca regular es el uso de viviendas con fines turísticos por parte de sus propietarios o terceros. Para eso se plantea incluir a esos inmuebles en una categoría propia y su definición como “empresas extrahoteleras”, en los casos en que presten servicios similares a los alojamientos registrados.