En temporada de verano se abren más espacios para trabajos “extra” o zafrales, sobre todo, en el sector del turismo y en servicios, tanto en hoteles como en supermercados, restaurantes, bares y paradores por la sobredemanda en la costa este, principalmente en Canelones, Maldonado, Rocha y también en Colonia.

Muchos de esos trabajos se realizan “en negro” (es decir, fuera de la legalidad en materia laboral), en especial, en los llamados “comercios o locales golondrinas”, que son aquellos que surgen súbitamente para aprovechar una oportunidad puntual (la zafra) y pronto desaparecen. Pero también esto ocurre en otros sitios más establecidos que confían en que no serán descubiertos y multados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Este tipo de irregularidades implica una desprotección en términos de derechos laborales para los trabajadores, así como una menor recaudación para la Dirección General Impositiva (DGI), sin contar que a veces las condiciones de seguridad y el ambiente laboral tampoco son los adecuados.

Actualmente, se estima que en Uruguay la informalidad laboral alcanza al 21%, según las cifras oficiales del MTSS. Antes de asumir el gobierno de Lacalle Pou, estaba en 26%, por lo que bajó cinco puntos porcentuales en este período, en gran parte, por la presencia fiscalizadora y por el aumento de puestos de trabajo formales, según afirma la cartera.

La baja de la informalidad es una tendencia que ya se venía dando en los últimos años. De hecho, si se compara frente al registro de 2006, en ese entonces la informalidad era del 36%, según datos oficiales.

“Desde hace 20 años o más, el MTSS cuenta con un operativo de inspecciones que este año se ha potenciado”, afirmó a El País Tomas Teijeiro, inspector general del MTSS. Y fundamentó: “Por primera vez en el país, la Inspección General del Trabajo (IGT) desarrolló un Plan Nacional de Inspecciones, con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El plan fue sometido a consideración de los distintos actores sociales (como el Pit-Cnt y las cámaras empresariales, en el Consejo Superior Tripartito), y marca un hito, porque se pone en conocimiento de toda la ciudadanía y empresas, que van a ser objeto de fiscalización de acuerdo con los picos productivos que tiene cada sector”.

Consultado por El País Juan Mora, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG, señaló que “el trabajo zafral siempre tuvo en Uruguay un alto grado de informalidad, el cual ha ido descendiendo. Estimamos que llega a entre 10% y 13% de las inspecciones que se realizan en temporada”, estimó.

Consultado al respecto, Teijeiro prefirió no dar cifras hasta el final del operativo de esta temporada, ya que hay zonas geográficas con mayor informalidad que otras y es difícil calcular, pero dijo que “la experiencia (lo que muestra) es que la tendencia a la formalización es cada vez mayor”.

El nuevo plan cobrará más impulso este verano, considerando la importancia que las autoridades le dan a la zafralidad.

Históricamente, en Uruguay se realiza un “operativo verano” desde Colonia al Chuy, en lo que tiene que ver con el trabajo zafral vinculado al turismo, pero también se despliegan operativos concomitantes en la fruticultura y la vendimia, que también son zafrales y esta última coincide con la temporada turística de febrero y marzo.

La diferencia entre el Plan Nacional de Inspecciones y el tradicional Operativo Verano es que en el primero se pusieron “en blanco y negro” todas las actividades que van a ser atendidas por la fiscalización a lo largo del año, contó Teijero.

“Es más ordenado, moderno y también más transparente, porque las empresas saben que serán inspeccionadas; lógicamente no revelamos fechas, ni zonas ni lugares en los que se van a mover los inspectores”, advirtió.

El decreto 371/022, que entró en vigor el 1 de marzo de 2023 y está siendo aplicado gradualmente, prevé formas distintas de realizar las inspecciones.

Antes, la típica inspección era la visita a la empresa para constatar hechos, mientras que ahora se prevén tres mecanismos diferentes: la visita típica que se mantiene (sigue siendo la vía más importante de fiscalización), un análisis de la empresa con la información que ya se tiene o se consigue de la misma (a través de mejores sistemas de cruzamiento de datos) y la convocatoria a la compañía para que concurra al MTSS a explicar, aclarar o dilucidar situaciones anómalas que hayan surgido de la fiscalización. En este caso, los cuerpos inspectivos no van a la empresa.

Las inspecciones abarcan dos grandes focos: las condiciones generales de trabajo (es decir, la formalidad de los trabajadores de estar inscriptos en la seguridad social con la cobertura que conlleva); y el otro foco es la salud y la seguridad (esto es, medio ambiente laboral).

En total, unos 40 inspectores se dedican específicamente a las fiscalizaciones, y hay otros 50 que se encargan de atender las denuncias concretas de presuntas vulneraciones de los derechos de los trabajadores (tanto en formalidades como pago en fecha del salario, licencia vacacional, aguinaldo, días de descanso, como en temas de salud y seguridad). Esto suma un total de 90 funcionarios.

Mora -que atiende a clientes corporativos que han sido inspeccionados-, distingue, básicamente entre dos tipos de establecimientos en el mercado: los hoteles y comercios de grandes superficies (supermercados) que están establecidos y cumplen las leyes laborales, pero que al aumentar su personal en la zafralidad omiten algún requisito legal o normativo y, por otro lado, los “comercios golondrina”, abiertos solo para la temporada (por ejemplo, paradores o lugares bailables de paso), donde la ilegalidad es más frecuente. En estos casos, a su entender, se enfocan más las inspecciones.

En los pequeños comercios habría también mayor informalidad que en los grandes, según Mora. “Notamos que el MTSS es más proactivo en temporada que el Banco de Previsión Social (BPS), que suele ser más reactivo al actuar sobre todo cuando hay denuncias. Pensamos que el MTSS es más preventivo”, agregó el ejecutivo.

Según el MTSS, lo que más se detectan en las inspecciones en temporada alta son problemas en los registros administrativos: inscripciones tardías de los trabajadores en el Ministerio, sub aportación, el no pago de horas extra o la falta de consideración de descansos semanales.

Mora, por su parte, comentó que, según información a la que KPMG tuvo acceso de años anteriores, “la mayoría de los incumplimientos son por trabajadores zafrales no registrados en nómina y por no respetarse los laudos mínimos de los Consejos de Salarios”. Es decir, se le paga al zafral menos de lo que le corresponde.

“Que la empresa tenga a la persona no declarada, son menos los casos, según nuestra experiencia del año pasado. Se evidencia una disminución de las no declaraciones, año a año. Esto tiene que ver con que las empresas saben que existe una presencia fiscalizadora”, defendió Teijeiro.

Sobre las irregularidades vinculadas al personal extranjero que viene a hacer la zafra en Uruguay, se les controla que tengan los permisos migratorios para poder trabajar.

“Acá lo que conspira en contra, es la demora del trámite migratorio, ya que muchas veces el trabajador lo inicia y pasan los tres meses de verano y aún no ha logrado conseguir el permiso”, dijo Mora. Situación diferente es la de los extranjeros que han llegado a vivir a Uruguay (venezolanos, cubanos, principalmente); en estos casos, el inspector general del MTSS planteó que “existe una sensibilidad social y legal en Uruguay de que el extranjero sea tratado en las mismas condiciones que los nacionales”.

Mora agregó que, según los datos de KPMG, durante la temporada es frecuente la contratación de menores de 18 años en la costa, a quienes se le exige un permiso de trabajo y generalmente lo tienen. “Como la sanción de tener menores trabajando es muy alta, las empresas se cuidan de que tengan los carnés habilitantes”, explicó el abogado. Otro fenómeno acentuado en los últimos años son los repartidores de comidas en moto, que han aumentado mucho en la zona costera durante el verano.

El decreto mencionado también modernizó y ordenó el procedimiento administrativo en materia sancionatoria. “Antes había que recurrir a un compilado de normas para entender lo que se debía aplicar; ahora la norma es bastante lineal y clara. También los procesos se acortaron. Expedientes de tres o cuatro años pasaron a menos de dos años. Los mecanismos optimizan los tiempos”, afirmó Teijeiro.

En casos de incumplimientos, las sanciones van desde la amonestación, pasando por el apercibimiento (por falta leve o sin intencionalidad), hasta la imposición de multas que, dependiendo de gravedad del asunto, pueden ir de las 10 unidades reajustables (UR) a las 150 UR. Incluso pueden ser mayores, si involucran cuestiones de derechos fundamentales, como por ejemplo, persecución sindical.

En los hechos, Teijeiro afirma que los casos más habituales son los vinculados a formalidades administrativas o documentación, con un promedio de las multas que está entre las 20 UR o 30 UR, dependiendo de la situación.

Mora puso foco en algunas sanciones más graves. “Por tener trabajadores extranjeros sin permisos, la sanción puede llegar a ser 100 veces el jornal”, afirmó. “Y en casos de reiteración de sanciones graves, la sanción puede llegar a la clausura del local”, concluyó.

La informalidad en el trabajo zafral se ha venido acotando en los últimos años, debido a la creación de más puestos de trabajo y a los controles del MTSS.

A partir de la pandemia del covid-19, la población notó más la diferencia entre quienes estaban en el sistema y recibieron beneficios, y los que no. La informalidad estuvo en 25 % en la pandemia y luego llegó hasta el 21% en la actualidad; el registro más bajo entre los países de la región.

Ley de “viviendas de uso turístico”

Foto: Estefania Leal

Mayoría de las camas ofrecidas en la costa es del sector informal

El Ministerio de Turismo está buscando reglamentar el “alojamiento en viviendas con uso turístico”, a través de un proyecto de ley de febrero del 2023 que hoy está en el Parlamento.

La cartera calcula que, en el este del país, de cada 1.700 camas disponibles anuales en el sector tradicional de la hotelería, hay unas 6.000 camas del sector informal. Esta cifra responde, en gran parte, a fenómenos como Airbnb, que han disparado la oferta habitacional, por parte de particulares. De ahí la iniciativa de que se reglamente más al sector. No sería una reglamentación a las plataformas digitales, sino a quienes ofrecen habitaciones.

El proyecto de ley incluye una definición de lo que sería “vivienda de uso turístico comercial” y la reglamentación de cómo funcionar, según informó a El País Tabaré Viera, ministro de Turismo, en una entrevista en el pasado octubre, cuando dieron impulso a la iniciativa ante la proximidad del verano.

El proyecto establece la necesidad de diferenciar la “economía colaborativa” de las actividades empresariales” en el sector, con el fin de no profundizar el informalismo en el país y de contrarrestar la competencia desleal.

El País también entrevistó en octubre a Walter Nogueira, integrante líder del Club de Anfitriones de Airbnb en Uruguay, quien señaló que muchos negocios que operan a través de la plataforma no están ilegales, sino que “existe un vacío legal en la materia”.

El Club de Anfitriones de Airbnb en este país está integrado por 466 miembros en Montevideo y 70 miembros en Punta del Este. A través de esta plataforma, en octubre pasado, por ejemplo, había unos 1.000 apartamentos para alquilar en Montevideo y más de 2.500 en Punta del Este. Viera declaró que “hay viviendas que el dueño alquila una vez al año para ayudarse un poco financieramente, pero otras son verdaderos negocios que no pagan ningún tipo de impuesto”.

El titular de la cartera reconoció que el Estado debe avanzar desde el punto de vista jurídico, estableciendo nuevas modalidades de arrendamiento que han ido surgiendo, así como con nuevas formas de contralor y de sanciones ante casos de incumplimiento.

Se esperaba que el proyecto fuera aprobado antes de la temporada de verano 2024, lo que aún no ha ocurrido.