La situación que atraviesa Nicaragua preocupa desde hace tiempo, pero cada vez son más las medidas que adopta su presidente Daniel Ortega que causan indignación fuera de fronteras.

El 9 de febrero su régimen resolvió despojar de su nacionalidad a 316 disidentes, de los cuales 222 estaban presos y fueron liberados y expulsados a Estados Unidos y otros 94, la mayoría exiliados.

En el Frente Amplio han existido matices a nivel interno donde si bien hay sectores como Fuerza Renovadora que catalogan al gobierno nicaragüense como un “régimen” con actitudes que “violan la dignidad humana”, también surgen otras voces como la del Partido Comunista que tiempo atrás defendió la “autodeterminación de los pueblos” para resolver sus problemas.

Ante este nuevo hecho, el intendente de Salto, Andrés Lima, integrante de la Liga Federal, fue tajante al asegurar que “Nicaragua es una dictadura”. Así tituló una columna escrita días atrás y que hizo circular entre militantes de su sector y otras agrupaciones departamentales, a la que accedió El País.

“Las cosas por su nombre. Cuando vemos un régimen político que no respeta los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, cuando vemos un Estado que es cooptado totalmente por un partido único que se dedica a utilizar todo el aparato de las instituciones para perseguir, criminalizar y eliminar a todo tipo de oposición, no cabe más que llamar a este régimen por su nombre: Dictadura”, aseguró el jefe comunal salteño.

Incluso, llamó a estar “bien lejos” de “cualquier tipo de asociación con ellos” tanto sea como país y como fuerza política.

El diputado colorado Conrado Rodríguez fue la primera voz en Uruguay que planteó que el país se ofrezca como lugar de acogida para los nicaragüenses a los que les quitaron la nacionalidad.

Si bien el gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou aún no tomó posición, otros países sí lo han hecho como el caso de España y otras naciones lationamericanas.

Lima está de acuerdo y llamó a que el gobierno se acople. En su misiva catalogó de “insólita” la medida aplicada por Ortega y pidió que Uruguay adopte una resolución “similar a la que tomado el gobierno de Chile ofreciendo la nacionalidad a quienes quedaron apátridas producto de la marginación que el régimen de Ortega ha hecho”. “Esa acción responde a las más altas tradiciones de respeto a la democracia y derechos humanos que tiene nuestro país”, sostuvo el dirigente frenteamplista.

Fuentes de Cancillería confirmaron a El País que desde ese ministerio, en términos informales, se apoya la propuesta del diputado Rodríguez, aunque se consideró que es de resorte del Parlamento. El apoyo también llegó desde prácticamente todos los sectores políticos.

El diputado frentista Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, dijo a El País que explora el camino legal para llevar esta propuesta a la práctica y que permita ofrecer la ciudadanía a la mayor parte de opositores posible al régimen de Ortega.

Un posible camino, mencionó Olmos, sería apelar a la ley de Reconocimiento y Protección al Apátrida, vigente desde 2018. Una posición similar mantiene, según dijo a El País, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez