Tribunal avaló a policías y revocó resolución que declaraba "ilegal" la detención de un hombre con matrículas robadas

Los ministros concluyeron que existieron indicios suficientes, pese a que un juez había considerado ilegal el procedimiento policial y ordenado la liberación del detenido.

Juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez.
Juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno falló en contra de una resolución del juez Diego González, que había determinado la ilegalidad de la detención de un hombre que portaba matrículas robadas en su mochila. El magistrado había considerado que, si bien luego surgieron elementos que incriminaban al hombre, el accionar de la Policía no fue el correcto al momento de la detención. Sin embargo, tras la apelación de Fiscalía, el Tribunal revocó la sentencia.

El 13 de octubre, en horas de la tarde, un hombre se presentó ante la Seccional 22, ubicada en Lezica, para denunciar que le habían robado las matrículas de su vehículo. El auto se encontraba dentro del estacionamiento de un colegio de la zona (del cual él es subdirector). Según declaró ante la Policía, sus compañeros le avisaron que su vehículo no tenía las matrículas, por lo que miró las cámaras de seguridad e identificó al ladrón. Se trata de un hombre que frecuentemente iba al colegio a pedir comida.

Dos días después, el subdirector vio que este hombre estaba dentro del predio del colegio nuevamente, por lo que llamó al 911. Funcionarios policiales se hicieron presentes y revisaron la mochila del ladrón, en la que encontraron dos chapas (que no eran las del denunciante). Tras consultarte sobre el origen de las mismas dio versiones contradictorias. "Las encontré", dijo una vez; "me las dieron", lanzó más tarde.

En este punto se cruzan las versiones de los policías con la del hombre. Mientras que los primeros aseguran que fue conducido voluntariamente hacia la seccional, el otro dice que fue trasladado en contra de su voluntad. De igual forma, luego el Tribunal de Apelaciones consideraría que ambas hubieran sido igual de legales.

Mientras el presunto delincuente estaba en la seccional, una mujer llegó para denunciar que le habían robado las matrículas de su auto, el cual había dejado sobre la vereda de su casa tras llegar del trabajo. Al tomarle los datos, los policías repararon en que eran las mismas que el detenido tenía en su mochila al momento de ser revisado. Por este motivo, se procedió a su detención.

"Existió flagrancia delictiva, ya que el imputado fue hallado con objetos hurtados y presentaba contradicciones en sus explicaciones", argumentó la Fiscalía de Flagrancia de 6to Turno, encabezada por Silvana Mastroianni, durante la audiencia de control de detención. Además, defendió que la actuación policial fue legal y acorde a la normativa.

Por su parte, la abogada del detenido aseguró que el momento de la detención no fue en la seccional sino tras revisarle la mochila, lo que representaría un mal procedimiento ya que esas matrículas todavía no habían sido denunciadas como robadas. Además, señaló el traslado sin justificación y la revisión de pertenencias como otras irregularidades.

Tras presenciar el debate entre las partes, el juez Diego González determinó que la detención fue "ilegal", por lo que dispuso la libertad del hombre. En ese momento, el equipo fiscal anunció la apelación, asegurando que el juez "no valoró adecuadamente las pruebas, basándose únicamente en las declaraciones del imputado".

El pasado miércoles, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno falló a favor de Fiscalía y determinó que la detención fue legal. Según manifestaron los ministros en una sentencia a la que accedió El País, la sola palabra del imputado no es suficiente para contradecir la versión de los policías, por lo que dieron por hecho que la detención fue en la seccional policial y no antes.

De igual manera, aseguraron que si hubiera sido antes, como manifestó el hombre, los funcionarios tenían "indicios fundados" para creer que había cometido un delito. "La Policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona cuando existan indicios fundados de que esta ha participado en un hecho con apariencia delictiva y puede fugarse del lugar donde el mismo se ha cometido, o entorpecer la investigación", concluyeron.

Desde octubre a la espera de la detención

El mismo 15 de octubre, luego de que el juez determinara la ilegalidad de la detención, el equipo fiscal solicitó una orden de detención formal, con el objetivo de formalizar la investigación con todos los elementos con los que se contaba. El magistrado no resolvió, sino que dio traslado a la defensa del hombre. Ante una apelación de Fiscalía, el juez reparó en su error y dio marcha atrás al traslado, aunque tampoco aceptó la orden de detención.

"El fundamento para rechazar el libramiento de la orden no es de mérito sino procesal, puesto que está en trámite el recurso de apelación sobre la resolución que dispuso la ilegalidad de su detención", argumentó el juez, y aseguró que "una vez resuelta la vía impugnativa" se expedirá sobre el pedido de orden de detención.

Actualmente la Fiscalía aguarda por la detención para poder formalizar la investigación.

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