ARGENTINA

El Beechcraft B58 Baron matrícula CX-BRI estaba en el radar de los investigadores desde hace casi cinco meses. Se sospechaba que volaba ilegalmente a Uruguay, desde Paraguay, para traficar cocaína. La confirmación llegó anteayer cuando en una pista clandestina de la zona de Artigas, casi en la frontera con Brasil,la policía uruguaya secuestró 400 kilos de pasta base de cocaína. Los tripulantes del avión lograron despegar antes de ser detenidos. En las últimas horas, en un hangar de una estancia de Entre Ríos, personal de la Gendarmería Nacional de Argentina secuestró la aeronave utilizada por la banda narco. Acababa de ser limpiada con una hidrolavadora para no dejar rastro de la carga que habían llevado al vecino país.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y de la Gendarmería. Además de decomisar el avión, se secuestró un teléfono celular satelital, 52.300 dólares, 106.700 pesos, dos escopetas y cinco revólveres. Todo eso se obtuvo al cabo de seis allanamientos en Concordia, autorizados por el Juzgado federal de Concepción del Uruguay, que dispuso que tres personas queden supeditadas a la causa.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a El País que se están esperando actualmente las pericias del GPS.

La investigación comenzó hace cinco meses tras un intercambio de información entre la Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea de Uruguay.

“Se trabajó sobre la hipótesis de una organización dedicada al narcotráfico que operaba por medio de vuelos ilegales. Los viajes comenzaban en Paraguay, donde se realizaba la carga del estupefaciente, para luego ser colocada en Uruguay”, se explicó en un comunicado de prensa difundido por la Gendarmería Nacional.

Tras las primeras pistas surgidas en el intercambio de información entre las autoridades de ambos países, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, comenzó una investigación para tratar de identificar a los integrantes de la organización narcocriminal.

La Procunar le encomendó tareas a la Dirección Antidrogas de la Gendarmería Nacional y al Departamento Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) para que “profundizaran el análisis e investigación respecto de los vuelos irregulares detectados en Uruguay y determinaran las posibles vinculaciones locales que tendría el grupo criminal”.

Los investigadores determinaron que en una estancia de Concordia hacía “las conexiones operativas y logísticas”. Se presume que la aeronave realizaba vuelos clandestinos triangulares: en Paraguay se proveía de droga, en Uruguay se descargaba y la Argentina funcionaba como escala de abastecimiento logístico aéreo.

“Si bien la hipótesis investigativa sostiene que la cocaína tenía como destino Uruguay, no podemos descartar que en algún viaje hayan bajado droga en la Argentina”, dijo una fuente del caso.

En el inicio de la investigación se comenzó a trabajar sobre otro avión que hacía los vuelos hacia Uruguay. El dueño de la aeronave tenía declarado como domicilio una estancia en General Campos, en Entre Ríos. Según datos del portal Radarbox, el último registro de actividad del CX-BRI data de hace cuatro meses, con la ciudad de Florida, en el centro del país vecino, como destino. Es probable que los vuelos posteriores los haya realizado con el transponder apagado, para no dejar rastros de su derrotero.

En ese campo, finalmente, en las últimas horas se secuestró el avión que anteayer llevó la cocaína a la pista clandestina del departamento de Artigas. Ese día se secuestraron 409 de pasta base de cocaína.

Cuando el avión aterrizó se acercaron dos vehículos cuyos ocupantes hicieron la descarga. La aeronave despegó y se fue de territorio uruguayo, pero la droga fue secuestrada y se detuvo a ocho sospechosos en el lugar y a otras nueve en procedimientos posteriores.

“Los investigadores consideran que las maniobras detectadas estarían vinculadas con actividades ilegales y serían coordinadas por un grupo criminal de carácter transnacional”, según un dictamen firmado por el fiscal Iglesias y el auxiliar fiscal Matías Álvarez.