Poco a poco los casos policiales que involucran a niños y adolescentes con el mundo y el negocio de la droga se han vuelto recurrentes en la agenda pública. En algunos casos porque son parte de un negocio familiar, en otros porque son cooptados en los barrios con presencia de bandas narcotraficantes para “trabajar”. Ambas situaciones llevan a que también se registren casos en que reciben heridas de bala, por enfrentamientos.
El último caso fue el de un adolescente de 14 años, imputado el pasado martes, tras constatarse que acudía armado y con drogas para vender en su centro educativo ubicado en Las Piedras, Canelones. Se lo encontró con cogollos de marihuana y un arma con todos los elementos para disparar.
Días atrás, la Policía detuvo a otro menor de 12 años en Barros Blancos que tenía en su mochila pequeñas cantidades de marihuana y cocaína. En ese caso, la madre del menor dijo a la Policía que su hermano era consumidor y, luego de revisar la casa, fueron incautadas drogas y cartuchos -algunos pertenecientes al Ministerio del Interior.
La Policía de San José comunicó durante la última semana que otros dos adolescentes fueron internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por delitos relacionados al porte de armas. A uno de ellos, de 14 años, se lo detuvo con una pistola Glock con 17 cartuchos. El otro, de 17 años, fue abordado por efectivos policiales tras escuchar disparos, y se le encontró un revólver calibre 22 con cartuchos. Y los casos continúan.
En Montevideo, hubo varios allanamientos en Cruz de Carrasco durante la última semana con el objetivo de detener al sospechoso de un homicidio registrado a fines de 2023. Esta persona, un joven de 18 años que al momento del crimen era menor de edad, ya fue detenida.
El barrio Cruz de Carrasco está intervenido policialmente hace algunos meses, y según dijeron a El País fuentes policiales, “la mayoría” de los involucrados en delitos ocurridos en el barrio, son menores de edad, muchos de ellos ya identificados y detenidos.
Contexto
Esta realidad es vista con preocupación tanto a nivel policial como judicial. “Algunos grupos captan menores pagándoles $ 100 o $ 200 por día para que vendan drogas”, había dicho a El País la fiscal Bárbara Zapater tras imputar al adolescente de 14 años en Las Piedras.
En ese caso, el joven no fue internado en el Inisa ya que la fiscal consideró que “poseía un contexto familiar positivo”. Según confirmó El País, se abrirá una investigación paralela para determinar vínculos con bandas narcos.
“En este caso está casi confirmado que trabajaba para un grupo criminal”, dijo una fuente vinculada a la investigación a El País. Además, agregó que “se investigarán también otros casos”, ya que “no es descabellado que se estén dando este tipo de maniobras”.
Según indicó otra fuente judicial, “a nivel internacional” se está reportando un “avance de los grupos transnacionales”, algunos de los cuales tendrían influencia en bandas uruguayas, ya que “el narcotráfico es uno de los delitos más atractivos”.
El informante, vinculado a varias investigaciones por drogas, aseguró que “cuando se da la utilización de menores es porque se pueden aprovechar de su estado de vulnerabilidad”, aunque agregó que esto “también se puede ver con adultos mayores”. “Detrás de ellos por lo general hay personas mayores de edad que detectan que se suele bajar la guardia ante la presencia de niños, y por eso los usan”, dijo la fuente y agregó que “si bien el narcotráfico es el delito que más llama la atención, también los reclutan para después utilizarlos en pornografía y tráfico de personas”.
Un aspecto destacado por múltiples fuentes consultadas es que “los propios padres de los niños a veces forman parte de las bandas”, lo que genera una “naturalización”.
Registros
En el último año fueron imputados 1.072 menores de 18 años, 172 más que en 2022, y se convirtió en el número más alto de los últimos años, según datos de Fiscalía contabilizados desde 2019.
El registro varió en el correr de los años. 2019 fue el segundo año con más imputaciones -988-, mientras que 2021 fue el año que menos cantidad registró con 824.
Su crecimiento genera preocupación en las autoridades, quienes han manifestado públicamente su compromiso con reducir la violencia de la que están siendo protagonistas niños y adolescentes.
Durante 2023 el delito de hurto fue el que más casos tuvo con 297 imputaciones, “otros delitos” con 231 -entre los que se encuentran receptación, violencia privada, incendio, entre otros- y la rapiña con 225.
Del total de menores imputados en el último año, 998 fueron varones, mientras que 74 fueron mujeres. Al analizar por sexo, el delito repetido en más oportunidades cambia, ya que en el caso de los varones fue el hurto -con 281 imputaciones-, mientras que para las mujeres fue lesiones personales con 18.
Por homicidio hubo 38 imputaciones mientras que por vinculación a estupefacientes fueron 45. Según dijeron investigadores a El País, “muchas veces los menores están vinculados a bandas de droga, pero ellos no son los que comercializan, sino que se encargan de otros delitos como rapiña que sirven para financiar al grupo”.
Al analizar por departamento, Cerro Largo es el que más menores imputó durante 2023 con 88, lo que representa una tasa de 11 cada 100.00 habitantes. El jefe de Policía de Cerro Largo, Marcelo Suárez, dijo a El País que “el aumento se da porque al prácticamente no presentarse delitos violentos -como rapiñas-, hay más personal enfocado a esta área”. “Hay cerca de 20 menores identificados que actúan en grupitos que se dedican a robar vehículos”, contó Suárez que agregó que la mayoría de los casos “no son delitos violentos sino hurtos”. Según los datos de Fiscalía, el 44% de los delitos que se les imputaron a menores en este departamento fueron hurtos.
Pinar Norte
Casi dos meses después del homicidio de un hombre de 22 años y su hijo de tres -que también dejó a dos niños baleados que se recuperaron-, la investigación continúa.
Según pudo saber El País, además de dos personas ya imputadas -el conductor del auto en el que iban las víctimas y la mujer que manejaba la boca de drogas que visitaron-, se está avanzando en la búsqueda de los homicidas. Los investigadores creen que actuaron varias personas, y están a la espera de pericias que podrían definir el caso.
Fuentes relacionadas a investigaciones de drogas dijeron a El País que “muchas veces los niños presencian la muerte de sus familiares” debido a conflictos entre bandas, pero también ven a sus familiares delinquir. Señalaron que “si bien es un fenómeno que está creciendo, no nació recientemente”. En 2020 un joven mató a otro que fue a comprarle droga. Su hermano de 10 años vio toda la situación, ya que ayudaba con la venta de estupefacientes y también estaba armado.
Buscan tener información sobre atención del Estado a menores y sus familias
El pasado viernes se llevó adelante la segunda reunión interinstitucional entre varios organismos del Estado con el objetivo de generar políticas que mitiguen el crecimiento de violencia en niños y adolescentes.
Del encuentro participaron representantes de los Ministerios del Interior y Desarrollo Social (Mides), ANEP, Fiscalía, Poder Judicial, ASSE, INAU y el Instituto Nacional de Estadística.
El subsecretario del Interior, Pablo Abdala, dijo en rueda de prensa que “se avanzó en definir un sistema de intercambio de información” entre los organismos con relación a datos de “niños, niñas y adolescentes, y por extensión también de sus familias” con el objetivo de “trabajar en la atención, protección y promoción de sus derechos”.
Según declaró Abdala al terminar el encuentro, “el mecanismo que más se ajusta” a lo que buscan es el Sistema de Información Integrada del Área Social del Mides”, del que Interior no forma parte, “pero lo hará”, según agregó el jerarca.
Fuentes de los organismos involucrados confirmaron a El País que lo que se busca es que todos puedan ver en tiempo real y a la misma vez cuáles son los antecedentes relacionados con la atención que el Estado le dio a un niño, niña o adolescente al igual que a sus familias.
“El Estado es uno y buscamos entre todos mitigar y contener la violencia que sufren los niños”, sostuvo Abdala y añadió que para atacar esta problemática es necesario “definir acciones concretas”.