Redacción El País
La Policía incautó once armas, entre ellas la de reglamento del policía Pablo Dávila, que fue asesinado en la noche del lunes en el barrio Marconi.
La incautación se hizo este viernes tras allanamientos en los barrios Plácido Ellauri y Marconi, según informaron a El País fuentes del Ministerio del Interior. Entre las armas se incautó un subfusil y 10 pistolas glock, una de ellas pertenecía a Dávila.
Además, siete personas fueron detenidas en el marco de este operativo en el que trabajó la Dirección General de Información e Inteligencia y el Departamento de Homicidios.
El crimen
En la jornada del jueves tres personas, dos hombres y una mujer, fueron imputados por el homicidio del efectivo policial. Dos de los delincuentes cumplían con libertad a prueba por otros delitos. Fueron descubiertos hablando sobre el asesinato a través de una llamada telefónica por un celular intervenido en otra investigación.
Sobre las 23:30 horas del lunes, el policía Pablo Dávila volvía a su casa tras finalizar la jornada de trabajo en la Seccional 22 de Melilla. Se trasladaba en su moto e iba vestido de particular. Ya en el barrio Marconi, tuvo que desviarse debido a un accidente de tránsito. Cámaras de la zona registraron su paso, y detrás de él a un grupo de personas que lo perseguía
Al llegar a la intersección de las calles Juan Acosta y Avenida Aparicio Saravia, quienes lo perseguían comenzaron a tirarle piedras. Vecinos que declararon como testigos protegidos ante Fiscalía dijeron que esta era una práctica habitual de los ahora imputados, para así rapiñar a los vehículos que pasaban por allí.
En respuesta al ataque, el policía detuvo su marcha y enseguida fue golpeado con un palo. Antes de que consiguiera sacar su arma de reglamento, uno de los ahora imputados salió de un pasillo portando un revolver y disparó seis veces. El policía murió en el lugar.
Formalización y prisión para los tres
En la audiencia de este jueves, la fiscal Sabrina Flores pidió que se formalice la investigación contra dos jóvenes de 23 y 20 años, y de la hermana de uno de ellos, de 18 años. El delito que finalmente se imputó fue el de homicidio muy especialmente agravado.
Como medida cautelar, todos deberán cumplir con prisión preventiva hasta el 6 de agosto, mientras que continúa la investigación de cara al juicio.
Entre los motivos mencionados por Flores para pedir la prisión preventiva, estuvo el entorpecimiento de la investigación, ya que hasta el momento hay cuatro testigos reservados que son vecinos del barrio que podrían ser amedrentados.
También se tuvo en cuenta el peligro de fuga por la gravedad del delito, que con las agravantes imputadas tiene una pena mínima de 20 años.
Los dos más jóvenes —los hermanos— tenían un último antecedente de 2024, y se encontraban cumpliendo con libertad a prueba.
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