Micaela fue trasladada a una comisaría en Paysandú en diciembre de 2021 y se enfrentó a un “ambiente de trabajo sexualizado” en el que otros compañeros la acosaban, tocándola contra su voluntad. La policía de 39 años les tuvo que dejar en claro que ella “no hacía esas cosas”. Uno de ellos tenía mayor rango que ella.
Cuando Micaela llegaba tarde o cometía algún error, este policía le decía que no la iba a sancionar como “un favor”, pero que luego se lo iba a tener que “cobrar”.
Durante ese año, la policía debía trabajar a solas con él en su oficina hasta la noche y mientras ella llenaba actas, él le agarraba la mano, le acariciaba la espalda e incluso se acercaba tanto hasta pegar su cara junto a la de ella. Le ponía frecuentemente la mano en su pierna.
Un día le dijo: “Micaela, ¿es impresión mía o hoy está con la cola más grande?”. La mujer pasó tres meses vomitando en la comisaría por el estrés que le provocaba esta situación de acoso y el subcomisario le decía: “Váyase a su casa, flojita”.
En febrero de este año, Micaela decidió solicitar una consulta en la policlínica policial porque ya no soportaba trabajar bajo esas condiciones. La certificaron y los médicos la incentivaron a realizar una denuncia.
Hasta ahora la policía continúa certificada y, en consecuencia, perdió el 60% de su salario. Todavía ni siquiera quiso volver a la comisaría a buscar sus pertenencias. La jefatura de Paysandú no registró la denuncia realizada y lo único que le ofrecieron fue trasladarla a otra dependencia policial.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), que tiene afiliados en todo el país, recibe por lo menos una consulta por semana por parte de mujeres policías que son acosadas en el trabajo.
La mayoría de estas funcionarias no realizan una denuncia formal. Flavia Nordone, abogada del sindicato, representa a 10 mujeres, por casos de abuso y acoso sexual grave puertas adentro de la Policía. Las situaciones se dieron entre 2022 y lo que va de 2023.
Según explica la defensora, la mayoría de los casos comienzan por invitaciones a salir y luego las mujeres enfrentan persecuciones, además de sufrir “toqueteos”. El departamento con más consultas por acosos es Maldonado.
“El sistema vertical de la Policía favorece que pasen estas cosas”, señaló a El País el secretario general de Sifpom, Fabricio Ríos. El hecho de que existan grados y que un funcionario tenga poder sobre el otro ocasiona “abusos de todo tipo, entre ellos los sexuales”, dijo en tanto Nardone. Más allá del acoso en sí, lo que más le preocupa al sindicato es la impunidad. Porque son los mismos denunciados los que a veces procesan las denuncias.
Las que sufren situaciones más severas deciden certificarse luego de hacer la denuncia, como le sucedió a Micaela. Esto genera más problemas en las víctimas porque, debido a la atención psicológica, los funcionarios son desarmados. Esto significa que ya no pueden trabajar en el Servicio 222 -que representa un sustento económico importante para los policías- ni viajar gratis en el transporte público, dado que ya no viajan uniformados.
Ríos indicó, a su vez, que los traslados de las efectivas las desfavorecen dado que tiene que trabajar en lugares mucho más alejados de sus casas.
Según supo El País, este año se conoció la situación de un cabo que acosaba sexualmente a 10 policías mujeres en Maldonado. Solo una de ellas decidió denunciarlo y, tras la investigación, lo sancionaron con cuatro meses de suspensión, además de castigar a una sargento por no haber hecho nada al respecto, a pesar de saber lo que estaba sucediendo.
Una policía de 34 años, que también trabaja en el departamento de Maldonado hace 13 años, sufrió una situación de acoso laboral grave en 2017 por parte de su superior. Comenzó por un “te queda lindo el uniforme”, siguió con mensajes a través de redes sociales, con un “qué rico son tus besos” y terminó con forzar a la funcionaria a tener sexo con él.
La mujer decidió hacer la denuncia, pero el policía se jubiló y se mantuvo impune. “Lo peor pasó después”, dijo, porque además de perjudicarla con el traslado, todos sus compañeros la trataron de mentirosa.
Reclaman que haya una jefa de Policía
A Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, le indigna que ni uno de los jefes de Policía de los 19 departamentos sea mujer. Solamente hay una subjefa en la jefatura de Durazno. “Hay una discriminación clara en los cargos de dirección”, aseguró a El País.
La sindicalista cree que el cargo de director de Convivencia Ciudadana podría haberlo asumido una mujer dado que estas -sostuvo- son muy buenas en el rol de intercambiar con vecinos y oficiar como mediador de conflictos.
La Policía es una institución “sumamente machista”, agregó, pero no piensa que la solución sea la cuota de género, porque cree en el reconocimiento de las capacidades. Rodríguez también criticó el rendimiento de la División de Políticas de Género.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, dijo a El País que ha habido “cambio significativos” en cuanto a la inclusión de mujeres en puestos importantes de la Policía y nombró a la comisaria general Belén Camejo, que este año asumió la dirección de la Policía Científica, y a la comisaria mayor Mariana Moura, que encabeza Información e Inteligencia Policial. Además, apuntó que cada vez hay más mujeres que se unen a la fuerza.
Crean una Comisión para casos de abuso
Ante el cúmulo de denuncias por los distinto casos de acoso sexual intrainstitucional, el Ministerio del Interior creó la Comisión Permanente de Atención a situaciones de Acoso Sexual en funcionarios/as y personal del ministerio.
Esta comisión, además de realizar la investigación interna, adopta medidas de protección y prevención para víctimas y victimarios.
“Desde la Dirección Nacional de Políticas de Género se trabaja en forma permanente en la difusión de los canales de denuncia y en la formación y capacitación del funcionariado del Ministerio del Interior en la temática”, apuntaron desde la cartera.
El País solicitó datos sobre los casos de acoso laboral que recibió la comisión y no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.