Por Maite Beer
Desde que el Ministerio del Interior incauta droga, hasta que finalmente se destruye en un horno de incineración, se da un proceso complejo en el que participan actores de cuatro instituciones diferentes del Estado: la Policía, la Fiscalía, el Instituto Técnico Forense y el Ministerio de Salud Pública. Es un proceso minucioso y en él se toman las mayores precauciones posibles porque suelen estar en juego miles de millones de dólares.

Los lugares y los nombres de las personas que están involucradas en la destrucción de la droga almacenada son confidenciales, dado que los operativos de almacenamiento y transporte son más cuidados e implican más riesgos que los que se montan para las grandes movilizaciones bancarias. Incluso en el traslado de las toneladas de cocaína hay más dinero en juego que si se transportaran lingotes de oro. Por eso no hay espacio para desaciertos.

El 28 de diciembre de 2019 se batió un récord histórico: en un solo día se incautaron seis toneladas de cocaína, con un valor de 1.340 millones de dólares, luego de que examinaran un buque en el puerto de Montevideo que tenía como destino final África y de que, en esa misma jornada, allanaran una estancia en el kilómetro 292 de la ruta 21. Esta incautación fue producto del trabajo de inteligencia de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la Fiscalía de Estupefacientes.

“De las bocas te vas con 10 gramos de pasta base”, explicó a El País una fuente del Ministerio del Interior. Y es por este motivo que el foco está puesto en las organizaciones, en identificar a la cabeza de cada banda y a su distribuidor, para de esa forma acceder a los mayores lugares de almacenamiento.

Sin embargo, la droga también llega a manos de la Policía de otras formas, como ser a consecuencia de las llamadas al 911. Así fue que la Policía encontró 40 bolsos con ladrillos de cocaína tirados en la costa del balneario San Antonio (Rocha) en febrero de 2022. También ha sucedido que personas encuentran droga de forma casual, mientras caminan por la calle o incluso en el jardín de su casa.

Esto último suele suceder cuando la Policía hace allanamientos porque, en el apuro por huir, los delincuentes se descartan de la droga y la lanzan a las casas de sus vecinos. Pero también hay casos más particulares, como el que ocurrió en 2021 luego de que el empleado de una automotora detectó que había camionetas 0 km que tenían el piso más bajo que otras y al revisar encontró bolsas con ladrillos de cocaína escondidas. Eran 953 kilos de cocaína.

Foto: Darwin Borrelli

Una vez que la Policía incauta droga, sea una tonelada de cocaína o cinco gramos de marihuana, se da aviso a la Fiscalía de Estupefacientes. El día de la incautación, la Dirección de Drogas realiza una prueba de campo preliminar de la sustancia hallada y para eso utiliza dos artefactos modernísimos que cuestan miles de dólares.

Primero detectan qué sustancia es la que se incautó porque, más allá de que puedan identificarla a ojo, tienen que tener estudios que lo avalen. Para esto se usa el aparato TruNarc, que fue una donación de las Naciones Unidas al Ministerio del Interior. El organismo internacional donó dos unidades que tienen un costo de US$ 50.000 cada una.

El dispositivo cuenta con un sensor con tecnología gama que logra identificar la sustancia al acercarla a la muestra. Cruza la información obtenida con una base de datos que tiene registrados todos los tipos de droga y así hace match. Incluso, es posible agregar nuevas sustancias -como las sintéticas- que van ingresando al mercado.

Puede suceder que la droga esté estirada, que en el caso de la cocaína se evidencia en una coloración menos blanca y un olor que no es tan fuerte. La cocaína se estira con cafeína o lidocaína, mientras que a la pasta base le llegan a poner veneno.

Lo incautado también se pesa en una balanza de precisión calibrada, que soporta seis kilos, y que tiene una sensibilidad particular que la diferencia de balanzas comunes. Luego de contar con estos dos estudios, se realiza un acta de entrega para que la sustancia pase al Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial, que a partir de ese momento pasará a ser el mayor responsable de estas toneladas de droga. El ITF volverá a realizar sus propias mediciones.

La droga incautada se traslada a unos contenedores blindados y con máxima seguridad, a los que solo pueden acceder los químicos del Laboratorio de Química y Toxicología del ITF. Ellos son los únicos que conocen la clave para ingresar a los depósitos.

Cuando asumió la actual administración había 13 toneladas de cocaína almacenada que aún no se había quemado, y es que solo en 2019 se incautaron casi 12 toneladas de esta sustancia. El difunto ministro del Interior, Jorge Larrañaga, estaba muy preocupado por esta cantidad y al poco tiempo de asumir su cargo ordenó la destrucción de la droga.

En el próximo paso entra en juego la Fiscalía, que hace un examen cualitativo y cuantitativo. El fiscal le testifica al juez la cantidad de droga incautada y su grado de pureza. Si la droga está estirada por sustancia de corte, la pena de los imputados será mayor porque esta tiene un mayor daño para el organismo.

“Que se decomise la sustancia estupefaciente ilícita incautada y se ordene su destrucción oficiándose al ITF”, anunciará el fiscal frente al juez durante la audiencia y de allí en más solo estará encargado de investigar a los traficantes involucrados. Fuentes de la Fiscalía dijeron a El País que hasta el momento la Fiscalía nunca ha investigado a la Policía o al ITF por robar y traficar la droga decomisada.

El día del quemado se presentan en el lugar de almacenamiento el equipo de químicos del ITF, los integrantes de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud Pública -compuesto por un psiquiatra, un epidemiólogo y un químico farmacéutico- y un escribano de esta cartera. La variedad de instituciones involucradas en este proceso busca garantizar la seguridad y transparencia.

Este grupo de personas se dirigirá al sitio de quemado, que se encuentra en el interior del país, en donde hay un horno de incineración con capacidad de quemar toneladas de sustancia. El horno de incineración lo que va a hacer es quemar la droga a altas temperaturas y reducir los gases. El horno llega a temperaturas de entre 800 y 1.200 °C.

Para este traslado el Ministerio del Interior monta un fuerte dispositivo de seguridad que integra a la Guardia Republicana, es que se trata del traslado más riesgoso que ocurre en el país, mucho más que cualquier traslado bancario, se trata de miles de millones de dólares que están camino a la destrucción, tras un golpe del Estado al crimen organizado.