Justicia liberó a funcionario del INAU

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EDUARDO BARRENECHE

Por segunda vez consecutiva el INAU denunció penalmente a dos funcionarios del Centro de Medidas Cautelares (CMC), pero la Justicia los dejó libres por falta de pruebas. En ambos casos sí abrió presumarios.

A la hora 19 del martes 5, un trabajador del CMC, en General Flores y Luis Alberto de Herrera, fue conducido esposado por la Policía luego que cuatro menores testificaron que le habían pagado entre $ 8.000 y $ 10.000 por dos sierras.

Según el gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) del INAU, Rolando Arbesún, una investigación realizada hace dos meses, luego de dos fugas del CMC, detectó el supuesto accionar irregular de ese funcionario.

No es la primera vez que el Directorio del INAU efectúa una denuncia penal contra un trabajador de ese centro. El 19 de mayo de este año, un coordinador de turno del CMC fue separado del cargo y denunciado ante el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, por presuntamente haberles entregado una sierra a los menores Ricky, Prandon y a otros dos adolescentes infractores. Con la sierra en su poder, Ricky y sus secuaces se escaparon cortando las rejas de una ventana en la noche del 13 de abril de este año. Mientras estaba fugado, Ricky mató a un guardia de seguridad del Discount Bank del barrio Goes. Poco después fue atrapado por la Policía.

En este momento, el coordinador de turno acusado se encuentra trabajando en la cocina del CMC. Todavía no fue citado a declarar por el juez Díaz.

En la noche del martes 5, el funcionario acusado -un educador de 35 años que ingresó a la institución en 2009- fue alojado en una celda de la Seccional 13ª. Tres horas más tarde, llegó a la comisaría el abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, para brindarle asistencia legal.

El trabajador sospechoso prestó declaraciones en la sede policial. Luego el caso fue informado a la jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti.

Dos horas más tarde, a la medianoche del martes 5, Gatti dispuso la libertad del funcionario y el inicio de un presumario. "La investigación continúa", expresó Gatti a El País.

Consultada sobre si el funcionario quedó en libertad porque no había pruebas suficientes, la magistrada respondió: "si hubiera elementos para tomar una resolución, ésta se habría adoptado. Lo único que ha habido acá es una denuncia policial".

Por su parte, Arbesún señaló que las reiteradas fugas del CMC -la del Ricky y sus cómplices el 13 de abril y de otros tres rapiñeros un mes más tarde- generaron sospechas de que algo ocurría en el centro.

El jerarca del INAU expresó que, semanas más tarde, otros funcionarios del establecimiento abortan una fuga de otros tres menores que tenían una sierra en su poder. "Ellos testificaron en actas en contra de ese funcionario", dijo.

El martes 5, ese mismo funcionario "fue vuelto a identificar a través de un adolescente que nos entrega una sierra en forma inmediata. Es decir, el funcionario se la da y el adolescente nos la entrega a nosotros. El sospechoso está implicado en dos situaciones diferentes en un período de un mes o dos", dijo Arbesún.

Según el gerente del INAU, los menores afirman haber pagado $ 10.000 por las sierras y US$ 400 por cada celular entregado dentro de un hogar con medidas privativas de libertad.

DIFERENCIAS. El abogado defensor del sindicato del INAU señaló que, en un principio, creyó que "había más pruebas contra el acusado. El funcionario fue conducido esposado y pensé que iba a quedar detenido hasta un pronunciamiento judicial, pero no fue así. Lo enviaron a la casa porque no había pruebas en su contra".

Consultado sobre la existencia de huellas dactilares del funcionario sospechoso en una sierra, Williman dijo que eso no es un gran indicio. "El funcionario pudo agarrar la sierra durante la incautación. Lo que sí es obvio que para la administración el caso está muy claro y para la sede penal no es tan así", dijo el abogado.

En tanto, el secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaberry, expresó a El País que miembros del Directorio "se precipitaron" al dar como un hecho la culpabilidad del funcionario sospechoso. "Se está entrando en un proceso que no da garantías a funcionarios", dijo. Salaberry agregó que "es preocupante" que el Directorio del INAU "se dedique a la caza de brujas".

En este momento el INAU está en su techo máximo de capacidad: cerca de 485 internos con privación de libertad. El vicepresidente del Instituto, Jorge Ferrando, señaló a El País que en el presupuesto del nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente se prevé la construcción de un nuevo centro para 300 menores y la contratación de 600 funcionarios.

El Senado sancionó ayer dos proyectos de ley que tienen como finalidad mejorar las condiciones del Estado para combatir a los menores delincuentes.

Por uno de ellos se modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), penalizando la tentativa de hurto y ampliando de 60 a 90 días el plazo que tienen los jueces para ordenar nuevas actuaciones. Este proyecto de ley se aprobó por unanimidad.

El segundo proyecto mantiene por dos años los antecedentes de los menores infractores una vez que pasan a ser mayores de edad.

La iniciativa no tuvo el apoyo de parte de la bancada del Partido Nacional. Los senadores de Unidad Nacional pretendían que los antecedentes fueran conservados en forma permanente, mientras que los de Alianza Nacional proponían cinco años. Alianza Nacional votó junto al Frente Amplio, y Unidad Nacional y el Partido Colorado en contra.