El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno confirmó la imputación de una escribana investigada por integrar una organización dedicada a vender terrenos en Punta Negra, Maldonado, mediante documentos falsificados. Ahora, la profesional continuará imputada por asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y estafa.
El fallo de segunda instancia, firmado por los ministros Marcelo Malvar y Graciela Eustachio, consideró que la Fiscalía presentó suficientes indicios para investigarla. Entre otros elementos, destacó la actuación de la escribana en múltiples operaciones con la documentación apócrifa.
La maniobra se gestó en torno a un poder para realizar compraventas de terrenos en nombre de otras personas. Con este documento, se falsificó la firma y se utilizó un sello de un escribano que ya falleció y no emitía poderes desde la década del 80. Luego, los implicados buscaban terrenos de propietarios argentinos muertos o que no venían seguido al país, de manera que los predios no tuvieran una custodia permanente.
Utilizando el poder falsificado, los integrantes de la organización actuaban de forma ficticia en nombre de esos propietarios y se vendían el terreno entre ellos, sin abonar precio alguno o una ínfima parte del valor real.
Después comercializaban los terrenos a terceros compradores de buena fe, obteniendo miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban una inmobiliaria de Piriápolis cuyo dueño ya fue imputado.
Según el relato de la Fiscalía, la escribana intervenía en las compras ficticias para darle “apariencia de legalidad”. De acuerdo al Ministerio Público, la actuación atribuida a esta profesional “consistió en un aporte funcional a la ejecución de la estafa al proporcionar la instrumentación necesaria para que los inmuebles pudieran ser introducidos en el tráfico jurídico y posteriormente enajenados”.
Según la Fiscalía, el conocimiento de la escribana se infiere en la medida que actuó reiteradas veces en contratos basados en un poder falso, por lo que incurrió en un “patrón” que hace inviable en esta etapa considerar que “fue engañada en una operación aislada”.
Además, la Fiscalía consideró que ante las reiteradas utilizaciones del poder falso, la escribana pudo haber hecho un chequeo sobre la situación profesional del escribano fallecido cuya firma se fraguó. Asimismo, el Ministerio Público remarcó que en el poder falso había anomalías documentales que la escribana tampoco advirtió. También la fiscalía reprochó a la escribana no reparar en la “discordancia” entre el precio documentado en las ventas ficticias y el movimiento bancario real que ocurría luego entre los integrantes de la organización.
Apelación
La defensa de la escribana, a cargo de Juan Raúl Williman, sostuvo en su apelación que los hechos atribuidos a la profesional no configuraban delitos porque no está demostrada la intención de participar en una maniobra criminal.
Agregó que no existían comunicaciones, mensajes o correos electrónicos que demostraran que hubiera acordado con los demás imputados la realización de operaciones fraudulentas. Y afirmó que los contactos existentes respondían exclusivamente a las comunicaciones habituales entre una escribana y sus clientes.
También argumentó que la profesional había cumplido con todos los controles notariales que le correspondían: verificar la identidad de los comparecientes, comprobar la vigencia de los poderes y constatar que estos otorgaran facultades suficientes para concretar las operaciones.
Williman dijo que de acuerdo a la normativa notarial no podía exigírsele a la escribana que consultara los documentos originales de los poderes ni que investigara la trazabilidad de los cheques utilizados en las compraventas. Señaló, además, que los documentos habían sido inscriptos sin observaciones por el registro.
Otro de sus argumentos fue que, de los 82 padrones investigados, la escribana había intervenido solamente en nueve. Para la defensa, ese dato debilitaba la hipótesis de que integrara una organización delictiva.
Asimismo, la defensa cuestionó el testimonio de un propietario argentino que figuraba como otorgante de una sustitución de poder firmada por la escribana. El hombre negó haber otorgado esa autorización y afirmó que no conocía a la escribana, lo que fue considerado por Fiscalía como un indicio relevante de las irregularidades.
La defensa de la escribana, sin embargo, cuestionó la credibilidad del testimonio de este argentino, alegando que padecía deterioro cognitivo porque no se acordaba de su estado civil, ni si tenía cédula uruguaya o argentina.
Fallo
Pese a estos argumentos, el Tribunal de Apelaciones consideró que la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, contó con elementos suficientes para sostener la posible participación de la escribana en los hechos delictivos.
En el fallo, al que accedió El País, los ministros destacaron la actuación de la notaria en múltiples compraventas y sustituciones de poderes, la reiteración de los mismos participantes, las comunicaciones con otros imputados, la utilización de poderes antiguos atribuidos al mismo escribano y las similitudes entre las operaciones.
También valoraron la existencia de defectos en la documentación notarial y el hecho de que la Justicia civil hubiera admitido impugnaciones por falsedad de los poderes.
Respecto al testimonio del propietario argentino, el tribunal consideró que determinar si los problemas cognitivos afectaron su testimonio exigía valorar pruebas, algo que corresponde a una etapa posterior del proceso.
Con esos elementos, para los ministros no corresponde descartar anticipadamente la ausencia de intención delictiva.
Williman, dijo a El País que pedirá la declaración del propietario argentino y una pericia caligráfica sobre su firma para determinar la veracidad de su testimonio ante Fiscalía. Aseguró que “el estándar probatorio" utilizado para imputar a su clienta fue “muy bajo” al punto que se basó en parte a un testimonio de una persona que tiene problemas de memoria.
La causa ya lleva cuatro imputados y tres condenados.