El cierre de Casa de Galicia y su problemático estado financiero fueron los temas protagónicos en los primeros dos días de juicio contra el expresidente de la institución Alberto Iglesias. A él, la Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de US$ 180 mil y haber pretendido alterar la masa concursal. Pero día a día, las diferentes personas que intervinieron en el proceso -aquí testigos- relataron detalles y recrearon conversaciones que tuvieron lugar en los álgidos tiempos previos al desenlace.
“En Casa de Galicia el que manda soy yo”, aseguró el exdirector de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, que le dijo Iglesias tras varios reclamos de que compareciera ante la comisión de seguimiento. Allí, las instituciones que habían accedido a fondos de garantía IAMC (como se le había otorgado a Casa de Galicia en 2019) debían rendir cuentas.
Sin embargo, dijo González Machado, Casa de Galicia no comparecía pese a la insistencia de la Junta. Cuando lo hizo, Iglesias habló en un tono “poco cortés” y afirmó: “Deje de considerar a Casa de Galicia como una mutualista desfinanciada, tengo inversores por US$ 50 millones” y “usted lo que tiene que hacer es sacarme del medio a todos los bolches que puso (Daniel) Olesker y que no me dejan gestionar”. Iglesias aún no tuvo oportunidad de, en el juicio, rebatir o confirmar estas afirmaciones.
Para todos las instituciones que habían accedido al fondo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había designado dos veedores. Ellos transmitieron “una enorme preocupación” por lo que sucedía en Casa de Galicia. Pero uno de sus informes desató la polémica. Allí, expresaron que si el Poder Ejecutivo aceptaba darle un nuevo acceso al Fondo de Garantía IAMC, como solicitaba Iglesias, y se “cumplía todos los supuestos” prometidos, podía tener un efecto positivo si se les entregaban los fondos inmediatamente, declaró una de las asesoras de la Dirección General de Salud. Ese informe, opinó Gonzalez Machado, fue “muy desafortunado, de mala calidad técnica” y el MSP se hizo eco de otro más profundo realizado por departamentos del Ministerio de Economía, que eran los competentes para hacer esa valoración, dijo.
Tras ese informe del MEF es que el MSP dispuso la intervención. Alicia Rossi, una de las designadas para la tarea, declaró que Casa de Galicia estaba “atrasadísima con todos los registros contables y había un desfasaje importantísimo respecto de los movimientos financieros”.
La parte asistencial y la contaduría hacía un tiempo que funcionaban en lugares distintos, tanto es así que se manejaba dinero en efectivo correspondiente a la recaudación de las cajas, en bolsos sin custodia, que se trasladaban de un lugar a otro.
“Lo que era la conducción político institucional de la empresa, pasó a tomar funciones ejecutivas (...) se crearon dos organizaciones paralelas”, dijo refiriéndose a que la junta directiva, que presidía Iglesias, absorbió las decisiones de la gerencia técnica. Relató que fue a la oficina del gerente de Compras y “no había un papel”. Al otro día el responsable se suicidó.
La situación económico financiera era más que compleja. Tenían endeudamiento con prestamistas a tasas altas, cheques devueltos sin fondos por US$ 11 millones y malos negocios de los que no se preocupaba por cobrar. “Cargaba con un costo de pago por venta de servicios que en realidad le costaba mucho más que no venderlo”, ejemplificó y en otro momento resumió: “Todo era en contra de Casa de Galicia”.
Rossi, además, relató cómo fueron los pormenores de la negociación para cumplir con los derechos laborales de los trabajadores y cumplir con la promesa que había hecho el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Los interventores del MSP estuvieron allí hasta los primeros días de diciembre y retornaron el 23 de ese mes tras un acuerdo judicial.
En ese momento, recordó la contadora, aún se debía el medio aguinaldo y “no había dinero para pagarlo”. “No estaba previsto en el dinero de las cesiones, no alcanzaba. El ministro Salinas en esa noche que era una locura, se comprometió con los trabajadores que el antes del 7 de enero lo iban a cobrar”, complementó.
En ese momento, les dijo que había que iniciar las gestiones para conseguir el dinero “de donde sea”. “Nosotros lo que hicimos fue empezar a gestionar pagos atrasados, pagos atrasados de deudores que tenía Casa de Galicia, públicos y privados, y gestionamos, gestionamos, pero nos pusimos solo a eso a buscar y pagamos el 5 de enero el aguinaldo”, explicó.
Deuda de ASSE
Uno de los puntos en los que hizo más énfasis la defensa, que llevan adelante Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández, fue en una deuda que ASSE habría tenido con Casa de Galicia. Sobre eso le preguntaron a uno de los auditores de la mutualista y, para fundamentar la pertinencia de la pregunta, Domínguez dijo: “Casa de Galicia tenía un estado totalmente deficitario y el Estado, que le debía plata a Casa de Galicia, optó por una liquidación”. Marcelo Caiafa, titular de Ecovis, que estaba siendo interrogado, contestó que el Fondo Nacional de Recursos debía 93 millones de pesos y después “deudores por otros servicios asistenciales” por 279 millones de pesos.
El debate sobre el faltante de US$ 180 mil
Uno de los puntos a esclarecer en el juicio es si Iglesias se apropió de US$ 180 mil que eran de la institución. En la primera audiencia, el acusado declaró que aunque eran suyos -porque él le había prestado US$ 200 mil a la mutualista que nunca le devolvieron-, los utilizó para cuestiones propias de la institución. Su abogado, Gonzalo Fernández, afirmó que fue al pago de cuotas a una empresa de ambulancias, a otra empresa que controlaba aparatos oncológicos y los honorarios de un contador.
Por su parte, en la declaratoria realizada ayer, Rossi aseguró que a ella se le dieron “cuatro explicaciones sobre el primer uso que no eran coherentes” y luego se le da otra versión en la que había hecho un pago por adelantado a una empresa, pero eso, según ella, se corroboró que no fue así.
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