Casa de Galicia: lo que dijeron los protagonistas en el primer día del juicio por el cierre de la mutualista

El juicio por Casa de Galicia, que se inició el pasado miércoles, tiene varias particularidades. Primero, es apenas el segundo juicio de una Fiscalía de Delitos Económicos desde el año 2017. Segundo, los hechos que motivan la investigación no están prácticamente discutidos, lo que lo está es la interpretación legal de estos. Y, tercero, mientras los acusados suelen hacer uso de su derecho a no declarar, Alberto Iglesias, expresidente de la mutualista, pidió la palabra ya en la primera joranda y dio su testimonio durante casi una hora.

Iglesias relató que cuando asumió la presidencia de Casa de Galicia en el año 2018, la situación ya era de "mucho compromiso" y que apenas fue designado para el cargo se enteró que tenía que conseguir dos millones de dólares en cuestión de días para pagar salarios. También aseguró que el Poder Ejecutivo "cerró todos los caminos" que tenía la mutualista de acceder a recursos económicos.

En esta primera audiencia del juicio, que continuará la semana que viene, también declararon el exdirector de Jurídica, Martín Thomasset, el exdirector de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda y el exministro de Salud Pública Daniel Salinas. Todos se refirieron a la caída de socios que venía sufriendo la institución desde la década de 1990 y al agravamiento de su situación económica en los últimos siete años previos al cierre.

Tanto ellos como Iglesias se centraron en dos puntos. El primero es la solicitud que había hecho Casa de Galicia para obtener un Fondo de Garantía IAMC. Este lo prevé el Estado para las mutualistas que están en una situación económica compleja pero tienen un plan de reestructura que necesita ser financiado. En este siglo, Casa de Galicia ya había obtenido dos. Planeaba obtener el tercero para poder utilizarlo como garantía de un préstamo de US$ 12 millones que pedía al banco Santander.

El segundo punto refiere a la cesión de cuotas de las cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El MSP le paga al Banco de Previsión Social (BPS) una cápita por afiliado a mutualista en base a un cálculo que contempla su sexo y edad. El banco luego se lo paga a la institución médica. Para financiar deudas con diferentes acreedores, las instituciones ceden parte de esas cápitas. En el caso de Casa de Galicia, coincidieron los exjerarcas, estas cesiones se llevaban adelante de forma excesiva. Iglesias contó que cuando él asumió en 2018 la directiva anterior ya tenía cedidas las cuotas de los dos meses siguientes, por ejemplo.

La forma de ejercer su rol es una de las cosas que, desde el primer día, fueron puestas sobre la mesa en el juicio. El fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, indicó que Iglesias "en la práctica derivó su función político institucional de un presidente de una junta directiva para pasar a ser operativo gerencial, de una manera desnaturalizando también al rol". Aunque esto lo hizo con "el mejor de sus ánimos e intenciones", no correspondía.

A su vez, el acusado, cuando le eligió declarar criticó que algunos testigos hayan dicho en Fiscalía que la junta directiva "estaba pintada" y que solo él tomaba las decisiones. "Me parece tonto", resumió.

Leonardo Mainé

Iglesias declaró que, antes de que él asumiera, los trabajadores sentían incertidumbre sobre si cobrarían o no su sueldo en tiempo y forma. Para remediar eso, dijo, le pidió al entonces presidente Tabaré Vázquez un fideicomiso que "congelara por cinco años el 60% para pagar los salarios", refiriéndose al dinero que recibían del Fonasa. "Por suerte me concedió todo lo que le pedí", recordó.

Tras esa respuesta, uno de sus abogados, Marcelo Domínguez, le preguntó qué respuestas tuvo del gobierno de Luis Lacalle Pou cuando él le pidió convocar a veedores para la mutualista: contestó que él había pedido auditores y que se reunió en Presidencia con el secretario Álvaro Delgado en el año 2020. En se momento, dijo Iglesias, estaba preocupado porque sabía que autoridades del MSP habían hablado de instalar restricciones a las cuotas del Fonasa "con nombre y apellido".

El 28 de diciembre, afirmó el acusado, instalaron veedores en las tres mutualistas que pretendían acceder a un Fondo de Garantía IAMC, entre ellas Casa de Galicia. Estos, sostuvo Iglesias, entre abril de 2021 y julio del mismo año recabaron información que era "favorable, muy favorable" a la mutualista. "Les recomiendan al Poder Ejecutivo no demorarse en el tema de aprobar" la garantía, aseguró.

Pero la medida fue negada por el MSP. El director de Jurídica de la cartera, en tanto, explicó que fundó su decisión de recomendarle al ministro no hacerlo en un informe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas y el Departamento de Economía de la Salud del MSP, y en otro posterior de la Junasa. Ambos documentos señalaban que el problema de Casa de Galicia era "estructural" y que había cumplido parcialmente con el plan de reestructura al que se había comprometido al pedir el fondo de garantía anterior.

A su vez, el primero de los textos citados —dijo Thomasset— entendía que era muy cuestionable el nuevo plan de reestructura propuesto. En base a todo ello consideró que hubiera sido una "gran irresponsabilidad" otorgarlo.

Sobre las cápitas del Fonasa, en tanto, aseguró que hubo momentos en las que la institución tuvo comprometidas más del 90%.

Iglesias, por su parte, recordó que cuando ya tenían encaminados dos proyectos que le devolverían a Casa de Galicia su "prestigio", Yagoda lo llamó a decirle que Salinas “no firmaba nada”. “Prácticamente nos pegaba un tiro en el pecho sin justificación alguna”, dijo.

Leonardo Mainé

Luego de negar el acceso a un nuevo fondo de garantía y la decisión del ministro de no otorgar la cesión de un porcentaje de cuotas Fonasa (según declaró el mismo, porque comprometía un 98% hasta mitad del año siguiente), el MSP decidió intervenir la mutualista y desplazar a las autoridades.

Ese día, Iglesias estaba siendo intervenido quirúrgicamente del corazón —"Me abrieron como a un pollo para salvarme", contó— y se enteró en ese contexto que en Jurídica todo se había "precipitado".

"¿Por qué se saca con desplazamiento de autoridad?", se preguntó a sí mismo Iglesias en su declaración y se contestó: "Es absolutamente inexplicable, porque sabían que si me sacaban a mí era marcado que iba a suceder lo que sucedió". Esto lo dijo en referencia a la cancelación de un convenio con Gremca y la Asociación Española. "Si no estaba yo, no querían seguir porque la tranquilidad se las daba yo. ¿Qué tranquilidad daba la Casa de Galicia de antes?", cuestionó, y agregó: "Cuando yo aparecí, (vino) la credibilidad que precisaba Casa de Galicia para poder funcionar en el mercado y tener crédito".

A las semanas de que el ministerio intervino, la Justicia decretó el concurso de la mutualista y entendió que la existencia de interventores era incompatible con la figura del síndico judicial. Esta medida fue criticada por Salinas en su declaración, porque aseguró que mientras el síndico cuida los pasivos, los interventores monitorean lo asistencial. Entendió que fue un "conflicto inédito" entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El 23 de diciembre de 2021 el juez Leonardo Méndez decretó el cese de actividades.

“La idea básica era salvar la institución”, dijo Salinas. Pero al ser consultado por Domínguez sobre si se hubiera podido, respondió: “Estaba muy comprometida. Tendría que haber habido una cirugía mayor. No puedo hacer futurología y decir que era imposible (...) pero no había otra intención que esa”.

Aunque el cierre de Casa de Galicia y los señalamientos de culpables fueron protagonistas en la primera audiencia de este juicio que llevará dos semanas, al final del proceso la jueza Diovanet Olivera deberá resolver si Iglesias es culpable de los delitos de apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta tal y como lo acusa la Fiscalía. Durante la audiencia, Olivera transmitió lo innecesario de un juicio tan extenso y de la oportunidad que se perdió de realizar acuerdos probatorios (renunciar a exponer prueba de hechos que ninguna de las dos partes discute).