El día que lo condenaron, el acusado entró a la audiencia sonriente. Miró con tranquilidad a las funcionarias que estaban presentes -jueza, receptora, abogada y fiscal- pese a que aún estaba latente el miedo por otros momentos tensos que les había hecho pasar en audiencias anteriores. Pero ese día estaba contento. Al retirarse de la sala, con una condena firme de 14 años y ocho meses en sus espaldas, les deseó que tuvieran una buena jornada y un muy feliz año, aunque fuera 12 de mayo.
Minutos antes, habían homologado el acuerdo abreviado que hizo con la Fiscalía por la autoría de delitos de privación de libertad, homicidio, vilipendio de cadáveres, varios tipos de porte de arma y una tentativa de fuga.
Su principal víctima fue un joven de 25 años quien desapareció, luego de haber concurrido a su trabajo en Cerrito de la Victoria, el 22 de setiembre de 2023. A comienzos de octubre, su familia hizo una marcha pidiendo su aparición con vida quemando cubiertas sobre la calle General Flores. El condenado por su homicidio quiso ir a la movilización a “apoyar”, pero su novia de ese momento, que sabía lo que había ocurrido, le pidió por favor que no fuera.
La cabeza de la víctima fue hallada en un aljibe de una fábrica abandonada en Nuevo París el 13 de octubre. Según reconstruyó la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno, la víctima fue a conversar con el condenado a su domicilio y allí fue captado por él. Lo tuvo aproximadamente dos días maniatado con precintos y amordazado. Una de las personas que tuvo posibilidad de verlo con vida y fue testigo en la causa, afirmó que estaba herido.
La Justicia no tiene idea de cómo lo mató. El único resto que apareció de la víctima, su cabeza, no aporta ningún elemento científico que ayude a revelar esa historia. Pero la Fiscalía, en coordinación con la Policía, logró saber detalles sobre lo que ocurrió después.
El condenado, con ayuda de un hombre que declaró como testigo, metió el cuerpo de la víctima en una caja de televisor y lo arrastró hasta el patio. Luego, le avisó a sus vecinos que haría una quema de residuos, pero en realidad quería lograr que no llamaran a las autoridades al momento de quemar el cuerpo.
Todo eso lo hizo en una casa en la que no estaba solo. Convivía con su expareja, a quien sometía a maltratos y agresiones constantemente. Ella notó lo que estaba ocurriendo, pero no pudo denunciarlo porque la amenazó con matarla a ella y a su familia.
Después del homicidio, incluso la obligó a limpiar la escena. “Yo no quería, pero me lo repitió con el arma en la mano. Abajo del puff había sangre y no la limpié para dejarla como evidencia”, declaró la mujer, que antes de testificar debió ser realojada dos veces producto de las amenazas que recibió.
Aunque el homicida quemó el cuerpo -y volvió a pintar su patio para que no quedaran rastros- aún debía deshacerse de él. Para eso, lo desmembró y obligó a su entonces pareja a ayudarlo a él y a otro hombre -que fue imputado por el encubrimiento del crimen- a cargar las partes en un auto. Las llevaron hacia un contenedor a pocas cuadras de la vivienda y lo prendieron fuego. La cabeza, que fue el único resto hallado, fue encontrada 20 días después de la desaparición en un aljibe en Nuevo París. Llevó el mismo lapso de tiempo confirmar, vía estudio de ADN, que realmente era él.
La Fiscalía que encabeza Mirta Morales trabajó seis meses para reunir las pruebas que le permitieran pedir su imputación y su encarcelamiento preventivo. Así lo hizo en marzo de 2024.
Tras las rejas y en las audiencias, el hombre siguió infundiendo temor. Se acercaba a la cámara y hablaba con la intención -estiman- de amedrentar a los testigos y en setiembre de 2024 protagonizó uno de los episodios más violentos vividos en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez en los últimos años.
Ese día, él creyó que estaba en el lugar equivocado. Anhelaba con que ese día contraería matrimonio con su nueva pareja. Pero en cambio, le extendieron su tiempo en prisión frente a su novia, que aguardaba sentada con los anillos.
La jueza suplente Karen Cuadrado fue la encargada de explicarle lo que estaba pasando. Pero eso desató una reacción violenta que fue in crescendo. Primero comenzó a comportarse mal. Hablaba constantemente y amenazaba con irse. El verdadero caos se dio cuando terminó la audiencia. El acusado tomó una lapicera y comenzó a infligirse puntazos en el cuello frente todos los presentes.
Un mes después, estando preso, se lesionó a sí mismo en la panza con un corte carcelario. Les contó a sus compañeros de celda que su novia había tenido un accidente y estaba a punto de morir. Así comenzaba su puesta en escena para intentar fugarse.
Una vez que fue trasladado al Hospital de Canelones, la mujer -que no había sufrido ningún accidente- ingresó al hospital disfrazada de enfermera y con un arma de fuego calibre 38 escondida entre la ropa. Entre ambos, lograron sacarles las armas y los celulares a los policías que lo custodiaban. Cuando el condenado, con un arma en cada mano, ultimaba los detalles para fugarse, fue reducido por un policía que frustró su plan. La mujer, por su parte, se escapó del centro y se subió a un ómnibus, en el que huyó con los celulares. Tiempo después fue detenida.
“La crueldad conmueve”, afirmó la jueza
Los jueces se encargan de verificar que la ley se cumpla. Pero hay casos en los que eso no alcanza y ellos se expresan, “más allá de lo jurídico”. Cuando Vargas homologó el acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, dijo precisamente eso.
“Fue un caso muy grave. Esto, más allá de lo jurídico y la calificación jurídica que se hizo (...) Hago este paréntesis porque es un hecho de tal crueldad que (...) realmente la conciencia jurídica se conmueve” ante un hecho así, consideró. Además, le hizo saber que podía obtener la pena que tuvo -14 años y ocho meses- porque no se enfrentó a un cargo de homicidio muy especialmente agravado (cuya mínima es de 15 años y la máxima es de 30). “Realmente le tengo que decir que jurídicamente lo acepto porque no hay otra posibilidad (...) fue un hecho de una crueldad (...) que excede todo lo que tiene que ver con la dimensión humana”, complementó.
En casos con este grado de violencia, muchas fiscalías optan por realizar acuerdos porque entienden que citar a declarar a testigos a un juicio oral significaría ponerlos en peligro o en el caso de las víctimas secundarias (familiares o amigos) sería revictimizante.
La fiscal Morales, en la audiencia de imputación, había resaltado la complejidad del crimen, “la gravedad del asunto y la violencia inusitada”.